Unión Sindical Obrera -USO-, Barrancabermeja, agosto 28 de 2003
En reunión del 14 de agosto pasado, la Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera (USO) resolvió por mayoría aceptar una exigencia patronal que hasta esa fecha el sindicato había justamente rechazado: entrar a negociar los puntos del contrapliego presentado por la empresa. El 22 de agosto, semejante concesión fue ratificada también mayoritariamente por la máxima autoridad de nuestra organización sindical, la Asamblea Nacional de Delegados. De esta manera la Junta y la Asamblea cambiaron la posición que durante nueve meses permitió resistir con éxito la ofensiva desatada contra ECOPETROL y la Convención de los trabajadores por parte de Uribe Vélez y su agente, el presidente de la empresa Isaac Yanovich. Este cambio se produjo en momentos en que el gobierno y la empresa arreciaban su chantaje de instalar el tribunal de arbitramento.
El imperialismo y el gobierno de Álvaro Uribe han dispuesto una ofensiva definitiva contra la producción nacional, el patrimonio público y el trabajo de los colombianos. Son objetivos de esa política las telecomunicaciones, el petróleo, el carbón, el espacio aéreo y servicios esenciales como la salud, la educación y la justicia, como se evidenció con las disposiciones gubernamentales sobre Telecom, Ecopetrol, ISS, Sena y varios ministerios, entre otros. Para perpetrar tal raponazo a la nación y a los trabajadores, las mayorías uribistas del Congreso no tuvieron escrúpulos en otorgarle facultades extraordinarias a Uribe Vélez.
Desde diciembre de 2002 eran patentes los arbitrarios designios del gobierno y la administración contra la empresa, los derechos de los trabajadores y la consistencia del sindicato. El reto fue explícitamente planteado: debilitar a Ecopetrol y ahondar la privatización del petróleo; postrar a la USO. y recortar los derechos de los obreros mediante el contrapliego. Se recurrió a la reducción de personal, a marginar los temporales y al despido de dirigentes y activistas, así como al cercenamiento de las libertades sindicales con demandas, procesos disciplinarios y prohibición del ingreso a los sitios de trabajo a dirigentes y operarios. En fin, toda clase de persecuciones propias de los regímenes fascistas, como preludio a la negociación colectiva y a los decretos de privatización.
Nunca hubo un gobierno tan empecinado como este de Uribe Vélez e Isaac Yanovich en cumplir con los pedidos del imperialismo y los organismos multilaterales en cuanto al manejo del petróleo y el gas. Todas sus medidas sirven a ese fin: división y escisión de Ecopetrol, prórroga de todos los contratos de asociación hasta el agotamiento, internacionalización del precio de los combustibles, contrapliego y convocatoria del tribunal de arbitramento.
Para contrarrestar esta ofensiva, la Asamblea Nacional de Delegados del 16 de noviembre de 2002 determinó una política unitaria y combativa contra estas amenazas. Se aunaron voluntades en torno a la preparación y realización de una huelga general para frenar la división y privatización de Ecopetrol, derrotar el contrapliego y el tribunal de arbitramento, defender el pliego y la convención, exigir el reintegro de los despedidos y salvaguardar la estabilidad del sindicato. La táctica se adoptó por unanimidad y acertadamente se desplegó un gran trabajo de organización, denuncias y convocatorias por la defensa del patrimonio público. La USO, honrando su tradición de lucha, resistió y mantuvo la moral en alto durante nueve largos meses.
Se desarrollaron movilizaciones, paros, mítines, foros y asambleas, y se opuso resistencia a la represión de la fuerza pública que, obedeciendo órdenes expresas de Uribe y Yanovich, trató infructuosamente de minar la voluntad de lucha de las bases y la dirección sindical. A pesar de la prohibición a dirigentes y trabajadores de ingresar a sus sitios de trabajo, realizamos doce días de paro contra el nefasto Decreto 1760 que dividió y escindió a Ecopetrol. La fuerza de las movilizaciones realizadas en Barrancabermeja con participación de vastos sectores de la población, obligaron a Uribe a retirar del texto de los decretos asuntos tales como la liquidación de los contratos de trabajo y el desmonte de la convención, así como los que apuntaban al marchitamiento de la organización sindical.
