Voy a parodiar una reciente columna de opinión del profesor Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, aparecida en el periódico El Tiempo*, en el que analiza la reforma a la educación superior propuesta por el gobierno nacional, sobre todo en el tema que hace referencia a los dineros asignados para alcanzar la meta de crecimiento en cobertura que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del Presidente Santos. Y lo hago porque me parece pertinente hacer el análisis cuantitativo del problema educativo, ahora que en plena campaña electoral los candidatos a la gobernación y a las alcaldías, casi sin excepción, destacan la educación como uno de los ejes principales de sus propuestas. El argumento es que un pueblo que tenga la posibilidad de acceder a una educación avanzada, tiene mayores probabilidades de superar la pobreza. Axioma que nadie discute, siempre y cuando la educación que se imparta sea de calidad.
Pero cuando se aterrizan los datos numéricos, como lo hace el profesor Wasserman, se enfrenta la dura e implacable realidad. Veámoslo. En el caso del municipio de Neiva, por tomar alguno como ejemplo, las transferencias del Gobierno Nacional, a través del Sistema General de Participación, se reciben algo menos de 2 millones de pesos/estudiante año. Eso significa que en cifras gruesas al municipio se le transferirán en este año 115000 millones de pesos.
De ese total se van en pagar salarios y prestaciones del personal docente, directivo docente y administrativo 96000 millones. Queda un saldo de 19000 millones para cubrir las necesidades anuales de mantenimiento y reparaciones locativas, dotaciones de laboratorios y materiales educativos, servicios públicos, etc., que si los desglosamos deben cubrir las necesidades de 164 colegios y escuelas urbanas y rurales de Neiva, lo que daría un promedio de 115 millones por establecimiento, una cifra irrisoria que no necesita mayor análisis. Aún así, quedan por fuera de ese presupuesto de transferencias nacionales los programas de alimentación y transporte escolar que cubren una cuarta y una tercera parte, respectivamente de los estudiantes actuales (58000), además del servicio de vigilancia, que hoy se cubren con recursos de regalías.
Si se comparan las transferencias promedio estudiante año en el sector público, un poco menos de 2 millones de pesos, con las pensiones de las instituciones particulares, 4 millones de pesos/estudiante año, aparece una diferencia abismal del 100%, que empieza a explicar la diferencia en el rendimiento de los últimos años. Sin que los colegios privados sean la gran maravilla como lo prueban las evaluaciones internacionales en que ha participado Colombia, donde ocupamos los últimos puestos en el escalafón mundial.
Con este panorama sucinto y a grandes brochazos, quisiéramos preguntar a los candidatos a la gobernación y alcaldías ¿cómo van a transformar la educación que se está impartiendo?, ¿con qué programas y proyectos concretos?, ¿cuánto vale hacerlos sostenibles? Porque no se puede seguir engañando con ofrecimientos inalcanzables a una sociedad que espera ansiosa que le indiquen un camino cierto para superar sus carencias, en este caso las indispensables de la educación.