La derogatoria al impuesto del teléfono y la rebaja de las tarifas del alumbrado público son los dos motivos alrededor de los cuales se ha unido la comunidad de Apartadó, liderada por el Comité de Servicios Públicos y con el apoyo de diversos sectores.
En el primer caso, se exige la derogatoria del Acuerdo 026 del 5 de noviembre de 1998, mediante el cual se fijó a la población un impuesto al servicio telefónico con el objeto de dotar el Cuerpo de Bomberos. Se denuncia, no sólo su ilegalidad, por cuanto no es función de los Concejos la creación de tributos si no existe una ley que los haya avalado, sino porque tampoco se ha cumplido cabalmente con la destinación que se le fijó. A la fecha, se han recaudado 682 millones de pesos, y al Cuerpo de Bomberos se le han otorgado cerca de 340 millones, es decir, algo menos del 50%. También se exige la devolución de los dineros recaudados hasta la fecha por este concepto.
El segundo motivo de esta lucha popular es la rebaja de las tarifas del alumbrado público, que, a partir de enero de 2002, ha sufrido alzas entre el 8% y el 400%, estas últimas para el sector industrial. Las alzas, estipuladas en el Acuerdo 019 del 30 enero de 2002, están viciadas pues superan el IPC, una restricción impuesta por el Acuerdo 053 de 1999. Hoy los habitantes pagan 64 millones por este concepto, cuando en realidad tendrían que pagar 43 millones, un desfase de 21 millones.
Al respecto, el vocal del Comité de Servicios Públicos Domiciliarios de Apartadó; Juan Carlos Henao, señala: “No estamos contra lo realizado hasta ahora con el alumbrado público (…). Con lo que no estamos de acuerdo es con las alzas tan elevadas que se presentaron a partir del mes de febrero, primero porque no cuentan con soporte legal, y segundo, porque no es correcto que cuando los colombianos y apartadoseños atravesamos por una situación económica tan difícil, las alzas en las tarifas del alumbrado público superen para los usuarios el 80%, el 100% y hasta más del 400%”.
El primer paso de esta lucha por una tarifas razonables en servicios públicos, consistió en la recolección de más de 6000 firmas, con las que se suscribió un documento rechazando estas dos medidas de la Alcadía y que pretende, como lo afirma el Concejal Luis Fernando López A., “demostrarle al Alcalde que la comunidad de Apartadó sí está en contra de ese impuesto, porque él ha manifestado que la comunidad de Apartadó sí está de acuerdo con él, y nosotros queremos demostrar que es mentira…”
El Comité de Servicios Públicos está dispuesto a continuar liderando esta batalla, en caso de que el Alcalde no acepte las firmas como una muestra de inconformidad de la comunidad; según el Comité, se acudirá a una instancia superior “nos iríamos a la vía legal, al Ejecutivo, al Tribunal Contencioso Administrativo, que es el que nos podría salvar la papeleta en cuanto a estos impuestos”.