El debate sobre la llamada valorización II en Barranquilla está al rojo vivo. Este cobro surgió en Colombia en 1921 como un tributo, el impuesto de mejoras, para luego ser transformado en contribución. Hay razones para que esta contribución no se mantenga en la legislación colombiana, como las siguientes: a) Los que más beneficios obtienen con las ganancias de las nuevas infraestructuras son los propietarios que tienen la tierra urbana como negocio, porque son los únicos que recuperarán con creces el pago efectuado. B) El recaudador supone como justo el cobro de cualquier suma, así ponga en riesgo los ingresos de los hogares o tenga efectos expropiatorios. C) La posesión de una propiedad no significa que haya solvencia económica para responder a cualquier exigencia fiscal. D) Cuando la propiedad está destinada a vivienda, el “mayor valor” no reporta beneficio económico notorio y menos aún en la cuantía definida en el cobro. E) Si hay obras que valorizan el precio del suelo, también hay otras que lo devalúan.
Los contribuyentes barranquilleros no han perdido la memoria. Hace décadas un tributo de esta clase fue aprobado para la ampliación de la carrera 50 y sus recaudos fueron dilapidados. Y la última, la Valorización I, aprobada en la administración Hoenigsberg en julio 9 de 2004 con vigencia de cinco años, tenía como meta recaudar inicialmente 214.000 millones de pesos, que luego pasó a 189.000 millones de pesos de los cuales quedan pendientes 50.000 millones, es decir alrededor del 25 por ciento de los contribuyentes no pudo pagar por diferentes razones, principalmente de índole económica. Dejan mucho que desear la mayor parte de las obras realizadas con estos recursos: la ampliación de la Circunvalar que encintura a la Arenosa, como se trata de una vía nacional la financiación debería haber provenido del Gobierno. La Avenida del Río León Caridi, que va desde Barranquillita hasta el río Magdalena, bordeando la isla de La Loma, solo lleva un 50% en su construcción. Las obras en el Paseo Bolívar hoy acusan gran deterioro. La adquisición de predios para construir la rotonda en la intersección de la calle 17 con el bulevar Simón Bolívar que comunica con el puente Pumarejo en la salida a Ciénaga y Santa Marta, obra de alto impacto, también es de orden nacional.
Punto aparte merece la construcción y dotación del megacolegio Santamaría del Barrio Siete de Abril, precursor de la privatización de la educación pública en el país, financiado con la Valorización I y concesionado a la iglesia presbiteriana. El Heraldo del 9 de febrero informaba cómo esta infraestructura que solo lleva cuatro años se encuentra “en mal estado” y “las grietas y fisuras son evidentes”, lo que pone en serio peligro la seguridad de la comunidad educativa.
La administración Char le legó a la alcaldesa Elsa Noguera el cobro de la Valorización II, sin haberse terminado las obras de la anterior. Pero ahora la exacción será mayor ya que vienen por 379.000 millones de pesos para ser recaudados en solo tres años, en medio de una situación económica bien complicada para la mayoría de la población, con índices de pobreza y miseria por encima del 50 por ciento (datos del Banco de la República) y de una informalidad superior al 60 por ciento (Dane). El Distrito tiene otros instrumentos distintos al de valorización para financiar las obras que se requieran, como es el Impuesto de Plusvalía causado cuando un predio cambia su uso inicial por uno más rentable, les da a los municipios recursos para urbanismo y debe cobrárselos a las edificaciones para vivienda suntuaria, comercio, hoteles, oficinas e industria. También hay otro mecanismo como el de las regalías, que de los 152.000 millones para el Atlántico en 2012 el Gobierno Santos le destinó a la Cámara de Comercio de Barranquilla 70.000 millones, además de los recursos del Presupuesto General de la Nación al que contribuimos todos los colombianos sin excepción. Se justifican las protestas sociales que se anuncian en rechazo a estas nuevas cargas impositivas, que se tornan insoportables.