El problema de la evaluación de los estudiantes en educación es estratégico. Está íntimamente ligado a los criterios de calidad. De un tiempo para acá se repite diariamente que la calidad de la educación colombiana es mala. A propósito del decreto 230 del Ministerio de Educación sobre evaluación y promoción, vuelve una vez más el tema. Y los resultados de los estudiantes colombianos en las pruebas internacionales muestran un nivel deficiente. Pero los argumentos del ministro Lloreda de Educación para defender su decreto no se refieren a la calidad, sino a la repitencia y la deserción.
He defendido durante veinte años que la llamada “promoción automática” establecida en la década del ochenta por el ministro Yepes Parra produjo un derrumbe en la calidad de la educación de cuyas consecuencias no nos hemos recuperado. A pesar de que la Ley General de Educación en 1994 la eliminó, el Ministerio utilizó toda clase de mañas para sostenerla, hasta que la Corte Constitucional y la Corte Suprema aclararon el año antepasado en su contra el sentido de la Ley y del famoso Decreto 1860 sobre evaluación. El punto es muy sencillo. No importaba si los alumnos aprendían o no aprendían, era obligatorio promoverlos a los grados superiores, así se llegara al último grado de bachillerato debiendo logros y materias de sexto grado. Es decir, que los estudiantes pasaran aunque no aprendieran. La peste que recorrió el país fue la de la desmotivación, la falta de esfuerzo, el promocionismo, el aprendizaje nulo, la ausencia de estímulo y la indisciplina concomitante. En consecuencia, ni rendimiento, ni esfuerzo, ni aprendizaje, ni calidad.
Aquí hay un problema político en la dirección de la educación, el de si los esfuerzos del Estado deben dirigirse a garantizar prioritariamente la permanencia de los alumnos en la institución educativa o si hay que orientarlos a su aprendizaje y formación con miras a una educación de excelencia. Para los organismos internacionales de crédito que han determinado desde hace cuarenta años las políticas educativas de este país, es prioritario la permanencia para maximizar el rendimiento de los recursos escasos, porque “la repitencia tiene costos muy altos”, al decir de un columnista de estos días. No hay duda de que la repitencia no es la única solución a los problemas del rendimiento educativo, pero la “promoción automática” los agrava, como se ha comprobado a lo largo de más de veinte años durante los que estuvo vigente.
Pocas medidas tan absurdas como la de determinar por decreto el porcentaje de los estudiantes “5% del total según el nuevo decreto” que debe repetir el grado. Me supongo que si se sobrepasa ese tope, tendrá que rifarse a cara y sello para definir a quienes les toca. No importa la orientación pedagógica, los objetivos de la institución, las características de la enseñanza, los avatares del proceso de enseñanza aprendizaje. No. Es un cinco por ciento, y punto. Al menos la anterior “promoción automática” no obligaba a ningún sorteo.
¡Qué vía crucis el de la educación colombiana, sometida a medidas absurdas y contradictorias, por años y años! ¿Deserción? Colegios públicos de cinco mil estudiantes donde hoy se han matriculado menos de la mitad por falta de recursos, o donde ha disminuido el número de alumnos porque no pueden pagar el transporte, o donde las familias no envían a sus hijos por falta de zapatos. ¿Calidad? Escuelas y colegios en el peor hacinamiento porque la racionalización del gasto ha producido cuarenta y cinco, cincuenta y más estudiantes por aula. ¿Educadores? Para no pagar maestros, la propuesta es reemplazarlos por bachilleres en servicio social por un año, sin preparación alguna. Por eso el ministro Lloreda no puede achacarle la responsabilidad de la repitencia a la incapacidad de las instituciones que tienen que sufrir el vía crucis a que los somete la improvisación, la incompetencia y el sometimiento del Ministerio de Educación, de este y del de muchos años atrás.