De un tiempo para acá a mediados de diciembre los distintos medios y sectores sociales tratan de acertar sobre cuál es el personaje del año en los distintos ámbitos y actividades humanas, de acuerdo a lo acontecido a lo largo de la sempiterna órbita del planeta Tierra alrededor del sol. A mi criterio personal el hecho local más sonado, luchado, criticado, tratado de justificar, denunciado, demandado es el conocido como No a la valorización II en Barranquilla.
En esta materia el Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla, que cumple este mes dos años de haberse fundado, es la organización que ha liderado la resistencia civil contra el cobro del malhadado tributo, o contribución como también lo llaman, para lo cual ha exhibido un arsenal de argumentos tan convincentes que ha logrado convertir este movimiento en un fenómeno de indiscutible impacto en los diferentes sectores sociales de la región.
A las críticas de carácter general contra la valorización por tratarse de un sofisma por cuanto la generalidad de ciudadanos tiene su casa de habitación para residir en ella y no para valorizarla, lo cual le aumentaría los impuestos y los cobros de servicios públicos, como también muchas de las obras de infraestructura desvalorizan las propiedades como los casos de la calle Murillo y carrera 46 con el Transmetro, se le agrega que las obras de la valorización anterior no se han terminado, muchas de ellas están en deterioradas, otras no se hicieron y no ha habido cuentas claras al respecto.
Para colmo el equipo de abogados del Frente Amplio, doctores Bohórquez y Arango, descubrió que la valorización en Barranquilla tiene vicios de ilegalidad por reñir con la Constitución Nacional en su artículo 338 donde se estatuye que el sistema y el método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer el reparto de la valorización “deben ser fijados por la ley, las ordenanzas y los acuerdos”, es decir, son indelegables de la corporación pública, pero a contrapelo el Concejo distrital delegó tales prerrogativas a la alcaldía con lo cual violó la Carta Magna. Por estas razones la valorización fue demandada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual fue admitida recientemente y se abrió el respectivo proceso civil.
También la alcaldía distrital cayó en yerros graves al rechazar miles de recursos de reconsideración contra la valorización en forma contraria a la ley por cuanto afirmó que había notificado a toda Barranquilla de dicho impuesto a través de la Gaceta Oficial, cuando esto es improcedente al requerirse por ley la notificación personal; y al dar solo un mes de plazo para presentar el recurso cuando el Estatuto Nacional Tributario provee dos meses, por lo que ya se dio el primer fallo de tutela del Juzgado Séptimo Civil Municipal tutelando el debido proceso a favor de una ciudadana, lo cual será generalizado a través de miles de tutelas.
Se debe resaltar la labor del periódico La Libertad que ha informado de manera veraz, objetiva y permanente sobre este proceso, enalteciendo la función de este medio de comunicación. Y como colofón hay que enfatizar que el movimiento contra la valorización está de acuerdo con las obras de progreso de nuestra ciudad, pero no cargándole la mano al pueblo y a la clase media, para eso está la participación de la plusvalía (ley 388 de 1997 y acuerdo 014 de 2004) que deben pagar los grandes potentados que se han enriquecido con los lotes de engorde sin aportar nada.