Antes de las graves inundaciones de fines del año 2010 en el sur del departamento del Atlántico la situación agropecuaria era bastante delicada en una región que se suponía era una despensa agrícola. Según cifras oficiales del Plan de Desarrollo del anterior gobernador (Verano de la Rosa) la producción de alimentos en el campo atlanticense solo cubría el 45 por ciento del abastecimiento del consumo interno en el ente territorial. Es decir, más de la mitad de las necesidades alimentarios de sus habitantes se proveía de otras regiones del país o del exterior.

La situación actual no puede ser más alarmante. Según directivos gremiales del agro del sur del Atlántico más de 17.000 hectáreas siguen inundadas casi dos años después de la catástrofe. De diez mil litros de leche que producían los hatos en Manatí antes de la inundación, ahora producen tres mil litros. Además denuncia que Colombia Humanitaria declara la caducidad del contrato de las motobombas, pero se lo entrega a uno de sus socios.

El aparato productivo agropecuario del sur del Atlántico no levanta cabeza y sigue destrozado, a pesar de los avisos rimbombantes de los mandatarios. Ahora le quieren aplicar un remedio peor que la enfermedad: los Tratados de Libre Comercio, que en forma irresponsable la alcaldesa de Barranquilla y el gobernador del Atlántico presentan como la panacea. Ya el presidente de Ciledco anunció que tienen cerrada la planta pulverizadora de leche por las importaciones del producto y que dejarían de comprar la leche a los ganaderos.

Las comunidades agrarias del departamento del Atlántico, participantes en la Toma de Barranquilla del 19 de julio próximo, presentamos el siguiente memorial de agravios:

1. Lo primordial de la producción agropecuaria de una región y de un país es asegurar la seguridad alimentaria de los ciudadanos, concepto que según la FAO implica la capacidad de producir la dieta básica de la población, lo cual es negado por los Tratados de Libre Comercio con las importaciones de alimentos por lo que los rechazamos por ser el peligro mayor para nuestra producción propia y el mercado interno.

2. Exigimos la evacuación de las aguas de las miles de hectáreas del sur del Atlántico, la condonación de las deudas de todos los damnificados, unas políticas de incentivo a la producción agraria con recuperación de tierras, provisión de semillas de buena calidad y en las cantidades necesarias; créditos suficientes, oportunos y baratos; precios de sustentación para los productos, asistencia técnica gratuita, recuperación de los distritos de riego y su manejo eficiente por entidades oficiales.

3. Recuperación de la infraestructura de hospitales, escuelas, guarderías, vías públicas secundarias y terciarias, servicios públicos domiciliarios, viviendas de tal forma que el Fondo de Adaptación tenga en cuenta para sus planes a las organizaciones gremiales, sociales y comunitarias, brindando empleo a los habitantes locales.

4. Capítulo aparte merece el tratamiento al embalse El Guájaro con todas sus complejidades que se trata en documento especial.

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