Finalmente el Senado aprobó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, tras analizarlo durante escasos 15 días que se suman a las cinco semanas en que debatió la Cámara de Diputados. Una veloz ejecutoria, si se considera que se tardó 12 años para la firma del acuerdo.
Múltiples voces advirtieron acerca de los peligros que encierra para el país, sin embargo el gobierno se salió con la suya sin importar consecuencias para la soberanía e independencia nacionales.
En estas páginas, un senador de la República dispara las alarmas sobre las amenazas que se ciernen sobre Chile. El día de la votación en el Senado, fue uno de los que votó en contra de la aprobación del TLC con EE.UU.
El senador Jorge Lavandero es directo cuando se refiere al Tratado de Libre Comercio con los EE.UU.: es inconstitucional.
Conversamos con él días antes de la votación en la Cámara Alta. Según el senador, de acuerdo a estudios sobre el Tratado realizados por sus asesores existen aspectos inaceptables desde el punto de vista de la Constitución, como que “EE.UU. excluya parte de su soberanía para la aplicación de este Tratado, por ejemplo los mares adicionales y el espacio aéreo, entre otros. En cambio Chile, los incluye todos. Eso es discriminatorio. Es un tratado desequilibrado y constitucionalmente inaceptable”, asevera.
Pese a la preocupación por lo que encierra el TLC, y su defensa tenaz del cobre como riqueza de todos los chilenos, Lavanderos se encumbró en parapemte y voló sobre Santiago durante una hora el día antes de nuestra entrevista, cuando se graduó en un curso de vuelo en esos especiales “paracaídas”, ayudado por su experiencia como piloto de avión.
A ese ritmo, es imposible advertir que el joven que debutara como diputado por la provincia de Cautín en 1957, cuando tenía 24 años, se empine hoy sobre los 70 y que tampoco se adviertan las secuelas del atentado contra su vida perpetrado por agentes de la dictadura durante los años ochenta.
Del ridículo a lo trágico
Señala que el estudio del TLC devela la existencia de una cantidad de artículos lesivos para los intereses del país, en aspectos jurisdiccionales que marginarán a los tribunales de justicia chilenos de casos que serán vistos por tribunales internacionales, lo que no está considerado en la Carta Fundamental y sin que se haya realizado modificación alguna al respecto. “Hay otros elementos hasta ridículos”, declara.
-¿Por ejemplo?
“EE.UU. puede poner una salvaguardia en 52 productos y nosotros sólo en 15, y entre éstos está la carne de orangután…”.
El TLC sólo favorecerá a un pequeño grupo de agricultores y ganaderos, producirá una polarización extrema entre ricos y pobres y aumentará la injusta distribución de los ingresos, agrega.
No habrá oportunidades en el mercado externo, como se publicita, pues por ejemplo en el caso de los productos lácteos se impone a Chile una cuota exportable del 0,15% de todo lo que produce el sector.
Similar cosa con los vacunos, en que se otorga al país un cupo del 0,3% de las importaciones de EE.UU. “¿Y quién puede asegurar que al término de los 12 años no nos imponga reglas de higiene ambiental, laboral o sanitarias, que impidan la entrada a sus mercados, como salvaguardias?”, interroga.
El trigo puede ser otro de los perjudicados con el TLC, pues se ha reducido la cantidad de hectáreas de su producción -informa- y la situación puede empeorar con el ingreso al país de trigo subvencionado, pues EE.UU. proporciona 180.000 millones de dólares anuales por este concepto a sus productos agrícolas.
Los afectados no serán los pequeños exportadores, sino miles de personas que viven de la producción de trigo y avena.
Considera que oponerse al TLC es hacerlo contra el avance de una política que renuncia a la soberanía como nación, cuya intención es crear hechos consumados irreversibles, que consagran el modelo neoliberal en materias fundamentales como el estatuto de inversiones, las leyes impositivas y las Leyes Orgánicas Constitucionales de concesiones mineras, entre otras.
Reclama que tres gobiernos de la Concertación sucesivos dieron al traste con las esperanzas de quienes plebiscitaron en 1989 no sólo la vuelta a la democracia sino un proyecto económico y social diferente al de la dictadura, y agrega que la mayoría del país no logrará satisfacer su búsqueda de concretar las grandes transformaciones sociales que el país requiere, con este modelo económico que resultará consagrado en el TLC.
Trato desigual
Para ilustrar la desigualdad en la competencia comercial entre EE.UU. y Chile, recurre al reclamo de las regiones contra la capital, debido a que en ella se concentran todos los recursos del país, que es lo que sucederá bajo el TLC porque los recursos fluirán hacia el país del norte y Chile quedará como están ahora respecto de la Metropolitana las regiones de la Araucanía, la VII o las del norte, en que reina la pobreza. Es lo que ocurre cuando la libre competencia no es regulada, reflexiona.
