Documento presentado a la Junta Nacional de la CUT, febrero 12, 13 y 14 de 2004
Estamos ante uno de los gobiernos más sumisos frente a la política imperialista en la historia de Colombia, tan sólo comparable con el de los traidores comprometidos en el robo del departamento de Panamá hace 100 años. Uribe Vélez se ha puesto a la cabeza de la política del libre comercio, cumple un papel de quintacolumna de los Estados Unidos en las negociaciones del ALCA, conspirando contra cualquier intento de coordinación o constitución de bloques de los demás países latinoamericanos.
La aprobación del ALCA y el Tratado Bilateral de Libre Comercio Colombia–Estados Unidos significaría el más duro golpe propinado a la República colombiana en toda su existencia. La pérdida del mercado interno, la quiebra de la producción nacional, la reducción del Estado a gendarme del capital multinacional, el saqueo de nuestros recursos, el desmonte del sistema judicial, la eliminación de la educación y la salud públicas, la entrega al capital privado de los pocos servicios públicos que aún quedan en manos del Estado y la desintegración del territorio nacional, serán consecuencias inmediatas de la aplicación de estos tratados de libre comercio y la consolidación de la dominación de Estados Unidos sobre Colombia y América Latina.
Esta política de libre comercio impulsada por Washington está acompañada por un alto componente represivo, que para el caso de Colombia se manifiesta con el Plan Colombia, el estatuto antiterrorista, la reforma política, la “seguridad democrática” y, en fin, toda una serie de disposiciones de corte fascista. El gobierno está desmontando las cláusulas constitucionales del Estado de Derecho, para establecer un “Estado Comunitario” que pretende acentuar el poder presidencial, eliminar controles judiciales a su actuación, restringir la independencia de las otras ramas del poder y entregar a las comunidades y a particulares, responsabilidades del Estado como la seguridad, la justicia, los programas de asistencia social. Las acciones del gobierno están dentro del contexto de la “guerra contra el terrorismo” promovida por Estados Unidos y en cuyo nombre viola los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y desconoce la Resolución de la Asamblea General de la ONU 57/219 del 18 de diciembre de 2002, que exige a los gobiernos el respeto de las libertades democráticas y la población civil. En el 2003 fueron asesinados 72 sindicalistas y detenidos más de 300 dirigentes sociales.
Para revivir todas las medidas que se le hundieron con el rechazo popular al referendo, Uribe Vélez intenta una nueva maniobra convocando a un Acuerdo Político Nacional que busca profundizar la política neoliberal de desmonte de las obligaciones sociales del Estado, eliminar las pensiones, ahondar en la política fiscal de aumento de la tributación, recortar las transferencias territoriales para salud y educación y, en fin, aplicar a cabalidad el recetario del Fondo Monetario Internacional. Los trabajadores deben rechazar este nuevo intento de golpear los intereses populares y aumentar la denuncia contra quien, además, pretende su reelección rompiendo reglas de juego vigentes.
En las elecciones regionales del 26 de octubre Uribe recibió otra contundente derrota: sus candidatos se hundieron e importantes cargos fueron alcanzados por sectores políticos distintos al uribismo. Estos candidatos triunfantes recibieron diversos grados de acompañamiento del movimiento sindical y democrático del país. La CUT y el movimiento sindical deben mantener su autonomía e independencia frente a dichos gobiernos y tener como referente para su conducta el respeto a los derechos de los trabajadores, la defensa del patrimonio público, el bienestar de la población y el rechazo a las políticas de libre comercio. No es conveniente el llamamiento a la concertación que contemporiza con la rebaja de los derechos y la estabilidad laboral, o un colaboracionismo que está llevando a cohonestar con la creación de nuevos impuestos y la aprobación de descuentos salariales para fortalecer los programas de dichos gobiernos, hasta la promoción del contratismo sindical. Dentro de este contexto es censurable el traslado horizontal de los cargos de dirección sindical a los puestos de gobierno, como lo practican de tiempo atrás los representantes del sindicalismo socio-político.
