7 de diciembre de 1999
Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Bogotá
REF: ACCIÓN POPULAR Nº 025
De Sintraisagen y otros
Contra: La Nación (Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de
Hacienda y Presidente de la República.
Magistrado Ponente: Dr. Alvaro Vera Jaimes
Asunto: Coadyuvancia
JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO, mayor de edad, vecino de Manizales, en mi condición de ciudadano colombiano, explico esta coadyuvancia en los siguientes términos.
RAZONES Y FUNDAMENTOS:
En tres partes divido las razones de esta coadyuvancia. La primera tiene que ver con los muchos daños que sufrirían los intereses nacionales con la privatización de Isagen S.A. E.S.P., según lo señalado por Sintraisagen en la Acción Popular instaurada La segunda señala las consecuencias negativas que esa venta tendría para los habitantes del departamento de Caldas, dado que Isagen es socia de la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, en Hidromiel y en el Fideicomiso Miel I y dado que el departamento de Caldas, el municipio de Manizales y otros municipios de la región poseen casi la mitad de la acciones de la CHEC, el 49.955 por ciento, exactamente. Y la tercera argumenta que ese proceso de privatización tiene origen en una violación de la soberanía nacional y que la lesiona aún más, lo que, por supuesto, afecta el interés público.
Primero:
De acuerdo con lo señalado por Sintraisagen en la Acción Popular instaurada, es claro que la valoración que hizo Inverlik de los activos de Isagen no incluyó los bosques y los espejos de agua que posee la empresa, activos que son susceptibles de terminar siendo vendidos a cambio de emisiones de CO2. Tampoco contabilizó el banco de proyectos de la empresa, banco en el que se han invertido más de cien mil millones de pesos. Y no valoró el conocimiento representado por los 48 expertos que en asuntos hidroeléctricos y termoeléctricos tiene Isagen, el cual desaparecería con la venta de la empresa, con la consecuente pérdida para la Nación.
El otro hecho grave de la privatización de Isagen es que en ella está involucrado Inverlik, la misma empresa que le dio piso “científico” y “técnico” a las pérdidas del patrimonio público ocurridas en las privatizaciones de Termotasajero, Betania y Chivor. ¿Qué le premiarán con este nuevo y jugoso contrato, la acción o la omisión en los negocios anteriores? Y es el colmo que a esa firma extranjera se le haya otorgado, al mismo tiempo, el poder de definir el valor de los activos a vender, la selección de quiénes pueden entrar en la oferta, la recomendación del comprador y la ejecución del proceso de venta. En un mundo tan corrupto como el actual, ¿no es por lo menos curioso que al mismo actor se le den tantas prerrogativas? ¿No señala la más elemental medida preventiva dividir entre varios actores esas funciones? ¿Así se protege la “moral administrativa” de que habla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia?
Entre los asuntos que recomienda la banca de inversión que deben ser observados con el mayor cuidado, porque con él se está justificando cualquier despojo del patrimonio nacional, está el relativo a las tasas de descuento (la utilidad) que el gobierno colombiano le viene aceptando como lícitas a los compradores privados, porque en ellas está el por qué de unas privatizaciones que se hacen con precios tan escandalosamente bajos, como ya se ha denunciado hasta la saciedad. El truco es simple: el comprador establece a su arbitrio que no está dispuesto a invertir en Colombia si no se le conceden rentabilidades altísimas a su inversión, del orden del 15, 17, 18 y más por ciento. Pero como la capacidad de venta del servicio de las empresas es relativamente fijo, la forma de garantizar esas utilidades es valorar los activos bien por lo bajo; a unas ventas fijas, la utilidad de la inversión siempre dependerá del precio al que se compre el activo. Y se dice que esas tasas de descuento son escandalosas porque los Bonos del Tesoro Norteamericano a treinta años rentan del orden del 6 por ciento anual.
De ahí que no sea extraño que los especialistas que asesoran a Sintraisagen hayan valorado la empresa entre 1.350 y 2.229 millones de dólares, dependiendo de los supuestos que se hagan, y que Inverlik la haya valorado en alrededor de 500 millones de dólares.
También es cierto que la privatización de Isagen significaría el desaparecimiento del control que esta empresa puede ejercer sobre el oligopolio privado que cada vez más maneja a su antojo el precio de venta de la energía eléctrica en Colombia. Plantear que el indeseable control monopólico privado sólo se da cuando un operador maneja una determina porción del mercado daría risa, si no le produjera tantas lesiones a los colombianos. Sobran las referencias en la literatura económica que señalan que el oligopolio, es decir, el control del mercado por unos pocos, también puede imponer precios de monopolio, superiores a los que regirían si hubiera libre competencia. ¿Cuál será la finalidad de Acolgen, la Asociación Colombiana de Generadores Privados de Energía? ¿No fueron ocho meses de apagones en Chile la más reciente prueba de que los oligopolios privados es capaz de emplear hasta métodos gangsteriles para presionar alzas en las tarifas y mejorar sus ganancias? Y que el gobierno no diga que la CREG controlará las andanzas los oligopolios privados, porque si algo ha quedado claro con las privatizaciones ya sufridas por el país es que ellas llevan implícitas alzas en las tarifas, incrementos que se impusieron antes de las enajenaciones (leyes 142 y 143) para poder hacer atractivas la empresas a los inversionistas privados y, obviamente, luego. En la sofística neoliberal llama la atención que se diga que las privatizaciones se deben hacer dada la naturaleza irremediablemente corrupta e ineficiente del Estado, pero que no vacile en definir a ese Estado como honrado y eficiente cuando le otorga poder para controlar a los oligopolios privados.
