Junta Directiva Nacional Sintracarbón, mayo 25 de 2007
Como producto de la aplicación del modelo neoliberal de apertura, privatizaciones y flexibilización de las leyes laborales, Colombia esta atravesando por su peor crisis histórica. La cual ha significado la quiebra de la producción nacional, la privatización de las empresas del Estado al igual que los servicios públicos, la disminución de los ingresos de los trabajadores, situación que se agravará aun más con la aprobación del TLC con EU.
No obstante lo anterior, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, al igual que el de Pastrana, y por recomendación del Fondo Monetario Internacional pretende reformar la Constitución Nacional, en materia de transferencias. Con dicha reforma, se pretende recortar en los próximos 8 años, a las los departamentos y municipios la suma de 52 billones de pesos, en particular La Guajira, perdería la no despreciable suma de 430.000 millones de pesos, dineros estos que le serán raponeados a la educación, a la salud y al saneamiento básico de la inmensa mayoría de los colombianos.
De aprobarse esta reforma constitucional en educación se generalizarán los llamados subsidios a la demanda, los cuales significan la supresión de la financiación adecuada para entregar los establecimientos educativos al sector privado y ceder toda la responsabilidad en materia educativa a unos municipios totalmente quebrados. Esta política ya fue ensayada en el servicio de salud trayendo como resultado la quiebra de hospitales y en ultimas la desaparición del sistema de salud pública.
En desarrollo de estas mismas políticas neoliberales, la gran minería del carbón, está en manos de inversionistas extranjeros en particular multinacionales, que han ocasionado graves daños al medio ambiente y desmejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Estas minas, a cielo abierto en Colombia no están clasificadas en pensiones, como de riesgo máximo. En el Cerrejon existen alrededor de 700 trabajadores enfermos de diferentes patologías, por ello Sintracarbon viene adelantando una lucha para que la actividad minera sea declarada de alto riesgo y de régimen especial para pensiones.