Antes de la navidad pasada, José Rodrigo Dajud en su calidad de alto directivo de Electricaribe y Energía Social, ambas firmas controladas por la trasnacional española Gas Natural Fenosa, había amenazado a más de 400 mil familias de los barrios subnormales de la Costa Atlántica que la empresa distribuidora y comercializadora de energía iniciaría los cortes masivos a los usuarios que no pudieran pagar las altas tarifas sin importar “las consecuencias” que se pudieran derivar de tal proceder.
Dicho y hecho. El domingo 19 de enero de 2014 la empresa foránea le suspendió el servicio al barrio Primavera del municipio atlanticense de Palmar de Varela, perjudicando a más de 600 habitantes, a la vez que exigía que la alcaldía pagara una parte de la deuda y la otra los usuarios. El martes 21 de enero el populoso barrio Mundo Feliz del municipio de Galapa, Atlántico, también fue objeto del corte masivo de la energía a más de 1.500 familias por no haber podido dar cumplimiento a un acuerdo de pago de una deuda de 1.775 millones de pesos. La explicación de la empresa distribuidora y comercializadora de energía en toda la Costa es que los barrios subnormales adeudan 220.000 millones de pesos.
Esta deuda se ha vuelto impagable según el Movimiento Indignados con Electricaribe por cuanto parte de la misma ha sido inflada a través de cobros estimados, que están prohibidos por la ley 142 de 1994, muchas familias reciben un mal servicio debido a las obsoletas redes y a los medidores comunitarios, además de la pobreza generalizada en la región, al punto, que el 92% de toda la subnormalidad eléctrica nacional se encuentra en la región Caribe, según admite Electricaribe.
La situación es más grave aún si se tiene en cuenta que las irregularidades eléctricas se vienen incrementando el 6 por ciento anual, al decir de la empresa, es decir, quince años después de privatizado el servicios eléctrico en la Costa, las cosas empeoran mostrando el rotundo fracaso de esta política neoliberal. Como si fuera poco, la prestación del servicio en esta región es el peor de toda Colombia, el rezago aumenta con el correr de los días y se acrecientan las voces que le exigen al gobierno nacional un plan integral de mejoramiento eléctrico con fechas y plazos definidos para que, al menos, este servicio que es un derecho fundamental tenga similar calidad al del resto del país.
Hay que tener en cuenta que la trasnacional está violando la sentencia T973 de 2012 que establece el debido proceso para la suspensión de energía, como es la notificación personal a cada usuario y la de abstenerse del corte si hay niños, discapacitados o tercera edad en el inmueble respectivo. Se abre paso la necesidad de un consumo mínimo vital gratuito de energía a través de las movilizaciones civilizadas.