Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, 29 de julio de 2008.
El 15 de febrero de 2008, un gato mordió a siete niños del Colegio Instituto Técnico en Santander de Quilichao. Casi mes y medio después mostraron síntomas de infección de peste de rabia y dos de ellos murieron. Se trata de una enfermedad que originó millones de muertos en la Edad Media, causada por una bacteria que ataca a roedores y pulgas (Vélez, 2008).
Su propagación tiene que ver con condiciones de higiene y su prevención se funda en la vacunación contra los animales domésticos (gatos o perros) que son vectores de transmisión a los humanos; por tanto, su aparición tiene que ver con planes y programas básicos de salud pública de prevención y promoción. La ley 100 los relegó y, si a eso se suman las deterioradas condiciones de vida de millones de colombianos, el resultado es lo acaecido en Santander de Quilichao. Al final se reportó el exterminio de decenas de felinos, allí y en el Valle del Cauca; la población llegó a una conclusión: la culpa era de los gatos y de unos cuantos perros.
Algo igual pasa con los decretos que prohíben el comercio de leche cruda y de leche cruda enfriada para el consumo humano. Desde el año 2006 el ministerio de Protección Social decidió que a través de tales disposiciones se eliminan como por encanto los patógenos que pudiera contener el líquido sin hervir, cree que esas normas técnicas reemplazan las campañas sanitarias -desde el potero a la mesa- que deben acompañar la salubridad de éste y de cualquier otro alimento y que basta con prescribir estrambóticos requisitos y arruinar a quienes no puedan cumplirlos. No importa que en todo el departamento del Caquetá, donde hay más de un millón doscientas mil reses, solamente exista un técnico pecuario del ICA y que esto se repita en todas las regiones. El ministro de Agricultura, a su vez, complementa el diagnóstico oficial, “Estamos trabajando para que los agroindustriales puedan absorber más producto y, a su vez, sea menor la cantidad que entre por los canales informales (cruderos)”. Así, excluyendo a los más débiles, se resuelven los problemas del sector lácteo. La culpa es de algunas vacas.
La papa es el alimento cuyo precio ha subido más. Entre enero y junio ha alzado por encima del 150%. Se le acusa de ser responsable de la inflación. El ministro de Agricultura, como no puede exterminarla como a los gatos ni excluirla por decreto, recomienda “castigarla”, sustituyéndola por otros géneros que, si bien también han subido de precio, no se han “portado tan mal” con los consumidores como la yuca, el ñame y la arracacha. No cabe aquí el mandato constitucional del artículo 65, la obligación de “brindar debida protección a la producción de alimentos”, Arias tiene una disposición mejor: alimento que suba de precio, no se echa a la olla.
Los caficultores sufren graves quebrantos de rentabilidad en sus cultivos. Los costos suben y los precios internos de compra del grano caen. Estos últimos como resultado de la política económica que propicia la revaluación del peso y los primeros por la inflación mundial jalada por la especulación con el petróleo y su incidencia en insumos y fletes. Cuando reclaman apoyo del gobierno no faltan los neoliberales que les gritan: ¡Pechugones! Se trata de 550.000 familias, con menos de 5 hectáreas, “colgadas” en las laderas de las cordilleras, que con su esfuerzo producen exportaciones que en los últimos años han valido más de 1.200 millones de dólares pero que han recibido subvenciones mucho menores que las otorgadas a los pocos centenares de floristas y bananeros. No importa que sean el 30% del empleo rural, ni que esta coyuntura no la puedan salvar ni con reducción de costos ni con aumentos en la productividad, lo que han hecho en otras crisis. Hasta ahora el gobierno mira cómo se “incendia Roma”.
Lo más grave es que la opinión se acostumbró al estilo oficial de echarles la culpa a los particulares, especialmente a los más pobres, por las secuelas nacidas en la ausencia de políticas públicas para la sanidad, para la seguridad alimentaria y aun para la producción campesina. Éstas brillan por su ausencia mientras el empeño se pone en cómo transmitir confianza- inversionista a las multinacionales y al capital extranjero con rebajas y exenciones de impuestos, que algunos aforan en cinco billones de pesos anuales, con zonas francas y contratos de “seguridad jurídica, que por 20 años les mantienen las normas legales sin alteración. Son dos países: uno, donde están los “culpables”, y otro, el de los grandes capitales, el que “aporta los grandes beneficios”. Es una lógica que suple la falta de la acción estatal responsabilizando a los animales, a los frutos y a la población más débil de los males que padece la Nación y sembrando, a contramano, la idea de que la salvación son los grandes empresarios; para ellos está el “corazón grande” y para el resto “la mano firme”.