El gravamen de valorización que se cobra en Colombia desde 1921, primero como un impuesto y después como una contribución, siempre ha sido recibido con recelo por la ciudadanía por cuanto en el país el régimen tributario se ha caracterizado por ser injusto con la mayoría de la población que es sobre la cual recae buena parte de las exacciones; situación que se ha agravado con la imposición de políticas neoliberales como la de la confianza inversionista que colma de gabelas y exenciones a los grandes potentados y empresas trasnacionales.
No es lo mismo cobrarle una contribución a sectores pudientes que a quienes no alcanzan a cubrir sus mínimas necesidades, porque les tocaría pagarla a costa de grandes sacrificios. También se trata de un sofisma pretender justificar el cobro de una valorización porque supuestamente algunas obras significan un aumento patrimonial de un inmueble, cuando éste es utilizado es para vivir en él y lo que se termina es pagando mayores impuestos prediales y tarifas de servicios públicos. Por el contrario, para quienes tienen la tierra urbana como negocio, las obras públicas y gravámenes de valorización funcionan distintos ya que tienen la opción de trasladarle al comprador los impuestos que paga y ganarse un excedente.
Pero en Barranquilla la cuestión es de más calado porque la ciudadanía ya vivió en los últimos años la llamada valorización I, aprobada por el Acuerdo 006 de julio de 2004, faltando por terminar la obra principal como es la Avenida del Río, que fue contratada inicialmente por una firma de Alejandro Char quien se la cedió a sus socios, los Nule, para poder aspirar a la alcaldía de Barranquilla. Tampoco se ha tenido en cuenta la situación económica de los barranquilleros que ostentan la mayor informalidad laboral de las capitales de departamentos, el 72% según el Dane, y una de las mayores tasas de pobreza y de desigualdad social, para descargarles una nueva valorización por 379 mil millones de pesos, de los cuales 73 mil millones de pesos iría para imprevistos, el 25 por ciento, lo cual no tiene presentación.
Además, se ha descubierto que la aprobación de estos tributos se hizo violando el artículo 338 de la Constitución Nacional que no permite delegar “el sistema y el método” para definir los costos y beneficios y la forma de hacer el reparto de la valorización, como lo hizo el concejo distrital al delegar esas funciones a la alcaldía. Por esto se han surtido dos demandas de nulidad ante los tribunales del Atlántico por parte de los abogados de la oposición a estos cobros.
Ahora bien, se ha desatado una resistencia civil sin precedentes por parte de la mayoría de los barranquilleros en contra de este gravamen que se está convirtiendo en un verdadero tsunami social, el cual ha contado con el acompañamiento y dirección del Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla integrado por más de medio centenar de organizaciones sociales, gremiales, ONG, comunales, pensionales, estudiantiles y políticas que realiza plantones todos los días, reuniones, foros, demandas y que, seguramente, logrará su objetivo de impedir el cobro de la valorización II y enarbolar otros temas de interés ciudadano que ha venido agitando como el de la salud por la derogatoria de la ley 100 y el rechazo a la contaminación con el polvillo del carbón por la exportación del mineral a través de 28 muelles en el río Magdalena.