El director Territorial Norte de la Superintendente de Servicios Públicos, Rodrigo Franco Ashton, en una visita a los usuarios del barrio El Bosque del suroccidente de Barranquilla el pasado diez de marzo, afirmó que la empresa Electricaribe estaba haciendo unas lecturas “que están por fuera de la norma”, haciendo referencia a un artículo de la ley 142 de 1994 que dice que todo usuario tiene derecho a que su consumo sea medido. “El usuario debe pagar lo que realmente el medidor registre y no lo viene haciendo de esa forma. El tema es que no se puede medir de manera estimada”. Agregó que la ley establece que solo esa medición estimada se puede hacer hasta un mes y lo deben justificar y “la empresa campante y sonante viene a medir dos, tres y hasta cinco meses de manera estimada”. Explico el funcionario que un usuario que realmente debe pagar 50 mil pesos, sus facturas le llegan por 300 mil, 500 mil o 700 mil pesos en el estrato uno.
Insistió Rodrigo Franco que “los consumos no son reales, no es lo que mide el registro, sino lo que ellos le estiman. Ponen unos totalizadores y de ahí le estiman a todo el mundo y eso no está bien porque la gente tiene derecho a que su consumo sea individualizado y allí están haciendo una mala medida”. Acotó ante los medios de comunicación que Electricaribe se preocupa más por hacer campañas de acuerdos de pago, que campañas de reclamaciones porque no les conviene.
La situación en el Atlántico se agrava si se tiene en cuenta que, según Mauricio Cárdenas Santamaría, en el mes de agosto de 2012 cuando oficiaba de ministro de Minas y Energía, en visita a Barranquilla, informó que en este departamento había 90 mil familias en la subnormalidad eléctrica (unos 360 mil atlanticenses que representan más del 15 por ciento de la población) con una cartera acumulada de 80 mil millones de pesos, lo que da una deuda de casi un millón de pesos por familia de los sectores más débiles de la sociedad, la cual se torna impagable. Buena parte de esa deuda se puede explicar por el cobro estimado que denuncia el superintendente Territorial Norte.
Una perla más. Miguel Ángel Santesteban, gerente de Energía Social en la Costa Atlántica, en visita al barrio Los Olivos de Barranquilla a fines de febrero pasado le advirtió a los usuarios que la responsabilidad del mantenimiento y/o reposición de equipos (postes, transformadores y redes) recae sobre la comunidad y el Estado, según lo establecido en la ley 1450 de 2011 y su decreto reglamentario 0111 de 2012, ambos expedidos por el gobierno de Juan Manuel Santos, algo que es completamente absurdo y que aumentará la inconformidad justificada de la población.