El borrador secreto sobre inversiones, contiene graves amenazas para el país y su aceptación implica privilegiar ante todo los derechos de los inversionistas por encima de los de la nación y la sociedad
Recalca conoció el proyecto de capítulo de inversión presentado por Estados Unidos y que es mantenido en reserva por el gobierno colombiano. También un equipo de Recalca comparó este capitulo con el capitulo 11 del TLCAN, el 10 del TLC con Chile y del 10 del TLC con Centroamérica, los cuales contienen el mismo tema.
Un análisis preliminar estableció que el borrador norteamericano es idéntico a lo aprobado en los otros tratados y que la exigencia de confidencialidad lo único que logra es esconder a la opinión pública el hecho de que lo que los países andinos terminarán firmando será una simple copia de lo aprobado en los otros tratados.
El capítulo, ante todo busca proteger los intereses de los inversionistas extranjeros, dándoles un trato idéntico que a los nacionales, lo cual en la práctica es darles las ventajas que se derivan de su poderío económico, su mayor capacidad de influir en decisiones gubernamentales y la posesión de una estrategia mundial.
Se permite a los inversionistas demandar al gobierno colombiano y los mecanismos de solución de estas controversias sustraen de nuestra jurisdicción más importantes litigios económicos al remitirlos a paneles internacionales que no tendrán en cuenta nuestros preceptos constitucionales ni el bien público. Los derechos de los inversionistas son celosamente resguardados, pero no los derechos de los ciudadanos a un medio ambiente adecuado, al desarrollo social o los derechos de la nación a establecer políticas de desarrollo y a supeditar la inversión extranjera a los planes de desarrollo nacional.
Se adopta una definición muy amplia de inversión que incluye desde la propiedad intelectual hasta los bonos, acciones, futuros y toda la variedad de capitales especulativos y se restringe la capacidad del Estado de regularlos. Se prohíbe la utilización de requisitos de desempeño por medio de los cuales a la inversión extranjera se le exija la contratación de mano de obra local, la transferencia de tecnología, el cuidado del medio ambiente o el uso de insumos nacionales. Se excluye la posibilidad de que se de preferencia a empresas nacionales en las compras y contratación con el sector público y se permite que haya libre transferencia de ganancias. Se establece que no se puede exigir que en los niveles directivos haya determinada composición nacional.
Estas disposiciones sobre inversión han sido rechazadas ampliamente a nivel mundial. La OMC no ha podido incluir este tema en sus negociaciones internacionales y en el ALCA hubo muchas discrepancias al respecto. En el TLC Andino se quiere imponer a los países una normatividad que no es aceptada por decenas de países. Lo más grave de todo es que el gobierno ya está adoptando medidas sobre el tema que dan por descontada la firma del borrador norteamericano. La ley sobre seguridad para los inversionistas, que está en trámite en el Congreso, garantiza que las inversiones superiores a 11 mil millones de pesos no se verían afectadas en caso de modificaciones en el impuesto a la renta y el gobierno anunció una eliminación de los impuestos a las remesas de utilidades.
Este capítulo es un ejemplo del contenido normativo del TLC que deformará el futuro del país y el debate sobre el tema ha sido soslayado por el gobierno el cual se limita a informar algo sobre las negociaciones de acceso a mercado.
Ninguna de las declaraciones oficiales muestran que exista conciencia de este peligro y nada indica que el gobierno esté dispuesto siquiera a exceptuar sectores de este tratamiento privilegiado a los inversionistas extranjeros.
Exigimos que haya un amplio debate sobre el capítulo de inversiones, el hecho de que se mantenga la confidencialidad sobre estos borradores norteamericanos debilita aún más la posición negociadora del país y hacen evidente la inconveniencia de la suscripción del TLC.