El 12 de diciembre de 2003, la Comisión Nacional de Concertación suscribió el acuerdo sobre el salario mínimo que deberá regir a partir de enero de 2004. Al día siguiente, el diario El Tiempo informó que se había hecho la mayor alza de los últimos 12 años, los presidentes de las centrales obreras afirmaron que “por primera vez en la historia de una negociación”, habían acordado ocho puntos adicionales al salario y el Ministro de la Protección Social se dedicó a repartir felicitaciones por los logros alcanzados.
La impresión que se ha pretendido dar es la de que todo el mundo quedó satisfecho con el reajuste de $26.000,00 (7.83%) en el salario mínimo y de $4.100,00 (11%) en el auxilio de transporte, que sumados no alcanzan en el mes ni para un pasaje diario en Transmilenio. Por eso, los trabajadores, especialmente los de salario mínimo, no tienen razones para participar de tanta euforia y demandan explicaciones sobre lo sucedido.
En lo que respecta a la CUT, por propuesta del sector minoritario el Comité Ejecutivo, se definieron los criterios para la negociación, que fueron consignados en un documento el 12 de noviembre, en el que se estableció que había que tener en cuenta que “el Gobierno hizo aprobar en el Congreso de la República una serie de reformas que han recortado sensiblemente los ingresos de los trabajadores y han envilecido las condiciones laborales, mientras el desempleo, el subempleo y la informalidad continúan golpeando severamente a la mayoría de los colombianos”, razones por la cuales la discusión no debía limitarse al porcentaje de reajuste, sino abarcar otros temas, entre ellos, la congelación de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1, 2 y 3, de los costos de la “canasta educativa” y de por lo menos los principales 100 artículos de la canasta familiar básica, lo mismo que definiciones claras sobre el reajuste salarial de los trabajadores del Estado y garantías para hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva.
No obstante esta definiciones, el 9 de diciembre el Presidente de la CUT firmó un documento con los presidentes de las demás centrales en el que se comenzaba a dar marcha atrás en lo acordado, puesto que sólo se pedía la congelación de las tarifas de los servicios públicos para los estratos 1 y 2, al tiempo que se aceptaba un reajuste del 5.5% para el estrato 3 y para las matrículas de la educación básica y se solicitaba mantener hasta junio de 2004 los mismos precios de 127 productos básicos de la canasta familiar. En cuanto a los trabajadores estatales, se limitaban a pedir que se instalara una mesa de discusión el 20 de enero, pero sin concretar ningún compromiso claro por parte del Gobierno. Así mismo, se pedía un reajuste de $30.544,00 (9.2%) en el salario mínimo y de $4.500,00 (12%) en el auxilio de transporte. Sobre los demás aspectos de la negociación, el documento sólo contenía vaguedades.
El acuerdo firmado retrocede aún más en las posiciones fijadas inicialmente, como se puede concluir de la lectura de los párrafos que transcribimos:
“1. Asumir como parte de la concertación, el acuerdo logrado en el mes de diciembre por el Ministerio de Agricultura con las centrales de abastos, para que los precios registrados en dicho mes sean los topes para los 80 artículos de primera necesidad de la canasta básica familiar, hasta enero de 2004”… “Empresarios y trabajadores solicitan al gobierno propiciar la ampliación de este mecanismo hasta el mes de marzo de 2004”.
“2. El gobierno buscará que aquellos costos educativos sobre los cuales tiene control directo, no crezcan durante el 2004 por encima del 5.5% y promoverá que los componentes de la canasta educativa se mantengan estables”.
“3. El Gobierno mantendrá, a precios constantes, con base en las tarifas de diciembre de 2003, las tarifas de los servicios públicos para los estratos 1 y 2. incluyendo los correspondientes subsidios”.
“5. Los representantes del gobierno, de la CUT, CGTD, CTC y de las Federaciones Estatales: Fenaltrase, Utradec, Futec y Fecode, instalarán el 20 de enero de 2004, una mesa bilateral para discutir el Plan de Reforma del Estado, la implementación de la carrera administrativa, aumento salarial, el desarrollo de los Convenios de la OIT números 154, 87, 98 y 151, así como la Ley 411 de 1997 y la situación de los maestros”.
