Las Inspecciones de Bruselas y Guacacayo en la zona rural de Pitalito, en el futuro podrán tomar agua potable, pues la Asociación Departamental de Usuarios de Servicios Públicos acompañada de habitantes de la zona interpusieron el recurso de acción popular y el gobierno se vio obligado a programar en el Plan Departamental de Aguas el contrato para instalar planta de tratamiento para sus acueductos. De igual forma la CAM, la Gobernación del Huila, el Municipio de Neiva y Empresas Públicas deberán responder por el manejo de las aguas residuales, presionados por el fallo producto de una acción similar prevista en el primer inciso del artículo 88 de la constitución política. Ambas acciones, demandaron recursos y tiempo valioso a quienes las prepararon, por lo que la norma tenia previsto una compensación que cubriera sus gastos y su dedicación. Ahora por proyecto de ley presentado por el gobierno de Santos y aprobado a pupitraso limpio por las mayorías en el Congreso, dichos estipendios desaparecen desestimulando la gestión de las comunidades y dejando como letra muerta la acción popular como un mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el ambiente sano, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad pública, servicios públicos, moralidad administrativa, libre competencia económica, entre otros.
Igual le acontece a la acción de Tutela, mecanismo creado en el artículo 86 de la Constitución, mediante el cual todo ciudadano puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales como: la vida, la salud, la educación o cualquier otro afectado por la acción u omisión de las autoridades y que ahora en virtud de la denominada regla fiscal, en curso de aprobación por la aplanadora Santista en el parlamento, perderá toda posibilidad de defender realmente a los colombianos. Las Dolores que para lograr los medicamentos de enfermedades como el VIH, el cáncer, la diabetes, el Parkinson u otras catastróficas han acudido a la tutela en vista de la negligencia de las EPS, en adelante tendrán que rogar para que la excusa de la sostenibilidad fiscal, no se convierta en el obstáculo que les impida acceder a la atención médica que requieren, so pena de verse condenados al deterioro acelerado de su salud por cuenta de una argucia contable y financiera.
Es de esperarse que en breve tiempo, el Gobierno suprima o restrinja otros recursos de control social como las veedurías: “un mecanismo democrático de representación que le permite a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de programas, proyectos, contratos o de la prestación de servicios públicos”.
Se trata de una estrategia coordinada desde Palacio de Nariño, para que en la acelerada carrera de allanar el camino a los negocios del capital financiero y a la inversión extranjera, no se presente ningún tipo de obstáculo a sus torvos propósitos, pues la máxima rentabilidad de sus inversiones deriva del atropello de todos los derechos de los individuos y de las comunidades e involucra la afectación sin límite del entorno que nos rodea. Santos y su combo están empeñados en permitir derechos solo en el papel.