Luego de haberse desarrollado una Audiencia de discusión en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, sobre las políticas oficiales hacia el sector agrario entre distintas organizaciones de productores y campesinos y el ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria mantuvo su decisión de adelantar la Jornada prevista para el 16 de Septiembre. En dicha sesión se hizo evidente que el gobierno actual continúa adelantando las mismas políticas neoliberales que en los últimos años llevaron a la bancarrota al principal sector primario del país. Esas políticas, que disminuyeron, entre 1990 y 2000, más de un 40% el número de kilogramos de cereales y productos alimentarios básicos por habitante, que redujeron la superficie cultivada en casi un millón de hectáreas, que han significado la pérdida de más de 200.000 empleos rurales y que han llevado a una concentración escandalosa en el crédito, eliminando al pequeño productor de los mínimos recursos de capital, encontraron en este gobierno un ferviente continuador.
Tres hechos, en apenas un mes de gobierno, ratifican la afirmación anterior. Primero, el ACUERDO suscrito entre el gobierno y la Federación de Cafeteros que rebaja el precio interno al disminuir el subsidio de apoyo y que elimina la protección estatal a los programas de renovación, asistencia técnica y crédito. Segundo, el convenio con el gobierno ecuatoriano de permitir a partir de febrero de 2003, la importación de 150.000 toneladas de arroz, importación decretada en plena recolección de la cosecha del Meta, Casanare y Tolima y la cual comenzará a llegar en el periodo en que se culminaría la recolección de la gran cosecha del centro del país, además de un incremento en el mes de agosto de los insumos agropecuarios entre el seis y el ocho por ciento. Todos demuestran que siguen los mismos parámetros alrededor del comercio exterior agrícola y de la pérdida de la soberanía alimentaria.
Pero el más importante atentado reciente contra el agro nacional es la actitud condescendiente con las exigencias de la multinacionales de agroquímicos, representadas en el gobierno norteamericano, quienes están exigiendo la prohibición del comercio de agroquímicos genéricos en Colombia. Esta exigencia desmedida reclama la “propiedad intelectual” sobre productos de conocimiento universal al permitir sólo la venta de las presentaciones comerciales de las fórmulas compuestas de los agentes químicos activos. Es una agresión similar a la que van a imponer las multinacionales de la industria farmacéutica a todos los colombianos en el caso de los medicamentos. Para renglones como la papa, el fríjol y el arroz, donde los costos de los insumos equivalen a más del 40% del total, o en el maíz, el algodón y la palma africana, donde se acercan al 30%, la supresión del comercio de genéricos los haría prácticamente inviables ante la competencia internacional, máxime cuando hoy los plaguicidas y fertilizantes en Colombia son casi los más caros de América del Sur.
Bajo el chantaje de los “beneficios del ATPA” se quiere obligar a trasladarle, mediante el mecanismo prohibitivo, 500 millones de dólares más a los 600 que vale hoy en el país el mercado de agroquímicos manejado por las firmas internacionales. Ardides, como el de satisfacer solamente por tres años tales gabelas, deben entenderse como una prerrogativa temporal en tanto entre a operar el ALCA en el 2005, acuerdo que consagrará de modo permanente ese nuevo instrumento de enriquecimiento denominado de “cobro de la propiedad intelectual”.
La Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria entiende la Jornada del próximo 16 de Septiembre dentro de su táctica de Resistencia Civil que adelantará mediante conferencias, asambleas, desfiles y movilizaciones en la mayoría de las regiones del país.
Ibagué, 14 de Septiembre de 2002
ANGEL MARIA CABALLERO
Presidente
AURELIO SUÁREZ MONTOYA
Director Ejecutivo