Los sistemas sociales modernos, el capitalismo y las avanzadas de socialismo ocurridas, coinciden en el carácter estratégico del cultivo de cereales para garantizar la supervivencia de sus sociedades. La síntesis maoísta de “mijo ( maíz) y fusil” como palancas de la Revolución China o la iniciativa de los emigrantes al oeste norteamericano en el siglo XIX en la construcción de una “agricultura en seco” con sorgo y trigo de Turquía, creando desde Minnesota hasta Texas, la franja del trigo, “la despensa de la nación”, muestran que: la ingesta de proteínas, venida de cereales, es problema vital para un país y su autonomía.
Dos leyes, sobre el sector agrario, recientemente difundidas, una aprobada en Estados Unidos y la otra presentada aquí por El Cambio, evidencian que, mientras el Imperio da a su economía cerealera y de alimentos básicos todas las garantías, quienes dirigen a Colombia renuncian a la producción de géneros principales por la especialización en “productos tropicales”. La nueva “bill” (Ley) agraria gringa estableció que cada granjero puede recibir “apenas un ‘máximo anual’ en subsidios de 275.000 dólares, ($ 632 millones”), sabiendo que la quinta parte de los productores recibe las 4/5 partes de la plata, y otorga subsidios por 73.000 millones de dólares hasta el año 2007, un 70% más que la que caduca este año, garantiza “ingresos mínimos” y protege contra el vaivén del mercado.
Los pagos estatales a la agricultura gringa son antiguos. Vienen desde Roosevelt con la Agricultural Adjusment Act que pagaba por la “destrucción de cultivos sobrantes” de algodón, trigo y maíz y “el asesinato de animales jóvenes”. Fue tal el apoyo que en 1.938, William Faulkner decía: “Ya no cultivamos en los campos algodoneros de Mississipi. Ahora lo hacemos en los corredores y en las salas del Congreso en Washignton”. En 1998 los pagos estatales fueron de 10.143 millones de dólares, en 1.999 de 19.223, en 2.000 de 32.265 y en 2.001de 17.442. Por productos, el apoyo a granos alimentarios, trigo, algodón, lácteos, arroz y soja ha sumado entre el 74% y el 80% del respectivo monto total y se ha usado para precios de sustentación, capital de trabajo (gratis), asistencia por pérdida en el mercado (venta debajo del costo) y contratos de “flexibilidad de producción”; es decir, por producir menos, para evitar excedentes. Este rubro fue en 1999 el 41% de los subsidios. Los programas ambientales y de conservación de agua y especies se tornaron en otro medio de traslados del presupuesto oficial al sector. Se dice que hacer esto es imposible en Colombia.
En tanto Bush favorece a sus granjeros como a sus fábricas de acero, aquí Pastrana y Villalba presentan una ley para el campo, cuya sola exposición de motivos es una traición a la patria, al imponer, bajo las teorías de “la ventaja comparativa” en recursos naturales, la dedicación exclusiva a géneros del trópico. Es la misma idea de la carta de respuesta a Salvación Agropecuaria, a la que después envió tanquetas y gases lacrimógenos, “nuestras exportaciones son café, azúcar, flores y banano” y, por ende, “las restricciones deben ir en concordancia con nuestras pretensiones de acceso al mercado”, dados los “acuerdos internacionales que debemos honrar”. En el proyecto de Ley Agraria se expresa “somos una agricultura en transición hacia productos tropicales”, “el crecimiento agrícola se fundamenta en el uso óptimo del potencial productivo de la biodiversidad” o “la efectividad de las políticas sociales (rurales) radica en garantizar los factores que determinan las capacidades individuales”. La misma agricultura colonial, con lo que dé la Naturaleza, la presencia del Estado limitada a lo que cada uno pueda hacer, o sea a nada. Neoliberalismo tropical, que define como áreas estratégicas la educación, la ciencia y tecnología (tropical) y la información. La seguridad alimentaria se ve como “el Estado suministrará alimentos a los grupos de la población que carezcan de los recursos”. Algo personal y no nacional.
En Estados Unidos, entre 1.991 y 2.000, el consumo de trigo propio pasó de 136 libras por habitante a 146, un 7% más. Colombia, al revés, disminuyó el trigo producido en el país, de escasos 6 kilos con los que en 1.990 dotaba a cada compatriota, por apenas un kilo en 2.000. Pero esto no es extraño, si se leen las palabras de Ann M. Veneman, Secretaria de Agricultura de USA, ante la Cámara de Representantes el 23 de mayo de 2001: “el ALCA aumentará nuestras exportaciones agrícolas hacia el hemisferio en más de 1.500 millones de dólares anuales”. “Las ganancias se deberán al sector de granos, especialmente al trigo y los granos. También a productos hortícolas y procesados”. Los que piensan que el campo sólo necesita seguridad, están bien errados. En esto, lastimosamente, ninguno de los candidatos presidenciales atina. Todos, sin excepción, rezan igual: palma africana, caucho y marañón (?), productos tropicales. Olvidan “el poder del trigo”, reservado al Imperio o a sus firmas internacionales de alimentos que han hecho de esa máxima un lema comercial.
Publicado en el periódico La Tarde, martes 14 de mayo de 2002