La competencia entre una economía doméstica con otra de escala mundial, resulta más grave todavía porque al pequeño le atan las manos. “Es como hacer competir a Mohamet Alí y Martín Vargas, sin árbitro, pero además como si a Vargas le amarraran la mano izquierda, la potente. Eso hacen con los subsidios: atan las manos al país más chico”, ejemplifica.
No hay libre competencia, en que el mercado opera como asignador de recursos, cuando está desrregulada y una de las partes se permite enormes subsidios a sus productos.
Lamenta que la opinión pública no se interese por estos delicados asuntos, como lo está de la farándula, en circunstancias que graves efectos se ciernen sobre los sectores más modestos.
El cobre bajo el Tratado
Declara enfáticamente que en Chile la gente es pobre, entre otras cosas, porque se desinteresa de temas profundos, como es la situación del cobre, riqueza colosal que alguna vez perteneció a todos los chilenos y que se ha desnacionalizado.
Durante los últimos 13 años, en que se sucedieron tres gobiernos de la Concertación, las grandes empresas transnacionales que explotan el cobre sacaron del país 38.000 millones de dólares y sólo han pagado por concepto de tributos 1.600 millones, pero además el Estado les adeuda 2.600 millones.
Este año se obtendrán 7.500 millones de dólares por concepto del cobre, de los que 5.000 millones corresponden a multinacionales y según informó Impuestos Internos al Senado sólo han tributado 5,8 millones de dólares en el año, como impuestos de primera categoría. “La gente debe tomar el peso de esto -indica-, porque esta aberración quedará consolidada con el TLC”.
Agrega que estos antecedentes están en conocimiento de los Presidentes Aylwin, Frei y Lagos, sin que exista respuesta que explique por qué se permitió que salieran 38.000 millones de dólares.
Esa fortuna puede proporcionar dos casas a todos los jefes de hogar del país, una de las cuales podría ser de veraneo, enfatiza Lavandero. Permitiría entregar una jubilación de $400.000 a cada beneficiario actual y subir todos los montepíos a igual suma. Junto a lo anterior, haría posible entregar educación universitaria a todos los hijos de hogares modestos con capacidades para ello, cuya inteligencia constituye una riqueza que se pierde sólo porque los jefes de hogar no tienen recursos.
Durante los años sesenta, se les cobraba a las empresas extranjeras el 50% de impuesto a las ganancias, lo que se consideraba poco y llevó a que se “chilenizara” los yacimientos del metal rojo mediante la adquisición del 51% de su propiedad a las multinacionales. Ello permitió que el país pasara a percibir el 75% de las ventas. Sin embargo, figuras como Salvador Allende y Radomiro Tomic insistían en la total nacionalización del cobre, para fundir y refinar el mineral en nuestro país y venderlo con ese valor agregado, como se logró en 1971. En la actualidad, según lo declaraba el actual ministro de minería, Alfonso Dulanto, antes de asumir el ministerio, Chile pierde 1.500 millones de dólares anuales por no fundir y refinar en el país, pues se pagan en el exterior.
Esos 38.000 millones de dólares que salieron de Chile, en 13 años, representan los retornos que nuestro país pudo obtener.
Se ha perdido el sentido de las proporciones respecto a la cantidad de dinero que pierde el país, en circunstancia que “estamos sentados sobre un pozo de oro que se llama cobre y que somos pobres porque no tenemos el coraje de defender esta principal riqueza, y con el TLC se dejará amarrado para siempre el sistema, el modelo económico y esta situación tributaria, y probablemente no podamos colocar algún día el royalty”.
Un pacto desconocido
-De acuerdo con los antecedentes que usted maneja sobre el TLC, ¿considera que ha sido suficientemente analizado por las instancias que lo están aprobando?
“Parece ridículo, pero en la Comisión de Minería le planteamos a Impuestos Internos lo que podría pasar con el cobre. Le preguntamos: ustedes que son los que van a tener que instalar el sistema tributario en coordinación con la otra parte -porque se van a producir cambios en la tributación-, qué pueden decir de esta situación con la aplicación del Tratado de Libre Comercio. Y me respondieron que no conocían el TLC. ¡No lo conocen! ¡No ha sido consultado con los especialistas en tributación!”.
-Después de la firma del Tratado de Libre Comercio con la UE, se detectó que las rebajas de aranceles causarían un déficit en la recaudación tributaria. ¿Qué va a pasar con el TLC con Estados Unidos en este aspecto?
