Diversos pronunciamientos se han divulgado no solo por parte de funcionarios de la administración distrital, sino además en una serie de medios de comunicaciones sobre la inminente necesidad de reactivar el polémico macroproyecto del cerro de la popa.
Este proyecto, que según un estudio elaborado por parte del Grupos de Estudios Urbanos (GEU) del Ministerio de Vivienda, establece como gran alternativa de desarrollo para esta comunidad, instaurar un fastuoso complejo turístico que articule la riqueza cultural e histórica del cerro, con la adopción de una serie de medidas que estarían supuestamente direccionadas a resolver las problemática en materia de necesidades básicas insatisfechas. Debe ser objeto de profunda reflexión
Asimismo, indica este proyecto la obligación de elaborar, diseñar y aplicar estrategias de reubicación de las viviendas que se encuentran en áreas de alto riesgo a causas de los reiterados deslizamientos de tierra que se presentan.
Esta discusión que apenas está cobrando fuerzas en los diferentes escenarios académicos, cívicos y políticos en Cartagena , debe incorporar como nexo conductor central que no puede ser soslayado en el debate amplio de ciudad, la siguiente premisa, la cual gravita en señalar, cuál es el propósito que se pretende alcanzar con la ejecución de esta obra, definiendo si ella está planificada como una estrategia que posibilite la coordinación entre instancias de orden nacional y distrital para brindar una solución integral de las infinidades de asimetrías sociales que existen en el cerro de la popa y los barrios aledaños a esta, o si es más bien , una apuesta que contempla la apropiación de recursos públicos para garantizar inmensas rentabilidades a un operador privado que se adjudique la misma.
Por ello, este Macroproyecto no puede ser despachado con la afirmación vacua de un proyecto para el bienestar general de la comunidad, sino, por el contrario debido a las hondas implicaciones que este puede ocasionar, debe ser sujeto de múltiples debates con la participación activa de todos los actores de la sociedad civil.
Debido a que esta discusión no puede ser simplificada como un tema de progreso y con este argumento, se omite intencionalmente que cualquier tipo de proyecto que se pretenda realizar debe tener especial consideración a la altísima situación de vulnerabilidad social que se presenta en esta población.
En efecto, identificamos como de los 46.129 habitantes que están asentados en esta zona cuyas dimensiones son 279 hectáreas, que representa el 4.8 % de la población de la ciudad y el 26 % de esta Unidad Comunera de Gobierno (UCG), el 61.3 % de esta población se encuentran en condiciones de necesidades básicas insatisfechas y el 28.3 % en condiciones de miseria. ¡Situación social infame que supera en 4.15 veces el promedio nacional¡
Igualmente, tendrían que ser reubicada más de 1.900 familias y total de 8.558 viviendas por causa de este proyecto, de las cuales 645 viviendas son estrato 0, 3.946 son estratos 1, 3.945 son estratos 2 y solo 22 son estratos 3, evidenciado la magnitud de la problemática social que se generaría con un posible desplazamiento urbano en esta zona (GEU, 2010)
En definitiva, este proyecto debe ser detalladamente estudiado porque con el supuesto argumento del progreso en la ciudad, a lo que nadie se opone sensatamente, se puede estar configurado un atentado social de unas proporciones inimaginables a unas comunidades muy vulnerables en aras de garantizar extraordinarias utilidades a un consorcio privado.