Promediaba la década de los años 80 del siglo pasado cuando en Colombia, luego de varios sucesos trágicos, prendió la ventolera de la descentralización administrativa, que terminaría inicialmente con la elección popular de alcaldes. Iniciativa, oportunamente auspiciada por organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y la CEPAL, que en América Latina se promovía como válvula de escape a las crecientes muestras de insubordinación social contra los gobiernos centrales.
Unos años más tarde, en la Constitución de 1991, se extendió la descentralización al nivel regional, estableciéndose la elección popular de gobernadores. La descentralización propuesta que inicialmente transfería responsabilidades pero escasos recursos, fue fortalecida, en dicha constitución, con una participación creciente en los ingresos corrientes de la Nación.
Si bien es cierto, en el origen de esta modificación administrativa la motivación de los proponentes era la de invisibilizar al gobierno central, diluyendo las responsabilidades en los gobiernos regionales y locales, también era una aspiración sentida y largamente reprimida, la participación directa del pueblo en los asuntos locales y regionales, incluyendo la elección de sus mandatarios.
Pero no acababa de aprobarse una “descentralización con dientes”, como algunos la llamaron, cuando los mismos promotores, auspiciados por los organismos multilaterales de siempre, empezaron a preparar su desmonte. La primera acción sutil, fue dejar solos a alcaldes y gobernadores frente a las nuevas responsabilidades. La mayoría de ellos insuflados de buena voluntad pero carentes de conocimientos en las lides administrativas, se estrellaron con la apabullante realidad del atraso del país. A la par con esta falta de respaldo institucional, no se realizó la tarea de promoción y educación de la base popular en la cultura de participación en los nuevos mecanismos de gobierno local y regional; vital para un pueblo que llevaba más de 100 años bajo la férula de una constitución altamente centralizada, autoritaria, caduca e inmovilista, y que por lo tanto no tenía experiencia alguna en el manejo de la nueva situación.
Más tarde, con la amenaza del déficit fiscal del gobierno nacional, en dos reformas –en las que participó activamente el actual presidente, Juan Manuel Santos–, se recortaron y congelaron cuantiosos recursos, indispensables para el funcionamiento y desarrollo de municipios y gobernaciones. La estocada final vendría con la toma por la corrupción, armada y de cuello blanco, de los débiles e indefensos organismos administrativos, locales y regionales. Todo este desmonte ha sucedido con la participación activa o bajo la mirada connivente de los sucesivos gobiernos nacionales.
En un país donde secularmente al pueblo se le ha negado la participación política en los asuntos de su interés, sean del orden local, regional o nacional, es importante defender este resquicio democrático, vacunándolo contra los vicios y deformaciones, recuperar los recursos o impedir otros recortes como los de regalías, para tener la esperanza de empezar a promover una sociedad más equitativa.