-No lo conocen. ¡No lo conocen! Como éste es un diario avanzado, progresista, dirán que le aceptan las cabezas de pescado a Lavandero. Pero ahí está la respuesta oficial de Impuestos Internos en la Comisión de Minería del Senado. No es un invento mío. Le dije al ministro de Economía que hay una cantidad de leyes que deberían ser aprobadas antes que el TLC, como las leyes sobre patentes farmacológicas, las aguas, y le sugerí una reunión con los comités de la Cámara de Diputados y el Senado para sacar rápidamente esos proyectos, antes que aprobáramos el TLC. “Buena idea” me dijo. Pero todavía no se han aprobado y el TLC ya se estudiaba en el Senado para ser votado. Y hay leyes que si no las aprobamos antes de aprobarlo, implicarán que nos puedan demandar quienes tengan inversiones y los que tengan pensado invertir en Chile, por cualquier variación que hagamos, por cualquier ley nueva que saquemos en determinados campos. Y seremos llevados a un tribunal internacional, como le sucedió a México y Canadá “que debió pagar 20 millones de dólares a EE.UU.-, y ya conocemos el caso de las uvas envenenadas”.
Lavandero relata el episodio en que EE.UU. prohibió la producción y uso de un pesticida producido por una multinacional de esa nacionalidad, porque afectaba la salud de la población. La empresa tenía una filial en Canadá que producía el mismo compuesto y las autoridades canadienses, ante la medida adoptada en EE.UU., determinaron que se suspendiera su producción bajo los mismos argumentos de sus vecinos. La multinacional demandó a Canadá, que debió pagar la millonaria indemnización antes mencionada.
Una de las tantas preguntas que surgen, es: “¿Qué pequeño o mediano empresario pagará honorarios por varios millones de dólares para litigar en un tribunal internacional? Son cosas graves que ameritaban un estudio más profundo”, sentencia el senador.
Por todas estas razones, Lavandero manifestó su voluntad de votar en contra del Tratado llegada la oportunidad y así lo hizo.
-Pero si es inconstitucional, ¿no existe algún recurso en la propia Constitución para objetarlo?
“El recurso que queda es la reserva constitucional que uno pueda hacer. En segundo lugar, que pueda juntar unos 12 senadores que acudan al Tribunal Constitucional.
Ante el tratado minero Chile-Argentina, que era la creación de un país virtual para las grandes multinacionales, logré juntar el quórum y aunque el Tribunal Constitucional nos dio en la cabeza, interpretó y corrigió alguna cosas que, aunque esté aprobado, hacen que no se pueda aplicar”.
-Respecto a la indiferencia de la ciudadanía ante lo que acontece, ¿qué papel le atribuye a los medios de comunicación?
“Unos son conversos, tienen una posición ideológica respecto a estos asuntos, y otros viven del avisaje y auspicios que les proporcionan estas grandes empresas. Por ejemplo, ahora hay una campaña del cobre y representa 700 millones de pesos, que no está dirigida al público, sino a sensibilizar a los medios con la platita, para que divulguen la información que las empresas quieran y no las que el pueblo necesita. Y que las réplicas a lo que ellos intentan, no se publiquen”.
Destaca la gravedad de la denuncia del Colegio de Periodistas acerca de que el 20% de las noticias importantes se publican sin una fuente responsable, y que los medios que más hacen uso de estas fuentes irresponsables eran La Tercera y El Mercurio, con toda la influencia que tienen en la opinión pública. De lo que se desprende que a la ciudadanía “le están lavando el cerebro con maquinaciones ideológicas o en favor de intereses creados de grupos corporativos. La gente no sólo está desinformada, sino que indebidamente informada, pues se le informa de hechos que pueden ser falsos”.
Es lo que ocurre con el TLC, señala, en que las grandes empresas exportadoras están ansiosas de que se apruebe porque pasarán a ser cabeza de ratón, pues seguramente muchos de sus dueños y directivos recibirán alguna gerencia, subgerencia o presidencia de directorio, en las filiales estadounidenses que se instalen en Chile.
-¿Interpela usted a la ciudadanía? ¿Qué papel le corresponde a ella?
“Estoy recorriendo el país sin ningún afán presidencial, no tengo interés en ello. Pero si los candidatos presidenciales que surjan no toman el tema del cobre como cuestión principal -como ha ocurrido en los tres gobiernos de la Concertación- yo iré de candidato. Si veo que cualquiera de ellos acepta este punto, dejaré mi candidatura”.
-Eso es noticia-
-Se lo digo de verdad. Estoy convencido, porque la ciudadanía en todas partes me ha dicho: por qué no se presenta.
Si no se comprometen públicamente con el tema del cobre, yo voy a ir y le aseguro que hay gente de todos los sectores políticos “incluso de derecha-, que están por la aplicación del royalty regional. Que conste que no quiero ir de candidato a la Presidencia de la República, pero creo un deber ineludible que la opinión pública se exprese en este tema. Creo que la candidatura presidencial puede ser un referente plebiscitario”.