Un entomólogo perspicaz señalaba que uno de los insectos más tenaces era la cucaracha; una aseveración que confirma la sabiduría popular, que en una de sus historias cuenta que mientras las barren, se suben por el palo de la escoba. Tal parece que sea el caso de la señora Cielo González Villa, que porfiando contra toda evidencia pretende desconocer fallos, aparentemente, inapelables de la Procuraduría General de la Nación, que en cuatro casos sucesivos la ha sancionado por faltas graves a la función pública, cometidas en el pasado reciente en su calidad de alcaldesa de Neiva, y que le significa la destitución de su actual cargo como gobernadora del Huila.
La contumacia de la señora González es francamente vergonzosa, pero no extraña. Tiene todas las trazas de la cultura mafiosa que ha arraigado en el país producto de la conjunción de distintas actividades ilegales, que han venido caracterizando la sociedad colombiana a lo largo de los últimos 20 años. Tal vez, dos de las más protuberantes de dichas actividades sean el narcotráfico y sus delitos conexos, y la malversación de recursos estatales a través de prácticas corruptas en la contratación y administración de fondos públicos. Ambas se han convertido en dos de las principales, que no las únicas, fuentes del delito de lavado de activos. Además, que mutuamente se retroalimentan.
Desafortunadamente para la democracia colombiana, la actividad política, en lo que tiene que ver con la administración de recursos oficiales del orden nacional, regional o local, ha sido penetrada por ese tipo de comportamientos corruptos. La que debiera ser una actividad orientada a administrar los dineros comunes de la sociedad, en su exclusivo beneficio, ha sido capturada por verdaderas empresas electorales que con gran profusión de dineros, nunca explicados ni investigados, terminan asaltando los presupuestos estatales para el usufructo de esas sociedades de oscuro origen. Es el poder omnímodo del dinero que se siente capaz de doblegar la ley, como a grito entero lo pregona; para él no hay Constitución, ni normas, ni Procuraduría o Contraloría o Fiscalía que valgan, para ello pueden contratar a los mejores rábulas para que se encarguen de torcer el ordenamiento jurídico.
El funcionamiento en la economía de los dineros ilícitos es posible porque el circuito mundial de capitales creado a la sombra de la globalización capitalista, ha eliminado los controles estatales a su circulación. Así, con total impunidad, a nombre de la libertad económica, se camuflan y actúan quienes con sus actividades delincuenciales carcomen la sociedad, incluyendo la función superior de la política.
El dilema es claro: o el imperio de la ley o… “el rio revuelto”.