Siguen las concesiones unilaterales, se agravan las diferencias entre países andinos y continuará la entrega de los intereses nacionales. La agonía de la producción será máximo de 10 años.
La semana entrante se reanudan las negociaciones del TLC, esta vez en Lima, Perú. El gobierno colombiano informó que un logro de la ronda pasada era el acuerdo mediante el cual cada país presentaría el pasado 7 de julio sus peticiones y el 21 del mismo mes sus ofertas de desgravación. Pero llegado el momento, los países andinos cumplieron mientras que Estados Unidos dándoles una bofetada e incumpliendo lo acordado, no presentó nada.
Este mecanismo, de hacer peticiones, fue mostrado como una innovación en la estrategia de negociación y una forma de poner a la defensiva a los Estados Unidos, sin embargo el silencio norteamericano y el hecho de que en estos días previos a la ronda de Lima los negociadores andinos estén redactando con afán unos textos que toman como base los presentados por Estados Unidos, revelan nuevamente que esa potencia tiene la sartén por el mango e impone los términos, los ritmos y los temas de la negociación. Esto se debe a su inmenso poder y arrogancia y a que no hay “astucia”, ni “metodología” que pueda alterar la desigualdad estructural en la negociación.
Aunque se ha hablado de la estrecha unidad de los países andinos en la negociación del TLC, ya se había anunciado que la liberación de productos industriales será negociada separadamente y ahora se acaba de anunciar que en materia agrícola también cada país lo hará por su lado. Además del secreto, la falta de coordinación y de solidaridad se han impuesto como normas en la negociación del TLC.
Durante el XV Encuentro Presidencial Andino se supo además que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, autorizó a los socios de la CAN a negociar acuerdos comerciales con terceros países, con lo cual se degradan nuevamente los frágiles acuerdos andinos a pesar de que se llama a tener en cuenta las “sensibilidades” comerciales de los socios. Estos hechos revelan nuevamente la incapacidad de los gobiernos de la región de propiciar una verdadera y efectiva coordinación o por lo menos protagonizar un pataleo en bloque.
En estas circunstancias la negociación se sitúa en una carrera para ver quien hace mayores concesiones a Estados Unidos y en esta materia el gobierno colombiano, en una prueba de obsecuencia, y tomando la iniciativa anunció desde ya la cancelación del Plan Vallejo que fomenta las exportaciones, la eliminación de los impuestos a las remesas de utilidades de los capitales extranjeros y la vinculación al Plan Puebla Panamá.
Para colmo de males, antes de sentarse a la mesa de Lima, el gobierno y la ANDI, recomendaron acatar la pretensión norteamericana de que el plazo máximo de desgravación para los productos industriales fuera de 10 años, cosa que causó malestar entre sectores industriales que calificaron esta posición de “entregarse” antes de dar la pelea en las mesas de negociación.
Ante la evidencia del grave impacto del tratado y como respuesta a la avalancha de críticas tanto al contenido del mismo como a la posición negociadora del gobierno, el nuevo énfasis gubernamental se ha colocado en lo que han denominado la Agenda Interna de Competitividad, la cual sería el conjunto de acciones para preparar al país para el TLC. Esta agenda se reduce a un plan de infraestructura, diseñado por el DNP, la cual no hay ni la más remota posibilidad de que pueda ser implementada en los próximos 10 años (tiempo límite para que la apertura sea total) y que va a ser utilizada como pretexto para exprimir hasta el último centavo de los colombianos con medidas inmediatas como la disminución de las pensiones, la extensión del IVA y demás incluidas en el paquete legislativo que se presentó al Congreso.
El gobierno debe dar a conocer las propuestas de borradores que entregará a Estados Unidos y explicar a la opinión por que llegó a la conclusión de que en diez (10) años la economía colombiana podría entrar a competir plenamente con la estadounidense.
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