El 31de octubre el ministro de agricultura, Carlos Gustavo Cano, escribió: “No es cierto que el Gobierno se haya comprometido a eliminar el Sistema de Franjas de Precios que protege a los productos sensibles de la agricultura nacional, altamente subsidiados por las llamadas ayudas internas en los Estados Unidos…”. Además agregó: “en dicho segmento se hallan…arroz, azúcar, leche, maíz, sorgo, soja, algodón, fríjol, carne de cerdo y pollo…”. El viceministro de esa cartera, Andrés Arias, acotó días después: “Las ganancias en el TLC están en el acceso real de productos como cárnicos, frutas, hortalizas, acuacultura, maderables, tabaco y azúcar…”. Sería una suerte de APTDEA con ñapa y para ello, según Arias, la clave está en conseguir que Estados Unidos dé solución a las barreras fitosanitarias que ha establecido para estos y otros géneros amén de otros instrumentos proteccionistas.
Si bien lo dicho por ambos contraría la estrategia inicial enunciada por Cano de “ceder en el mercado interno para alcanzar algo en el externo”, podría decirse que en conjunto concretan lo que llaman posición defensiva y ofensiva de Colombia en este campo. No obstante, las dos quedan desvirtuadas por los negociadores del Tratado cuando informan de un estado de las conversaciones bien distinto al de los discursos de Arias y Cano. Felipe Jaramillo, encargado de la mesa de Agricultura, dejó establecido no sólo que el Sistema de Protección de Franjas de Precios no es aceptado por los gringos sino que además en su reemplazo se estudia el inicuo mecanismo de Salvaguardias Especiales Agropecuarias. En él, analizando producto por producto y dependiendo en cada caso de determinadas cantidades y del nivel de precios, se podrían limitar o prohibir las compras externas. Algo a lo que ya se había referido con beneplácito el Presidente Uribe. Para colmo de males esa prohibición solo operaría en el periodo en el cual se estén reduciendo los aranceles. El interés norteamericano es que cuando se llegue al cero por ciento de impuesto aduanero también desaparezcan las respectivas salvaguardias, dándose lugar a la “plena competencia”.
Como si lo anterior fuera poco, el Mecanismo de Administración de Contingentes, que hoy opera en el país y por el cual los importadores deben absorber porciones de las cosechas nacionales para poder traer bienes agropecuarios foráneos, podría funcionar en el marco del TLC pero eliminando los requisitos de adquisición interna. Dentro de los mismos informes, también aparece bastante lejana la modificación de las normas sanitarias estadounidenses para permitir el acceso de nuevos géneros que ahora están sujetos a serias restricciones. Quienes hemos podido escuchar a voceros de la industrias norteamericanas de esos sectores sabemos que los “castillos de naipes” de Arias al respecto se derrumbarán para quedar a lo sumo en el análisis de casos en comités deliberatorios.
Así las cosas, el gobierno de Uribe, con ministros y negociadores, no tiene más opción que mostrar lo negociado como hazaña y no faltarán quienes lo magnifiquen como “algo mejor que lo que había”. No puede descartarse que Bush, Zoellick y Vargo no les den siquiera “la hoja de parra” con la que puedan tapar la desnudez de la traición. Al parecer, es lo que van a pedirles a “nombre de la lucha contra el terrorismo”, en la visita a Cartagena en ciernes.
Todo conduce a la imposición del Modelo Agropecuario Alternativo expuesto por Hommes hace dos años: en él, Estados Unidos suministra los alimentos y la dieta básica y los países tropicales competimos entre sí al mismo tiempo por proveer los postres exóticos (léase café, banano, cacao, frutas del trópico y almendras, entre otros) al “mercado más grande del mundo”. Se supone que en dicho intercambio saldremos gananciosos, aunque ello implique permitir a los gringos el “dumping” (exportaciones de excedentes a precios por debajo del costo total) de arroz en un 35 por ciento, de algodón en un 61 por ciento, de maíz en un 36 por ciento, de soja en un 25 por ciento y de cuartos traseros de pollo a precios de remate, para sólo nombrar los más notables, y pese a que tal “dumping” se lleve por delante a 25 mil arroceros, 50 mil cultivadores de trigo y cebada, 20 mil de algodón y 200 mil de maíz así como millones de jornales directos e indirectos. Ningún lugar mejor que ARIZONA, en Tucson, para que al definirse tan espuria negociación, por analogía se vislumbre lo que restará del sector agropecuario colombiano: ARID-ZONE, no por culpa del medio sino por la de gobernantes obsecuentes y timoratos.