Más de 150 mil habitantes del cono sur del departamento del Atlántico vivieron a partir del 30 de noviembre de 2010 la más difícil de las experiencias al romperse el Canal del Dique a la altura de Santa Lucía y abrir un boquete de 240 metros de ancho por donde entraron más de dos mil millones de metros cúbicos de agua que inundaron más de cuarenta mil hectáreas de terrenos sembrados en alimentos y pastos y los cascos urbanos de Santa Lucía, Manatí, Campo de la Cruz, Candelaria, Suán, Repelón y varios corregimientos de Sabanalarga.
Uno de los aspectos que agrava el inmenso desastre es que se trató de una tragedia anunciada como lo demuestran las denuncias de varias organizaciones sobre el mal estado de la vía que sirve de contención al Canal del Dique antes de los sucesos y que recogió el diario La Libertad en su edición del 24 de mayo de 2009 en una crónica titulada “Temor y zozobra en el Atlántico: El Sur a merced de las aguas del Canal del Dique”.
En el mes de septiembre pasado estuvo la Comisión V del Senado de la República en el municipio de Campo de la Cruz, en cuya sesión las fuerzas vivas de la región, alcaldes, concejales y líderes de los damnificados fustigaron al gobierno nacional por la desidia y el desinterés estatal para resolver la grave problemática resumida en colapso total de la actividad económica, falta de evacuación de las aguas que aun inundan más de quince mil hectáreas, desempleo, infraestructura de hospitales, colegios y servicios públicos averiada, miles de casas sin construir, deudas de diverso tipo sin ninguna posibilidad de pago, descomposición del tejido social, persistencia de cambuches a las orillas de las carreteras. Los mismos senadores le reclamaron al gobierno soluciones que no dan espera.
Ahora se cumplen dos años de la fatídica fecha que empeoró la situación en que vivían los distintos sectores sociales en esa región productora de alimentos para la región Caribe. Y lo que se siente es abandono del Estado, lo que ha llevado a que se realicen múltiples protestas completamente justificadas. El contraste es la mano larga del gobierno para con los potentados y empresas trasnacionales que saquean los recursos naturales de Colombia y que ahora les quiere dar más beneficios y privilegios rebajándoles el impuesto de renta con la malhadada reforma tributaria y que se los quieren cobrar con aumentos del IVA a la población más pobre y necesitada como la del sur del Atlántico.
La Gran Coalición Democrática del Atlántico expresa su solidaridad con los miles de damnificados de esta región, le exige al gobierno nacional y departamental soluciones reales y concretas como lo piden nuestros compatriotas en sus justas demandas y los invita a marchar en la Toma de Barranquilla el 5 de diciembre a las nueve de la mañana desde el Parque del Cementerio Universal para sentar su voz de protesta y rechazar la reforma tributaria.
Gran Coalición Democrática, Polo Democrático Alternativo, Centrales Obreras, CUT, UTRAL-CGT, CTC, ADEA, ADEBA, UNEB, Mesa Amplia Local Estudiantil, Asociaciones de Pensionados, Movimiento Progresistas, Comité de Comerciantes Estacionarios, Comité de Base de la Salud, Confluencia de Mujeres, Unión Sindical de Directivos Docentes (USDE)