A la ofensiva neoliberal corresponde la más amplia y organizada respuesta de los trabajadores y la población. La lucha exitosa contra el referendo probó que es posible derrotar tales políticas, que el liderazgo de las Centrales Obreras es decisivo en dichos llamamientos y que amplios sectores de población están prestos a responder las convocatorias para defender su bienestar, la producción del país, los derechos y libertades democráticas y la soberanía nacional. La CUT tiene suficiente poder de convocatoria y capacidad para coordinar las protestas que se requieren con afán. Múltiples son los problemas que podemos abanderar: los de servicios públicos domiciliarios, salud y educación públicas, defensa del mercado y la producción nacionales, recursos naturales, patrimonio público, libertades ciudadanas, derechos humanos, solución política negociada al conflicto armado, intercambio humanitario y la expoliadora e impagable deuda externa, entre otros. Son innumerables las reivindicaciones y dolencias del pueblo que, agitadas por los sectores más avanzados de la sociedad, pueden motivar levantamientos similares a los recientes de Bolivia, Ecuador, Perú y México.
La Junta Directiva Nacional de la CUT debe reafirmar la prioridad de la lucha contra las políticas del gobierno de Uribe Vélez y contra las imposiciones imperialistas del ALCA y TLC, Plan Colombia, las agresiones a Irak, Irán, Afganistán, Corea, Palestina, Cuba, etc., debe promover para tal propósito el fortalecimiento de la Gran Coalición Democrática, el Comando Nacional Unitario y todos los procesos de coordinación y aglutinamiento de fuerzas democráticas, patrióticas y progresistas, como la recientemente creada Alternativa Democrática
EL FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL
Es un hecho que los trece años de política aperturista han debilitado enormemente el movimiento sindical. La flexibilización laboral ha sustraído miles de afiliados de las organizaciones sindicales, y otros miles perdieron sus empleos con el cierre de empresas industriales y la quiebra de la producción agroindustrial; igual daño han causado el achicamiento del Estado y la “modernización” del sector servicios, trabajadores que han sido lanzados al rebusque o revinculados a través de formas oprobiosas de contratación como agencias de empleo temporal, cooperativas de trabajo asociado, OPS, firmas contratistas, contratos sindicales, contratos civiles, empresas familiares y maquilas. La preocupación de la CUT debe dirigirse a lograr su crecimiento con base en estos trabajadores víctimas de la desregulación. Somos una organización de clase y en consecuencia son los asalariados de la ciudad y del campo quienes deben constituir la base de la Central. El modelo neoliberal y el fascismo de los gobiernos conspiran contra nuestro propósito organizativo y alientan salidas nocivas como las cooperativas de trabajo asociado, el contrato sindical, la doble afiliación, la convivencia de varios sindicatos, todas conducentes a la dispersión y liquidación del movimiento sindical.
El movimiento obrero ha estado sometido a una sistemática campaña ideológica y política en contra de las posiciones consecuentes, campaña que pretende imponer conceptos como la inevitabilidad de la globalización, el fracaso del socialismo, la caducidad de la soberanía nacional y otras tesis que provocan gran daño en el estado de ánimo de dirigentes y trabajadores. Estas tendencias que pierden el enfoque clasista, han incidido negativamente en la concreción de la defensa de las organizaciones sindicales y la contratación colectiva, alientan el individualismo y el esquirolaje, y niegan la posibilidad de desarrollar el sindicalismo por ramas económicas.
Las direcciones sindicales debemos persistir en la organización de los trabajadores, levantar la bandera por los derechos de asociación, negociación y huelga, desplegar una ofensiva de denuncia internacional de la nefasta y regresiva legislación laboral colombiana. Y en el país, hacer la más grande campaña de afiliación de todos estos asalariados. Se desnaturaliza la organización de clase de los trabajadores al proponer la afiliación a la Central de pensionados, pequeños empresarios, dirigentes cívicos, padres de familia, buscando el ahogado río arriba y pretendiendo que en los sindicatos quepamos patronos y trabajadores o que los sindicatos sean entes empresariales u organizaciones cooperativas y no herramientas para la defensa de intereses de clase concretos como son las de los asalariados
La CUT debe entonces concretar una política de fortalecimiento orgánico y de unidad sindical acorde con el período, que podría resumirse con la siguiente propuesta:
Permanencia y funcionalidad del Comando Nacional Unitario, del Comando Nacional Estatal y los Comandos Unitarios Departamentales.