El precario reajuste salarial apenas sobrepasará 1.5% por encima del IPC causado, cuando los estudios de los economistas demuestran que durante la década de los 90 el salario mínimo ha perdido un 9% de su poder adquisitivo, y el auxilio de transporte fue aún más precario, puesto que según los datos del Ministerio de la Protección Social el IPC del transporte subió durante los últimos 12 meses un 12.5% y el reajuste fue apenas del 11%.
En síntesis, lo que hace el acuerdo es avalar la política consignada en el Plan de Desarrollo y en otras leyes, sin modificar ni una coma de esa política, que, como se sabe, es el acatamiento a los mandatos del Fondo Monetario Internacional y de los demás organismos multilaterales dominados por Estados Unidos. Un ejemplo de ello es lo consignado en el Plan de Desarrollo en materia de servicios públicos, cuyo texto dice: “El Gobierno modificará las normas vigentes de tal manera que los subsidios sólo cubran las necesidades básicas para subsistencia de los sectores más pobres. Se buscará que las tarifas de los consumos de subsistencia no aumentan por encima de la inflación, siempre y cuando esto no ponga en peligro las metas fiscales” (Las subraya son nuestras)
La democracia sindical vuelve a ser atropellada.
El mismo día en que se definieron los criterios de negociación se nombró la comisión negociadora por parte de la CUT, compuesta por Carlos Rodríguez, Miguel Antonio Caro, Boris Montes de Oca y Patricia Buriticá. Posteriormente, se acordó que las fórmulas de negociación serían consultadas entre los miembros de la comisión y que, en caso de discrepancias, estas se llevarían al Comité Ejecutivo para que decidiera. Nada de esto se cumplió, y lo que resulta aún peor es que en la última reunión de la Comisión de Concertación, donde se suscribieron los acuerdos, sólo apareció el Presidente de la CUT, pues, en el caso del compañero Miguel Antonio Caro, no fue informado de la reunión.
La firma del acuerdo por parte de la CUT violentó la democracia sindical y constituye un retroceso para el ambiente de trabajo ganado en la lucha contra el Referendo, el ALCA y las demás políticas del gobierno de Uribe Vélez. La postura de las centrales en la Comisión Nacional de Concertación no es consecuente en la confrontación de las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno y provoca desconcierto y confusión en las filas del movimiento obrero y popular.
Resulta inaudito aceptar dicha propuesta con el argumento simplista de ganar de ese modo la condición de interlocutores del gobierno. Con tal criterio podríamos aceptar todas las lesivas iniciativas del establecimiento, por el prurito de aparecer como interlocutores de un gobierno ultraderechista e incondicional de los gringos, que se ha dedicado a aniquilar los derechos de los trabajadores y a exterminar los sindicatos, que realiza toda clase de maniobras para revivir el Referendo que fue derrotado por el pueblo el 25 de octubre y que continúa llevando al Congreso de la República las reformas más regresivas. Es francamente grotesco que el malhadado acuerdo se presente como “ejemplo para la reconciliación nacional”, cuando en realidad sólo es un ejemplo de lo que nunca debería hacerse en nombre de los trabajadores.
Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2003
MIGUEL ANTONIO CARO PINEDA
Director Dpto Estatal
GUSTAVO TRIANA S.
Secretario Asuntos Energéticos y Mineros
DOMINGO TOVAR ARRIETA
Director Dpto DD.HH.
ÁLVARO F. MORALES S.
Secretario Asuntos de la Construcción
TARSICIO RIVERA MUÑOZ
Secretario Asuntos del Sector Financiero
WILSON ARIAS
Director del Dpto Comunicaciones
ALFONSO VELÁSQUEZ RICO
Director del Dpto Jurídico y Negociación Colectiva
DIÓGENES ORJUELA
Secretario Asuntos Industria de Alimentos
ALBERTO VANEGAS
Secretario Asuntos del Transporte
(Reemplazo temporal de Gloria Inés Ramírez)