La investigación disciplinaria que el Procurador General, Alejandro Ordóñez, ha iniciado contra el senador Jorge Enrique Robledo tiene connotaciones graves para la vida democrática del país, muchas más que las que puedan deducirse, por lo publicado en el portal www.lasillavacia.com, de un arbitrario auto de proceso contraevidente a todas luces. Ramiro Bejarano, en un artículo publicado en El Espectador al respecto, fue categórico. No sólo dilucida que del acervo probatorio contra Robledo no puede derivarse relaciones con las FARC sino que demuestra que el informe de la Dijin –la prueba base- no goza de plena solidez y que está pleno de contradicciones.
No hubo ni la más mínima sombra en la fase preliminar que mostrara vínculos de Robledo que indujeran a presumir un concierto para delinquir, tal como los parapolíticos en Ralito, para elevar esta investigación, como se ha hecho de mala fe, a la invectiva de “Farcpolítica”. Ni mucho menos puede colegirse connivencia alguna con las acciones que este grupo adelanta, de las cuales, al contrario y como lo sabe cualquiera medianamente informado, ha sido su crítico consecuente durante décadas.
Una consideración que motiva el auto de marras, “alcanzar el máximo grado de certeza que derrumbe la presunción de inocencia que le asiste al implicado”, expresa una actuación de la Procuraduría contraria a la Ley. Al desechar precisamente que la presunción de inocencia es parte del patrimonio más íntimo de las personas, concebido dentro de la humanización del derecho penal e incluido en las normas procesales, Ordóñez, contrario sensu, no orienta su acción a la imputación de las presuntas responsabilidades sino a destruir garantías. Aunque parezca juego de palabras, aquí el orden de los factores sí altera el producto y, más aún, si no se omiten los alcances políticos que tiene el caso. Porque así la duda opera en contra de Robledo, violando el principio in dubio pro reo, que es componente de los dogmas de la Constitución
No son prevenciones excesivas. Estamos dentro del marco del Estado uribista, el que se reunió furtivamente en la “Casa de Nari” con alias “Job” para tratar de enlodar a la Corte Suprema; el que no mostró recato para decir que Rafael Pardo conspiraba en asocio con las FARC; el que se cartea con alias “Tasmania”; el que tuvo como contratista a alias “La Mechuda”; el que desde el DAS gestó una operación masiva de chuzadas telefónicas a magistrados, a opositores y al periodismo o el que paga recompensas por manos cercenadas. Es el aparato que tuvo como diplomáticos a gente condenada por crímenes de lesa humanidad; el que registra más de 1.600 pesquisas por los mal llamados “falsos positivos”; el mismo a cuya coalición política pertenecen 50 o más congresistas hoy condenados o detenidos por concierto para delinquir con grupos paramilitares, entre ellos varios jefes de los partidos miembros.
Una administración que para reelegirse repartió notarías y canonjías, que se valió de Yidis y de Teodolindo; un mandato cuyos ministros de Interior y Justicia han sido el “héroe de Invercolsa”, el mecenas de la “yidispolítica” y el hermano mayor y jefe político del exdirector de Fiscalías de Medellín enredado en prácticas criminales; un gobierno que no ha descubierto el montaje judicial contra un alto oficial de la Armada.
El Procurador es uno más de ese régimen, que lo seleccionó para dicho cargo y que hace manifiesta la inclinación de sus actuaciones al servicio de Uribe, no sólo para absolver amigos sino también para manchar opositores. El inicuo trámite del expediente de Robledo es emblemático porque –al ser el principal rival en el Legislativo- la señal para el resto de la sociedad es causante de temor. Independiente del fallo final, el mensaje ya está enviado, es otro signo más de “una democracia profunda”, la que Gutiérrez Girardot catalogó como “sangrienta hipocresía provinciana que celebra su autoritarismo sin querer percatarse que hunde al país en un canto de cisne”.