Los nueve meses de permanente lucha han demandado de la dirección sindical tanto madurez y firmeza como alta flexibilidad en la táctica. Se hicieron justas y necesarias concesiones recíprocas que redundaron positivamente en márgenes para manejar los tiempos de la negociación, acortar la intensidad y duración de las tareas, organizar los foros con otros sectores sociales para la construcción del Frente Patriótico por la Defensa de ECOPETROL y perseverar en las reuniones con el gobierno y la empresa en la búsqueda de una solución directa del conflicto. Se flexibilizó la propuesta del sindicato hasta reducir el pliego a las aspiraciones mínimas y aceptar negociación en asuntos puntuales que, aunque estaban enunciados en el contrapliego, el sindicato no tenía mayor impedimento en abordarlos como eran la definición de las actividades de la industria del petróleo (Arts. 2 y 3 CCTV) y lo relacionado con las condiciones de seguridad social para los trabajadores nuevos. En esta propuesta se preservan rigurosamente los puntos de política petrolera que se contraponen de hecho a los contenidos del decreto 1760. Tal paso táctico fue aprobado por la Asamblea Nacional de Delegados extraordinaria, realizada los días 17 y 18 de Junio de 2003.
La posición flexible de la USO expresada por escrito a los Ministros de Minas y Energía y de Protección Social, así como a Isaac Yanovich, fue respondida con un portazo en la cara a los dirigentes del sindicato, pues una y diez veces más estos ensoberbecidos funcionarios manifestaron rotundamente que para el gobierno era de “principios” negociar el contrapliego, acabar la temporalidad cambiándola por contratistas, suprimir la estabilidad laboral, aplicar las lesivas disposiciones legales en salud, pensiones y subsidio familiar, imponer el escalafón por meritocracia y negar el aumento salarial durante la vigencia de la convención, además de lo que eventualmente imponga el referendo. Se han negado de manera tajante a examinar la situación de la empresa y mucho menos a discutir sobre la política petrolera. Luego de retractarse con cinismo del compromiso adquirido en diciembre de 2002 por Uribe Vélez de estudiar el reintegro de los compañeros despedidos, se han dedicado con tenacidad a promover la instalación del tribunal de arbitramento.
Así las cosas, la respuesta consecuente con los intereses de la nación, el sindicato y los trabajadores era realizar la huelga general en Ecopetrol. Los trabajadores habían dado recias muestras de combatividad en diversos eventos de masas: el paro del 19 de febrero, el enfrentamiento provocado por la fuerza publica y el consiguiente cese de actividades en la refinería y otros centros de producción el 21 de febrero, la actitud de convertir los cuatro vetos patronales en jornadas de organización y movilización contra la política gubernamental, la realización de todos los paros convocados por el comando nacional unitario y las grandiosas movilizaciones realizadas en Barrancabermeja, incluyendo la jornada cívica del 24 de julio contra la división y escisión de ECOPETROL. Todas estas son pruebas fehacientes de la capacidad de lucha de las bases de la USO, en acatamiento de los llamados a cumplir con la defensa de Ecopetrol, la convención y el sindicato, y explican la solidaridad y la simpatía que se han ganado en otros sectores sociales, algo que nadie puede negar ni demeritar.
