En primer término quiero expresar, en nombre de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, nuestros agradecimientos al compañero y Representante a la Cámara Wilson Arias, por la invitación que nos hizo para participar en esta audiencia y poder compartir con Uds. algunas apreciaciones sobre la política educativa del gobierno que recién se inicia, la cual no es más que la continuación de la adelantada en el país durante las dos últimas décadas, en las cuales se ha venido poniendo en marcha el modelo neoliberal en todos los ámbitos de la vida nacional. Asimismo expresar nuestras preocupaciones por lo lesivas que aquellas han sido para los intereses educativos del pueblo y la nación colombiana, lo cual continuará profundizándose, a no ser que un portentoso movimiento social ponga al orden del día la defensa de la educación pública y su disposición al servicio del desarrollo económico, social y cultural del país, exigiendo cambios radicales en las políticas gubernamentales.
Dos requerimientos concurren al iniciarse la última década del siglo pasado con respecto a la educación en Colombia, ambos derivados de la imposición del modelo de globalización económica bajo la égida de la potencia imperial dominante, o de la internacionalización de la economía, o de la apertura económica, como quiera que se le llame. Uno, convertir en mercancías los denominados “servicios educativos”, mediante los cuales los ciudadanos pueden tener acceso al derecho fundamental de la educación, de la misma manera que lo hicieron con la salud, y los servicios públicos domiciliarios, poniendo estos importantes sectores a disposición del capital financiero como nuevos y jugosos filones de negocios. Y el otro, adecuar el contenido de las ofertas educativas a las necesidades de la relocalización de la producción que en el orbe se desprende de la aplicación de los conceptos de las ventajas competitivas y del libre mercado, rectores del nuevo orden económico, dictado por los organismos multilaterales de crédito al servicio de los centros de poder económico mundial.
Ello implicaba transformaciones profundas en todos los órdenes del sistema educativo del país. La Constitución de 1991 incorporó nuevos preceptos que posteriormente se desarrollaron mediante leyes y decretos, a los que hoy se acude para justificar los ajustes que se hacen en materia legal y así refinar los mecanismos mediante los cuales se profundiza en las mutaciones aplazadas por múltiples factores. Entre otros, por la resistencia que la comunidad educativa le ha ofrecido a los distintos intentos reformadores y el carácter gradual adoptado para instaurar los cambios con el fin de hacer menos notorios sus devastadores efectos.
Al tiempo en que el Estado disminuyó su participación en la financiación de las universidades públicas, que paso de ser el 84% en 1993 al 51% en 2008, ha intervenido mediante diferentes formas tanto los formatos de los paquetes de formación o programas que se ofrecen, como el contenido de estos. Hemos señalado en distintas oportunidades que ello ha conducido a una degradación académica de la educación superior, cuya calidad se ha visto permanentemente menguada, mientras que se precarizan las condiciones de contratación y remuneración de los docentes y se deterioran en materia grave las condiciones de trabajo académico. Hoy día, más del 80% de los docentes de las universidades públicas laboran bajo diferentes modalidades de contratación temporal. O sea que cuatro de cada cinco profesores están excluidos de la carrera docente, sometidos al salario del miedo y remunerados a destajo. ¿Podrá construirse una educación superior de excelencia sobre esta base material de su soporte fundamental?
Como si fuera poco, desde el Ministerio de Educación se vienen imponiendo mecanismos de coerción para forzar que las universidades opten, “autónomamente”, por auto reformarse y encajar dentro de los lineamientos de la política. La adopción del sistema de los “créditos académicos” como unidad de medida del tiempo de estudio; la adopción del sistema de “las competencias” para la elaboración de los programas; el cumplimiento de los requisitos mínimos para obtener el “registro calificado”; los procesos de “acreditación” por los programas académicos; los ECAES o exámenes de estado para la calidad de la educación superior, aplicados a los estudiantes, entre otros, se van configurando como mecanismos expeditos en la determinación de los contenidos educativos.
