En el momento de escribir estas líneas es dudoso el curso que hayan tomado las marchas indígenas, campesinas y populares que dentro de la Minga que se ha organizado contra el TLC y por una mejora en las condiciones de vida de las comunidades emberas, zenúes y otras se han programado desde el 10 de hasta el 12 de octubre. El desenlace incierto obedece a la “orden verbal” presidencial de impedir la movilización y se sabe, hasta ahora, que en sitios como Remolinos (Risaralda) las concentraciones han sido encerradas por fuerzas policiales y del ejército que acatan por la línea de mando, sin que medie orden escrita, un edicto emanado de tal forma por el inquilino de la Casa de Nariño. ¿Será necesaria una prueba más para comprobar que estamos frente a un régimen violatorio de las más elementales normas de garantías a los ciudadanos?
El atropello se suma al “endurecimiento” que el gobierno viene asumiendo frente a quienes se oponen al TLC. En menos de un mes, luego de afirmar que tenía afán por firmarlo, los negociadores decidieron acabar con el romance que traían con los visitantes del “cuarto de al lado”, fuerzas oficiales asesinaron a un estudiante en una marcha pacífica en la Universidad del Valle, se descalificó a más de 400.000 colombianos que en consultas ciudadanas democráticas han manifestado su crítica al TLC, se militarizó a Cartagena el 22 de septiembre y se declaró a las universidades como zonas susceptibles de presencia militar.
Los funcionarios y ministros mienten sin sonrojarse al informar sobre el Tratado y hacen gala de argucias y trucos verbales para hacer aparecer lo negro como blanco. A veces expresan que lo importante es la “agenda interna” y luego que es “el acceso al mercado”, la negociación está convertida en una pantomima, tal como lo denuncian los negociadores del ministerio de Protección que renunciaron, la transacción se presenta como una victoria nacional aunque a renglón seguido se afirme que “el TLC no nos va a hacer ricos”, según el jefe de negociadores. Un recuento coherente de los argumentos oficiales a favor del acuerdo lleva a un auténtico galimatías.
No sólo los indígenas muestran el camino. FECODE, reestructurada en sus filas y remozada con una orientación consecuente, ha hecho un llamado a los colombianos a unirse a la comunidad educativa el 12 de octubre para denunciar los atropellos que se están fraguando contra el sistema público de educación en la mesa de Servicios y en otras concomitantes. Los artistas y gestores culturales han reiterado lo que viene en el campo de las “industrias culturales” si, como lo ha advertido el ministro Botero, se le sueltan las talanqueras a Hollywood y a los emporios de “enlatados” gringos para que hagan y deshagan por la televisión.
Colombia no puede permitir que pase la dictadura uribista para imponer el TLC. El país se está jugando cosas demasiado caras por muchos años para que un gobernante ocasional decida que el tema se resuelve por la “ley de la selva”. El miércoles 12 de octubre, los dos millones de colombianos que saldrán a rechazar el TLC, el doble de hace un año, se encargarán de recordar que las mayorías opositoras al Tratado no salen de sondeos de opinión sino que se representan en ciudadanos de carne y hueso, desde indígenas hasta empresarios nacionales rurales o industriales que ven su patrimonio amenazado por el pacto de adhesión que este gobierno está dispuesto a suscribir.
El desenlace incierto obedece a la “orden verbal” presidencial de impedir la movilización y se sabe, hasta ahora, que en sitios como Remolinos (Risaralda) las concentraciones han sido encerradas por fuerzas policiales y del ejército que acatan por la línea de mando, sin que medie orden escrita, un edicto emanado de tal forma por el inquilino de la Casa de Nariño. ¿Será necesaria una prueba más para comprobar que estamos frente a un régimen violatorio de las más elementales normas de garantías a los ciudadanos?
El atropello se suma al “endurecimiento” que el gobierno viene asumiendo frente a quienes se oponen al TLC. En menos de un mes, luego de afirmar que tenía afán por firmarlo, los negociadores decidieron acabar con el romance que traían con los visitantes del “cuarto de al lado”, fuerzas oficiales asesinaron a un estudiante en una marcha pacífica en la Universidad del Valle, se descalificó a más de 400.000 colombianos que en consultas ciudadanas democráticas han manifestado su crítica al TLC, se militarizó a Cartagena el 22 de septiembre y se declaró a las universidades como zonas susceptibles de presencia militar.
Los funcionarios y ministros mienten sin sonrojarse al informar sobre el Tratado y hacen gala de argucias y trucos verbales para hacer aparecer lo negro como blanco. A veces expresan que lo importante es la “agenda interna” y luego que es “el acceso al mercado”, la negociación está convertida en una pantomima, tal como lo denuncian los negociadores del ministerio de Protección que renunciaron, la transacción se presenta como una victoria nacional aunque a renglón seguido se afirme que “el TLC no nos va a hacer ricos”, según el jefe de negociadores. Un recuento coherente de los argumentos oficiales a favor del acuerdo lleva a un auténtico galimatías.
No sólo los indígenas muestran el camino. FECODE, reestructurada en sus filas y remozada con una orientación consecuente, ha hecho un llamado a los colombianos a unirse a la comunidad educativa el 12 de octubre para denunciar los atropellos que se están fraguando contra el sistema público de educación en la mesa de Servicios y en otras concomitantes. Los artistas y gestores culturales han reiterado lo que viene en el campo de las “industrias culturales” si, como lo ha advertido el ministro Botero, se le sueltan las talanqueras a Hollywood y a los emporios de “enlatados” gringos para que hagan y deshagan por la televisión.
Colombia no puede permitir que pase la dictadura uribista para imponer el TLC. El país se está jugando cosas demasiado caras por muchos años para que un gobernante ocasional decida que el tema se resuelve por la “ley de la selva”. El miércoles 12 de octubre, los dos millones de colombianos que saldrán a rechazar el TLC, el doble de hace un año, se encargarán de recordar que las mayorías opositoras al Tratado no salen de sondeos de opinión sino que se representan en ciudadanos de carne y hueso, desde indígenas hasta empresarios nacionales rurales o industriales que ven su patrimonio amenazado por el pacto de adhesión que este gobierno está dispuesto a suscribir.