La táctica del sindicato se quiebra el 14 de agosto, cuando por mayoría la Junta Directiva Nacional aprueba adelantar negociaciones sobre la totalidad de los puntos del contrapliego y hacer formulaciones en la mesa de negociación, todo lo cual iba más allá de la autorización otorgada por la Asamblea Nacional de Delegados del 17 y 18 de junio. Por una mayoría de 10 votos contra 8, se aprobó este retroceso en la posición de firmeza que había venido sosteniendo la USO frente a las pretensiones del gobierno. Quienes defendimos no ceder ante el chantaje y las amenazas de Uribe y Yanovich: los compañeros Rodolfo Gutiérrez, Roberto Schmalbach, Pedro Calderón, Gerardo García, Danilo Sánchez, Germán Osman, Julio Díaz y Fabio Díaz, apelamos esta decisión ante la instancia superior del sindicato, la Asamblea Nacional de Delegados. Optamos entonces, por retirar de la comisión negociadora a los compañeros Yorguín Benítez, Germán Osman, Fabio Díaz, Roberto Schamalbach y Guillermo González.
La Asamblea Nacional de Delegados extraordinaria celebrada en Barrancabermeja el día viernes 22 de agosto, discutió la situación y, en una definición que reflejó la composición política del sindicato, aprobó por mayoría modificar el rumbo adoptado en las asambleas de noviembre y junio. Como resultado, se autorizó la negociación del contrapliego. Esta decisión tiene repercusiones graves en la USO y en el movimiento obrero, pues se ha roto la tradición consecuente del sindicato más importante del país al quebrantar su casi centenaria Plataforma de Lucha que rechaza de manera categórica los contrapliegos y tribunales de arbitramento, se ha renunciado a librar la batalla y en cambio se ha entrado a negociar rebajas en los derechos arduamente conquistados. Se alimenta así la perniciosa postura de la corriente sindical que clama por la conciliación y el acomodamiento ante el avasallador embate de las políticas del imperialismo que sumisamente aplica Uribe, y se le hace eco a las expresiones de desmoralización e impotencia ante las políticas neoliberales que asolan al país.
En lo que a nosotros corresponde, acataremos la decisión democrática tomada por mayoría en la mencionada asamblea extraordinaria. Pero esto no obsta para que, ejerciendo también un derecho democrático, demos a conocer nuestro punto de vista, con el propósito central de contribuir a educar y esclarecer entre los trabajadores y demás clases antiimperialistas cuál debe ser la posición y conducta que hemos de asumir si queremos derrotar las nefastas políticas en boga y conquistar para los trabajadores y el país un mejor porvenir. Con un espíritu unitario, estaremos prestos en puestos de combate cuando ante el fracaso de dicha táctica y la intensificación de la embestida de Uribe y Yanovich contra Ecopetrol y sus trabajadores, el conjunto del sindicato rectifique el rumbo y decida dar batalla. Persistiremos en oponer la huelga general al tribunal de arbitramento y en llamar a la sensatez y la consecuencia a quienes se empeñaron en acceder a la flexibilización laboral reclamada por los neoliberales, olvidando que los trabajadores no somos la causa de la crisis en ninguna empresa y que el gobierno reaccionario de Uribe, como dice el refrán del cocodrilo hambriento, no se conformará con las presas que le arrojen, sino que siempre intentará engullirse al alimentador.
La USO debe preservar su postura antiimperialista, antigobiernista y antipatronal. La discusión respecto a la controversia aquí señalada merece plenas garantías y su desarrollo exige adoptar una actitud civilizada en aras de la consolidación de nuestra organización frente a sus recalcitrantes enemigos. Más allá de los epítetos y el sectarismo que suele prevalecer en estos debates, lo que le importa a la clase obrera y a todos los demócratas y patriotas es esclarecer plenamente cuál es la táctica que corresponde a la necesidad de oponer resistencia a la recolonización del país que adelanta el gobierno de Estados Unidos con la complicidad de Uribe Vélez y los neoliberales. Que los obreros puedan escoger entre resistir con valor y dignidad como lo hemos propuesto e impulsado en Ecopetrol o desfallecer y caer en los laberintos de la conciliación, la concertación, o como quiera que se le llame a la renuncia a la lucha.
Firmado por:
RODOLFO GUTIÉRREZ, ROBERTO SCHMALBACH, GERARDO GARCÍA, DANILO SÁNCHEZ, GERMÁN OSMAN, JULIO DÍAZ Y FABIO DÍAZ.