Avanzar en el proceso de unidad con la CTC.
Reuniones y seguimiento a los procesos de concreción del sindicalismo de industria o rama de actividad económica.
Campaña de denuncia nacional e internacional sobre la negación de los derechos de asociación, negociación y huelga. Proponer un proyecto de ley muy concreto y preciso para agitar y movilizar a los trabajadores sobre el asunto.
Desarrollar una campaña de afiliación de los trabajadores que se encuentran vinculados mediante formas desregularizadas de contratación laboral y movilizarnos para recobrar sus derechos.
Impulsar encuentros regionales amplios con todos los afectados por el gobierno uribista, para confluir en un Gran Encuentro Nacional de los sectores en conflicto, tal como está ya aprobado por la CUT. La Gran Coalición Democrática debe ser la gran propiciadora y centralizadora de esta tarea.
FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO DE LA CUT
La CUT debe apegarse a las reglas de la democracia sindical, no puede mantener el tratamiento antidemocrático y discriminatorio que prospera actualmente. La decisión de las políticas centrales de la CUT debe ser objeto de discusión y votación en el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva Nacional; las representaciones y delegaciones de la Central ante patronos, gobierno y eventos de cualquier tipo, deben someterse a igual procedimiento.
Hoy, las posibilidades de desplazamiento a las seccionales de la CUT y de los sindicatos es casi exclusiva del sector mayoritario; las delegaciones a eventos nacionales e internacionales las decide el mismo sector. Las garantías para el funcionamiento de los ejecutivos deben ser equitativas y no discriminatorias.
Las políticas de la CUT, la administración de sus recursos, los nombramientos de comisiones, deben ser manejadas de manera democrática. La exclusión y el sectarismo debilitan el propósito común que tenemos de fortalecer la Central e impulsar la resistencia contra los gobiernos de turno y el imperialismo.
DOCUMENTO PRESENTADO EN LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA CUT, CELEBRADA EN BOGOTÁ DURANTE LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2004, POR:
Miembros del Comité Ejecutivo Nacional:
Miguel Antonio Caro, Alfonso Velásquez, Alberto Vanegas, Tarsicio Rivera, Domingo Tovar, Wilson Arias, Diógenes Orjuela, Álvaro Morales, Gustavo Triana
Presidentes Seccionales CUT:
Antonio García, presidente CUT Atlántico, Samuel Morales, presidente CUT Arauca, Luis Alberto Mendoza, presidente CUT Bolívar, Abraham Medina, presidente CUT Caquetá, Robinson Olivares, presidente CUT Cesar, Tulio Álvarez, presidente CUT Sucre, David Flórez, presidente CUT Santander, Otoniel Ramírez, presidente CUT Valle, José Vicente Villada Carvajal, presidente CUT Risaralda, Pedro Varón, presidente CUT Tolima, Mario de J. Castañeda, presidente CUT Huila, Jaime Burbano, presidente CUT Cauca,Herman Julio Mosquera, presidente CUT Chocó, Oscar Darío Orozco, presidente CUT Caldas
Sindicatos y organizaciones nacionales.
Gabriel Alviz, presidente USO, Roberto Chamucero, presidente Fenaltrase, María Victoria Forero, presidenta Sinbienestar, Jesús Vergara, presidente Sinaltadihitexco, Claudia Camacho, presidenta Sinties, Alfonso Méndez, presidente Sutimac, Iván Cáveres, presidente (e) Funtraenergética, Jorge Lerma, presidente USTC, Jairo Osorio, presidente Sintratextil, Aleyda Murillo, presidenta Sindesena, Eberto Díaz, presidente Fensuagro, Rafael Tobías Peña, presidente Uneb, Carlos Arturo Posada, presidente Sintraemsdes, José Múnera Ortega, presidente Sintraunicol.
…. siguen más firmas de delegados a la Junta Directiva Nacional