Ha estallado una gran inconformidad a escala nacional por los aumentos desmesurados del cobro del impuesto predial a los propietarios y poseedores de predios urbanos y rurales, lo que ha ocasionado importantes movilizaciones de rechazo de la ciudadanía. Una de las explicaciones a este fenómeno está relacionada con la llamada actualización catastral cada cinco años que por lo general implica incrementos en las facturas del tributo, además de los aumentos que impone el gobierno cada año y las corporaciones públicas territoriales.
Dichas actualizaciones se basan, según lo reporta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en la ley 14 de 1983, el decreto 3496 de 1983 y la resolución 70 de 2011. Normatividad diseñada para esquilmar a los contribuyentes y hacer nugatorias las reclamaciones como veremos a continuación. Según el parágrafo 2º del artículo 8 de la resolución 70 de 2011 “el avalúo catastral es el valor asignado a cada predio por la autoridad catastral en los procesos de formación, actualización de la formación y conservación catastral, tomando como referencia los valores del mercado inmobiliario”. En el artículo 101 de la misma resolución se señala que “en el proceso de actualización de la formación catastral se revisará la totalidad de los predios que conforman la unidad orgánica catastral o parte de ella”. Ahora, el derecho a la reclamación se ve entorpecido en el artículo 133 de la norma cuando dice que “El propietario o poseedor podrá obtener la revisión del avalúo ante la autoridad catastral correspondiente, cuando demuestre que el valor no se ajusta a las características y condiciones del predio”.
El aspecto central que define la actualización catastral son los valores del mercado inmobiliario, en un momento en que el país se encuentra inmerso en una especie de “burbuja inmobiliaria”. Potafolio del primero de marzo pasado informaba que investigadores del Banco de la República encontraron que “Colombia puede estar experimentando una “burbuja” de precios de vivienda” y según el estudio se “presenta evidencia” de haber comenzado en junio de 2012. El economista Mauricio Cabrera explicó en Noticias Uno del 24 de marzo que la burbuja inmobiliaria es un fenómeno que incrementa los precios de la vivienda por encima del crecimiento económico. Explica que “como es un fenómeno especulativo en que la gente paga más caro por la vivienda, porque cree que va a seguir subiendo de precio, se va creando eso que es una burbuja y eso no corresponde realmente a los costos”. A su turno el economista Eduardo Sarmiento acotó que lo que sube como palma cae como coco y que el fenómeno es grave, porque cuando reviente habrá muchos afectados.
Resumiendo, el gobierno a través del IGAC le ha impuesto a todo el país una actualización catastral cada cinco años que se basa en los valores del mercado inmobiliario cuando todo indica que estamos ante una burbuja inmobiliaria especulativa que tiene por las nubes el precio de la vivienda, lo que lleva a los incrementos del predial y que el derecho a la revisión catastral es un espejismo porque está invertida la carga de la prueba, ya que es el ciudadano inerme el que tiene que demostrar que la actualización catastral no se ajusta a la realidad, por lo que se hace necesario un replanteamiento general del tema catastral a través de escenarios democráticos, investigaciones serias y movilizaciones ciudadanas en todo el país.