Nuestra economía está atravesando un decrecimiento económico que combinado con inflación se conoce como estanflación que es el peor escenario para los trabajadores y los compatriotas de clase media en la medida en que aumenta el desempleo formal y los artículos siguen subiendo en especial los de la canasta familiar.
No le duró mucho el argumento al Ministro de Hacienda, que al inicio de la crisis financiera internacional dijo que “no había por que preocuparse que nuestra economía esta blindada”. La información del DANE muestra un decrecimiento de 0.6% del PIB en el primer trimestre de 2009 que unido a la merma del último trimestre de 2008 confirma la recesión y muestra la realidad de nuestra economía, pues el gobierno con el argumento de la confianza inversionista y el afán de firmar los TLCs ha abandonado el fomento de la producción y el empleo nacional y llenado de gabelas al capital foráneo de la multinacionales.
Agrava lo anterior el déficit fiscal de nuestro país informado por el maltrecho Ministro de Hacienda que manifiesta que para el año 2010 no hay como financiar en 19 billones de pesos el presupuesto de la nación, hecho realmente grave que nos pone de manifiesto tres alternativas que utilizará el gobierno de Uribe Vélez para solucionarlo: primero, acabar de privatizar lo poco de las empresas rentables de carácter público, caso Ecopetrol; segundo, proponer una reforma tributaria que como las anteriores se basará en aumentar los impuestos indirectos (IVA) y más incentivos para los inversionistas extranjeros; y tercero, aumentar el endeudamiento externo, que generalmente esta unido a convenios firmados con el FMI o el Banco Mundial, que imponen el recetario neoliberal de apertura y privatizaciones.
Cualquiera de las alternativas o la combinación de las mismas que utilice el Gobierno de Uribe Vélez para paliar la grave crisis económica que atraviesa nuestra economía tendrá como objetivo primordial pauperizar más la situación de los trabajadores y el pueblo colombiano.
Si a lo anterior le sumamos los anuncios del gobierno nacional de buscar la financiación de un billón de pesos para la “seguridad democrática” ya no con los más ricos del país sino con los empresarios y trabajadores de clase media, se vislumbra un escenario crítico para la economía y los bolsillos de los colombianos.
Ojala los promotores del referendo reeleccionista no nos salgan con el cuento de que siete años no son suficientes para enderezar la economía y que el mesías necesita cuatro años más de desatino económico.