Una de las más publicitadas virtudes por parte de los promotores del referendo uribista “contra la politiquería y la corrupción” es la naturaleza democrática del acto, “de la que supuestamente queda imbuido al consultar” al constituyente primario. Algunos analistas recientemente han tratado el asunto por el camino más fácil, al ratificar dicho carácter popular, y, a la vez, reducir la evaluación institucional del “instrumento” a sus resultados, a los errores o aciertos en cada caso de la “sabiduría popular” o al credo político del gobernante que lo convoca. Como ejemplo positivo se cita al plebiscito que creó a partir de 1958 y por 16 años el Frente Nacional.
Éste, salido del Pacto de Benidorm entre Laureano Gómez y Alberto Lleras con el cual se selló la excluyente alianza liberal-conservadora, sí que sirve para ratificar lo contrario del alegato de sus defensores. La alternación presidencial y la “milimétrica” repartición de la burocracia gubernamental convirtieron a los directorios políticos como principales nominadores del Estado, sin dejar escapar de su control ni el nombramiento en la más alejada inspección de policía; para sólo recordar algunas de las “democráticas” herencias que dejó esa “efemérides de la vida nacional”. Ella también tenía “carnadas” como el ejercicio, por vez primera, del derecho al voto para la mujer y con él consagró el monopolio de la función pública a los recomendados de los “caciques”, tanto que la ilusión, cocinada al calor de la “séptima papeleta”, del Revolcón del 91, uno que también redujo el tamaño del Congreso, se propaló con base en las aberraciones que el Frente Nacional incubó.
Y, con el referendo actual pasa lo mismo: con la bandera de eliminar las “operaciones avispa”, nacidas en el Revolcón desde la misma elección de la Constituyente, se monta otra reducción de los miembros del Congreso y se inventan umbrales y cifras repartidoras, mediante fórmulas casi indescifrables, que sólo concentrarán más poder en manos de las montoneras que se formen alimentadas con las contribuciones de los poderosos grupos económicos; produciendo, al final, un legislativo más dócil y cercano a los poderes reales, incluido el de los gringos. Transforma la vieja alianza liberal-conservadora de 1958 en una nueva alianza neoliberal. ¿O es que, al quedar apenas ochenta senadores, serán quienes menos votos compren o quienes menos favores reciban del Ejecutivo los que quedarán en el Congreso? ¿La más cerrada competencia se librará a favor de los débiles? ¿El contubernio de los tres poderes, que ahora llaman “gobernabilidad” y que se compra y vende, desaparecerá con veinte senadores menos? ¿Se logrará con eso un presupuesto más “participativo” como el que también propone el entresijo en el numeral 4? Hay que ser muy ingenuo para pensar así o muy perverso para difundir respuestas positivas a estos interrogantes. Es, en perspectiva, una reencarnación del Pacto de Benidorm a lo “posmoderno”.
No sólo así se golpea a la democracia. El Ministerio Público, inscrito en las constituciones burguesas como mecanismo para contener el despotismo que pudiera existir como remanente del orden feudal, va hacia uno de sus peores destinos. La supresión de las contralorías tendrá como sucedáneo las firmas de revisoría fiscal privadas multinacionales, como Arthur Andersen o similares, cómplices en los fraudes de ENRON, WORLDCOM y tantos más. Se reemplazaría la “politiquería” por los intereses de ganancia y negocio de las firmas auditoras, se privatizará el control público. Y las personerías para municipios mayores de 100.000 personas, que ocupan el papel de salvaguarda de los pocos derechos ciudadanos que aún perduran, se irán de un “plumazo” dizque para destinar sus irrisorios presupuestos a la educación del estrato uno y al saneamiento básico. ¿Es acaso muy generoso imponer: ¡Si quieren cartillas y alcantarillas, entreguen los derechos civiles!? ¿Registran los anales políticos una más vulgar compraventa de la democracia? ¿No encierra tal dicotomía un desprecio enorme por la conciencia política de las mayorías? ¿No están inmersos esos enunciados en las aguas del pan y el circo propias de las “tiranías democráticas”?
No puede pasarse por el alto la pregunta 19, la que induce al voto positivo para todas las demás. ¿Qué se encierra ahí si no el sentido pragmático del “seguidismo” político, que endosa la conciencia individual a la voluntad del “amado gobernante”? Esta es la pregunta “estrella”, la que al responderse afirmativamente dará “el voto de confianza que el gobernante requiere en esta hora aciaga para la vida republicana”. Con esa y otras argucias, del repertorio de hábiles embaucadores, se seducirá a los ciudadanos a quienes se pedirá cerrar filas en torno a la democracia. ¡Cuánto descaro! Apuntalar la tiranía a nombre de la democracia! He ahí la síntesis de este referendo de 2003 en Colombia, todavía más despótico; peor que los anteriores!
Marzo 24 de 2003