Unidad Cafetera Nacional, Medellín, marzo 20 de 2003
Para el próximo Miércoles 26 de Abril fue fijada la fecha del remate de la finca cafetera de propiedad del Señor Albeiro Aguirre ubicada en el municipio de Betania por el Juzgado Civil del Circuito de Andes, y por solicitud de los abogados de Bancafé.
El mismo día, y a la misma hora, UNIDAD CAFETERA NACIONAL ha convocado a una jornada de Resistencia Civil en la cabecera municipal de Andes, contra los remates, embargos y secuestros de predios cafeteros, los cuales se han intensificado en todo el departamento, especialmente en la zona de mayor producción que es el suroeste.
La jornada consiste en una masiva concentración en el parque principal de Andes, con participación de caficultores de ese municipio, al igual que de Betania, Jardín, Ciudad Bolívar, Hispania y el Resguardo Indígena de Cristianía. En ella se exigirá la suspensión de ese remate y de los otros que ya están programados, así como el cese inmediato de todos los procedimientos de embargo y secuestro que impulsan la Central de Inversiones S.A. CISA y el Bancafé, contra productores del grano que no han podido atender oportunamente sus obligaciones financieras por el muy prolongado ciclo de precios bajos, el cuál ha estado acompañado por la indiferencia oficial, la suspensión de todo tipo de subsidios y la imposición de nuevas cargas tributarias.
En lo que va corrido de este año, se han instaurado contra caficultores del sector, en el Juzgado Civil del Circuito de Andes más de cien procesos ejecutivos por parte de CISA y Bancafé, y en los Municipales de Andes, Betania, Jardín y Bolívar sumados, otro número similar, con la connotación de que muchos de estos procesos se instauran contra productores que pueden ser beneficiarios del PRAN cafetero aprobado desde Junio de 2001, pero que por negligencia oficial no ha sido aplicado totalmente, llegando a la absurda situación de que lo único que se logra con los procesos es que el productor al momento de ser cobijado por la refinanciación y los alivios, tenga que sumarle a la ya impagable deuda, honorarios para abogados de esas instituciones.
JORGE A. GÓMEZ GALLEGO
Coordinador Departamental