Amalia Romero (un nombre ficticio con una historia real) habita en Ciudad Bolívar en Bogotá. Es adolescente y procede, como miembro de una familia desplazada, de una zona aledaña al Magdalena Medio en Cundinamarca. Se presentó hace poco a una consulta médica, ante una de las misiones de las agencias internacionales que atiendan ésta, la zona más deprimida de Bogotá, como paciente víctima de violación múltiple (casi más de una decena) de un destacamento de uno de los grupos violentos del país, además como portadora de VIH y con embarazo no interrumpido de casi siete meses. Como resultado de tan dramática situación su madre fue sancionada al considerarse que fue “culpable” por desatención y Amalia, separada de ella, ahora está bajo tutela del ICBF.
En Cali, en la zona de Aguablanca, en un albergue para madres menores embarazadas, más de una docena de jóvenes desplazadas de Cauca, Chocó, Putumayo y Valle del Cauca, víctimas también de violación por parte de diversos actores armados, esperan sus criaturas o alimentan sus bebés de algunos días de nacidos. Así como estos dos relatos existen muchos más anónimos en toda Colombia y que, según quienes están en primera línea de atención de este nuevo mal, se encuentra en incremento debido principalmente a que la violación se ha tornado en un nuevo mecanismo de intimidación contra la población civil en el marco del conflicto interno.
Estos hechos muestran qué tan lejos está Colombia de haber obtenido la seguridad; que detrás de la epidermis de la vigilancia a las caravanas turísticas hay millones de colombianos sufriendo las desgracias que los grandes medios no revelan. Sin embargo, en perspectiva, el bienestar de estas niñas y sus críos, todos futuros ciudadanos, está todavía más comprometido cuando el 28 de mayo, apelando al poderío del Poder y a no pocas triquiñuelas y componendas, el sistema económico y político imperante se prorrogó y con él sus secuelas. Los próximos planes estatales están anunciados: TLC, que, entre otros, derrota al campo, encarece medicamentos, privatiza a ultranza, al amparo de una normatividad internacional pactada, las áreas de bienestar social y le pone seguro al pago cumplido y honrado de la exacción de la deuda pública; la Reforma Tributaria, que rebaja el impuesto a la Renta para los grandes capitales, nacionales y foráneos, y cubre todos los productos de la canasta familiar con el IVA, el Plan Colombia II, que junto con el ingreso de Colombia a la OTAN y el nuevo carácter de “aliado estratégico” que se le ha brindado dará para “guerrear” dentro y allende nuestras fronteras, y los procesos de reconciliación cada vez más lejanos de la reparación para víctimas como Amalia Romero y demás madres púberes.
Por su parte, Carlos Gaviria, como vocero del PDA, sembró en millones de corazones un mensaje limpio, de democracia, de igualdad, de soberanía nacional y de paz. Y se ha ratificado en él con dignidad, como compañera inseparable de los reveses temporales en las grandes empresas, al decir de Borges, y en procura de ampliar, bajo dichos preceptos, la más amplia unidad nacional La oposición a la extensión del neoliberalismo hasta 2010 y la resistencia a su aplicación serán sin duda el contrafuerte de aquellas fuerzas que de verdad aspiren a transformar a Colombia en la dirección correcta. Los otros nada sembraron a no ser más de lo mismo y nuevos remiendos para proceder en contra del interés general dentro de lo que con cinismo denominan consensos y concertación. Millones de ilusionados, millones de indiferentes y seres anónimos, como Amalia Romero, la mitad de los potenciales votantes, serán jueces principales de quienes dedicaron sus esfuerzos y recursos a satisfacer mezquinas ambiciones; al final, así será su cosecha.