El mes de marzo del 2011 será recordado como la fecha en que la ciudadanía itagüiseña se cansó por fin de las arbitrariedades que se están cometiendo con las desproporcionadas tarifas del impuesto predial por parte de las autoridades municipales, que amparadas en criterios francamente injustos y en procedimientos poco claros, niegan revaluar.
La responsabilidad le cabe en gran medida al Concejo Municipal y a la Alcaldía de Itagüí al establecer rangos de avalúo engañosos y milajes inequitativos en sus estatutos tributarios (Código de Bienes, Rentas e Ingresos. Acuerdo 006 del 5 de octubre del 2006), encaminados a obtener la máxima renta tributaria posible de sus habitantes y comerciantes, y al contratar costosísimas actualizaciones y formaciones catastrales cuyos resultados se basan en la especulación inmobiliaria.
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