Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, 2 de diciembre de 2008
El 26 de octubre de 2008, en el programa, “Veredicto”, invitado por el representante, Germán Navas T., rendí testimonio técnico sobre los estados financieros del grupo DMG. Por lo menos de los que entregó a la Superintendencia de Sociedades el 31 de diciembre de 2007. Cualquier estudiante de contabilidad encontraría que las cifras allí consignadas demostraban ya una vulnerabilidad financiera inquietante.
En 2007, el Grupo DMG tuvo pérdidas operacionales por cerca de 900 millones de pesos, los activos y los pasivos eran casi iguales en 32.500 millones, por lo cual la prueba ácida y la razón corriente, que miden la capacidad de pago a la vista de las deudas, tanto a acreedores (los de las tarjetas pre-pago) como a los proveedores fueran negativas. Sólo tenía algo más de 20 centavos disponibles para pagar cada peso que debía. Otras dos cifras generaban suspicacias; la rentabilidad sobre los activos y sobre los ingresos, que fueron de 72.000 millones, no superaban el 0,11% anual, insólito en cualquier inversión. Así mismo, los gastos de administración eran el 36% de los egresos totales, muy distante del estándar del mercado que es del 10%. Para rematar, el valor de la marca DMG, que era la supuesta palanca del negocio, estaba valorada en 164 millones, el 0,5% de los activos totales.
El abogado defensor, doctor de la Espriella, alegó, para desvirtuar mi opinión, que, si la situación era tan grave, por qué las superintendencias no habían sancionado a DMG. Fue lo que ocurrió, casualmente, días después del programa. Estos hechos brindan evidencia abultada con relación a la omisión en el ejercicio de sus funciones y competencias de las autoridades respectivas, en cabeza del presidente Uribe. En ellas se deposita la protección del ahorro del público, acorde con la Constitución y con disposiciones correspondientes desde 1982. Esa conducta constituye el aspecto principal de una crisis que hoy causa ruinas, desesperanza, actos de orden público y escándalos que vuelven a tocar las puertas de la Casa de Nari, de un modo tal que ya se ha sugerido que, además de negligencia, hubo connivencia.
La explosión de las pirámides “criollas” es la -hasta ahora- más cruda expresión de la crisis económica. Creerse la mentira de que nuestra economía estaba “blindada” contra todo favoreció desatender esa burbuja, formada con ahorros de clases medias que podría sumar más de dos billones de pesos y golpear a millones de hogares. Aunque los acontecimientos no son tan “perfumados” como los de Financial District, tienen las mismas características. Una autoridad complaciente con el relajamiento financiero, que se sabe cuándo inicia como negocio pero no cuando termina como dolo, una economía donde la actividad parasitaria desplaza de las expectativas a la producción y al trabajo, y unos excedentes de capital que en esa perspectiva no encuentran la remuneración esperada, en algunos casos exorbitantes, y se generan bancarrotas, lágrimas, suicidios, detenciones y la aplicación de ruidosos correctivos más dañinos todavía que el mal combatido.
Lo peor es que uno de los pilares del gobierno de Uribe, la confianza-inversionista, se ha derrumbado encima de los de “mala familia”, a quienes se desatendió mientras se colmó de prerrogativas a los de “buena sangre”: las multinacionales de la minería y los hidrocarburos y a los capitales instalados en zonas francas con contratos de seguridad jurídica a la carta. La muy repetida, por estos días, frase de Uribe; “A los inversionistas internacionales tenemos que decirles que cualquier dólar que hayan logrado escapar de esa pirámide de Wall Street… tráiganlo aquí, que aquí les queda seguro”; por lo visto no era para los de Mocoa, ni de Honda, ni de Buesaco, ni de Tocancipá, ni de Pitalito, ni mucho menos para los miembros de “la familia DMG”.