Lejos de encaminar u orientar la educación superior hacia los más altos niveles de conocimiento científico y tecnológico, cada vez se restringe su profundidad en estos campos y se focaliza la formación hacia aspectos instrumentales y operativos. De la famosa frase pronunciada por el ex rector de la Universidad Nacional Marco Palacio, para justificar las reformas académicas que promovía en ese importante centro, en el sentido de que “estamos enseñando demasiado”, en comparación con las necesidades del mercado, se llegado a la afirmación reciente del ex director del SENA, Darío Montoya, de señalar que no se debía enseñar a los estudiantes los fundamentos de las matemáticas, como los logarítmos, porque ello “no sirve para nada”, afirmación que no pasa de ser un ridículo atrevimiento de bufón. No es de extrañar que tal sentencia salga de los labios de quien otrora sostuviera la inutilidad de promover capacidades tecnológicas autóctonas y que en su lugar el país se limite a formar operarios para el uso de tecnologías foráneas.
Encaja ello dentro de la lógica de la globalización. Una educación mediocre para un país, cuyo rol en la relocalización mundial de la producción, no sólo de bienes y servicios sino también de conocimiento, es de quinta categoría. Mano de obra medianamente calificada y abundante para que sea bien barata. Es una educación para perpetuar el atraso y la dependencia. Es una educación para calificar y adocenar a los esclavos modernos de la globalización, que generen niveles importantes de plusvalía para remunerar con generocidad al capital financiero.
Este es el contexto en que se enmarca el proyecto de Ley No.054 de 2010 de Cámara, “Por medio del cual se crea el programa Nacional para el Fomento y Fortalecimiento de la articulación entre la Educación Media, Educación Técnica y Educación Superior, se asignan subsidios para el desarrollo de la articulación y se dictan otras disposiciones.”.
El proyecto dispone de mecanismos mediante los cuales se estimula la ampliación de la oferta de programas de formación a nivel técnico, financiado con el aporte de “subsidios” que se entregarán a las instituciones de Educación Superior, SENA o Institutos para el trabajo y Desarrollo Humano participantes mediante convenios entre éstas y las Instituciones de Educación Media, bajo la supervisión de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas o Departamentales, según el caso. Serán estas últimas, en asocio con las Instituciones de educación Media, el SENA y el sector productivo, quienes identifiquen las “necesidades reales de formación para el trabajo de la región” (Lit. B. del artículo 10) y las encargadas de “analizar la información de oferta y demanda laboral y tomar decisiones frente a estimular o desestimular especialidades” Lit. C. del artículo 10).
En su propósito de privilegiar la formación de nivel Técnico sobre la Universitaria, el gobierno utiliza el señuelo de acceder a los recursos con los que se “subsidia” a los estudiantes de la “articulación”, en un entorno de escases de recursos. Las universidades públicas se verán compelidas a participar en los “convenios”, de los que trata el artículo 11 del Proyecto de ley 054. Es una forma de promover la formación técnica en las universidades y creo que va en el camino de suplantar al SENA en este tipo de formación, dentro de la tendencia general que se viene dando hacia su desmantele gradual.
No es extraño que mientras se pretenda insistir en el desmonte de los parafiscales o su reducción para estimular a las empresas a vincularse a programas de “primer empleo”, contemplado en el Proyecto de Ley 052 de 2010 de Cámara, “por medio del cual se establecen incentivos para generación de empleo a jóvenes recién egresados de instituciones de educación superior (Contrato de primer empleo), se ofrezca la asignación de recursos para el SENA, o para Instituciones de Educación Superior o para instituciones de educación informal que asuman, mediante convenios, “la formación para el trabajo”. ¿No ha sido está la razón de ser y el objetivo misional del SENA?
Creo además que la modalidad de financiación del programa significa un avance en la imposición de “educación contratada”, para el nivel Medio Técnico, con entidades públicas o privadas.
Podríamos asegurar que el proyecto tal y como está le sirve a la privatización de la educación, empuja a las universidades públicas hacia su degradación académica y amenaza la sobrevivencia del SENA, al estimular que otras instituciones ocupen los espacios de formación que le son propios.
Es necesario que generemos un espacio de análisis y discusión del sector educativo en su conjunto. Partiendo de premisas tan fundamentales como ¿Cuál es el tipo de educación que requiere nuestro país para salir del atraso y la dependencia? ¿Será que la manera de articular los diversos niveles educativos es asignarle a unas instituciones roles que no le corresponden, desnaturalizando su misión y dificultando el cumplimiento de su función social?