Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, diciembre 20 de 2016
En el año 1998 cuando el gobierno de Ernesto Samper intervino las siete electrificadoras de la Región Caribe y dispuso su privatización, sin parar mientes de que se trataba de un patrimonio regional conseguido con el esfuerzo de todos, adujo como causal de tal determinación la ineficiencia y la corrupción que campeaban en el servicio eléctrico en esa época. Dieciocho años después el gobierno de Santos intervino a Electricaribe el 15 de noviembre pasado aduciendo en la resolución de la Superservicios: un déficit de caja a noviembre 2016 de $432.000 millones y proyectado a diciembre de $655.000 millones; José García Sanleandro, presidente de la empresa, manifestó el 3 de noviembre la “imposibilidad de pagar en efectivo la energía que compraba”; la Delegatura de Energía y Gas de Superservicios advirtió que “en 2016 la empresa ha tenido 65 limitaciones de suministro de energía por falta de pago”; la empresa XM, administradora del mercado mayorista de energía el dos de noviembre “solicita apertura de investigación”; la empresa de auditoría internacional Deloitte Asesores el 10 de octubre había advertido un “claro riesgo de inviabilidad financiera”, con lo cual se tipificaron las causales de intervención según los artículos 59 y 121 de la ley 142 de 1994.
Menos de un mes después de la intervención de esta empresa controlada por la trasnacional española Gas Natural Fenosa, el agente especial Javier Lastra nombrado por la Superservicios en un informe oficial señaló que “la calidad del servicio continúa desmejorándose en el mercado caribe, a causa del bajo nivel de inversiones ejecutadas por esta prestadora en los últimos años, por la sobrecarga de transformadores y conductores por crecimiento de la carga y antigüedad de la red, por la contaminación y el deficiente mantenimiento”. Además que “los índices internacionales Saidi, fueron de 80 horas sin luz al año en la Costa, cuando el promedio nacional es 40 horas, y el índice Saifi de 88,6 daños por usuario” no dejan lugar a dudas de que la debacle en la que estaba la empresa no tenía otra salida que la intervención de la Superservicios.
Un encuentro de líderes de la Costa efectuado el pasado 3 de diciembre en Barranquilla llegó a las siguientes conclusiones: que la situación de deterioro en que se encuentra la infraestructura y la inviabilidad financiera lleva a que sea necesaria su liquidación; las inversiones que le tocará aportar al Estado, que ya en menos de un mes ha colocado $480.000 millones en garantías bancarias con recursos de todos los colombianos, hace que sea el gobierno el que mantenga la administración de la empresa; también se hace necesario estructurar una veeduría ciudadana para hacer un seguimiento minucioso, lo mismo que un comité coordinador regional que exija al gobierno la participación de los usuarios organizados en la discusión y la toma de decisiones sobre la salida integral a la crisis estructural del servicio eléctrico regional. En todo caso se debe garantizar la estabilidad y los derechos de los trabajadores que hacen posible la operación de la empresa, lo mismo que las garantías a los pensionados que entregaron su vida laboral en las actividades eléctricas de la Costa, porque se equivoca Javier Lastra en criticar a los jubilados por colocar tutelas, cuando están en todo su derecho.
Los más de diez millones de habitantes de la Región Caribe y el sector productivo de pequeños y medianos empresarios, en su calidad de usuarios, no tienen ninguna responsabilidad en la crisis eléctrica porque no han controlado ni manejado dicha empresa. Las fuerzas ciudadanas de los siete departamentos, mortificados hasta más no poder durante tantos años por la empresa extranjera que descremó el mercado sin hacer inversiones, debemos exigir la recuperación del patrimonio perdido del sector eléctrico y una nueva entidad que represente el Caribe colombiano para asegurar la calidad de vida que es menester.