Manifestaciones de la magnitud del jueves pasado en Neiva abogando por la preservación de la cuenca del rio Las Ceibas fuente de agua del acueducto de la ciudad nos recuerdan eventos similares en Bucaramanga a propósito de la intención de adelantar explotación minera en el Páramo de Santurban, los Ibaguereños oponiéndose a la instalación de la mina la Colosa en Cajamarca por la Anglo Gold, el referendo que rechazó en el municipio tolimense de Piedras otra explotación de oro y el repudio de las gentes de la Guajira a la intensión de la compañía El Cerrejón para cambiar el curso del rio Rancherías, todos estos acontecimientos han permitido que las comunidades de diferentes regiones comiencen a prevenir los abusivos permisos que la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA han otorgado a compañías generalmente extranjeras para que realicen labores de sísmica y prospectiva en la mira de proyectos de aprovechamiento de recursos de hidrocarburos, minería o energéticos; llama la atención que muchos de estas licencias se conceden en inmediaciones de asentamientos humanos o zonas que proveen recursos vitales especialmente agua a estas comunidades que necesariamente serán afectadas y que forzosamente se ven obligadas a reaccionar para impedir los daños y los efectos nocivos de tan irresponsables y perversas decisiones.
Al mismo tiempo debemos recordar que con la suscripción de diversos Tratados de Libre Comercio y ahora acuerdo con la Alianza Pacífico, las controversias que se suscitan con los inversionistas no son competencia de las Cortes o autoridades judiciales nacionales sino de tribunales internacionales que pasan por encima de las normatividades internas y de los intereses de los pueblos para defender la rentabilidad de las multinacionales que alegan perjuicios que hay que indemnizar si no logran adelantar la explotación que les conceden las licencias; vistos estos aspectos es inevitable sospechar que en la era de los especuladores quienes definen las reglas de juego han diseñado una legislación – para garantizar a quienes son sus empleadores en los momentos que no son funcionarios del Estado – que los convierta en aprovechadores de los recursos fiscales sin la obligación de ejecutar los proyectos sino de apelar a demandas que de antemano saben que ganaran sin necesidad de trabajar, es una típica extorsión en la que el indefenso se ve avasallado por el agresor, para terminar con esta inmoralidad los Colombianos debemos respaldar la opción de la renegociación de estos lesivos tratados planteado por la Candidata presidencial Clara López Obregón el 25 de mayo.