La venta de Isagen también atenta contra la nación colombiana porque esa medida implica la exportación de las utilidades de la empresa, la contratación de las obras excluyendo a la ingeniería nacional, los despidos de trabajadores y las bajas de los salarios de los que no pierden su empleo, cuestiones de notorio impacto social negativo y que lastran el desarrollo del país, porque entorpecen la acumulación de la riqueza en el territorio nacional, la base del progreso de cualquier nación.
La privatización del sector eléctrico vulnera, además, el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, el cual señala que “es deber del Estado asegurar su prestación (de los servicios públicos) a todos los habitantes del territorio nacional” (subrayado aquí). Y se sabe que la empresa privada sólo actúa en aquellos sectores en los que pueda conseguir la máxima ganancia para su capital, realidad que no puede darse en inversiones de energía en las zonas rurales, en razón de que allí se juntan inversiones necesariamente muy costosas y usuarios tan pobres que ya tienen dificultades para pagar las tarifas subsidiadas que les cobran hoy. Esto significa que si sigue la privatización del sector eléctrico la expansión de las redes se quedará donde hoy se encuentra, con un muy bajo cubrimiento en el territorio nacional, y que se arriesga en materia grave el mantenimiento de las redes existentes en las áreas rurales existentes. Y más si se consolida la tendencia oficial a eludir el pago de los subsidios que la Ley 142 de 1994 le permite conceder al Estado, pero que la misma ley le autoriza evadir y que emplaza a las empresas a que los sustituyan por mayores tarifas. La deuda por subsidios del gobierno central con la CHEC ya pasa de cien mil millones de pesos.
Segundo:
Nuestra oposición a la privatización Isagen también tiene que ver con que ella amenaza, de varias maneras, los intereses particulares de los habitantes del departamento de Caldas, y no solo como miembros de la nación colombiana.
La Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, es de propiedad de la Nación (Ministerio de Hacienda) en el 50,045 por ciento, del departamento de Caldas en el 40 por ciento, del municipio de Manizales en el 8.648 por ciento y de otros municipios de la región en la suma restante, hasta completar el 49.955 en poder de la región. A su vez, Hidromiel tiene la siguiente composición accionaria: Isagen con el 60.7 por ciento, CHEC con el 37.7 por ciento y otros con la suma restante. Y en el Fideicomiso Miel I, que está construyendo la hidroeléctrica Miel I, CHEC posee el 9.01 por ciento, Hidromiel el 23.57 por ciento, Isagen el 38.72 por ciento y el Consorcio de Obdebrecht el 28.70 por ciento. De otra parte, además de lo que tiene en Miel I, Hidromiel es dueña de otros 13 proyectos en el oriente de Caldas, entre los que se destacan el trasvase del río Guarinó a Miel I y la hidroléctrica Miel II. Como se ve, los intereses de CHEC, y los de los caldenses a través de ella, son muy importantes en estas empresas
Si la privatización de Isagen dejara inconclusa la construcción de la Hidroeléctrica Miel I, ello, además de generarle pérdidas al país, lesionaría las inversiones de la CHEC y entorpecería el desarrollo de la zona más atrasada del departamento de Caldas. Y este temor no es infundado porque Inverlik ha dicho que ningún comprador privado tiene interés en concluir Miel I, dadas las actuales condiciones de consumo y precios de la energía en Colombia. Que, en esas circunstancias, señala, le resultaría mejor negocio al comprador pagarle una multa a la firma constructora de Miel I, Obdebrecht, que terminar la hidroléctrica. En respuesta a esta preocupación regional, el Ministro de Minas ha dicho -sólo dicho- que en el contrato de venta de Isagen se incluirá una cláusula que obligue al comprador a terminar la hidroeléctrica, descontando del precio de venta de Isagen el costo de las obras que faltan por hacer. ¿Habrase visto una manera más desparpajada de reconocer que de lo que se trata es de feriar el patrimonio nacional? Pero aquí también hay que decir que si en verdad el gobierno nacional incluyera en la venta de Isagen la cláusula sobre la terminación de Miel I, podría quedarse con el pecado y sin el género, porque resulta muy difícil lograr que un comprador privado, una vez sea el dueño de la hidroeléctrica en construcción, la termine, si ello no le resulta rentable y así le hayan pagado la conclusión de las obras por adelantado. Que no suceda que en ese momento “aparezcan” problemas geológicos y de todo orden que “imposibiliten” o dilaten hasta el absurdo la terminación de la obra, porque la constante en la contratación pública en Colombia es la de contratistas privados que se comprometen con lo que sea para ganarse las licitaciones, pero que una vez firman el contrato respectivo lo primero que hacen es exigir que se modifiquen sus cláusulas.
De otra parte, la privatización de Isagen también pone en riesgo los otros trece proyectos que tiene Hidromiel en el oriente de la Caldas, con las consecuentes pérdidas para la CHEC.
Además, la privatización de Isagen ha producido otra grave contradicción entre el Ministerio de Minas y el departamento de Caldas. Isagen busca que la CHEC le venda sus acciones en Hidromiel y en el Fideicomiso Miel I, con el propósito de facilitar la privatización de Isagen. Pero como las privatizaciones no son viables si el patrimonio nacional se vende por su valor, el gobierno nacional está presionando para que la CHEC le venda lo que posee en Hidromiel y Miel I por 13.5 millones de dólares, cuando esa inversión vale, en libros, 28 millones de dólares. Y está ofreciendo 5 millones de dólares por los derechos de la CHEC en el proyecto de trasvase del rió Guarinó a Miel I, cuando ese trasvase fue valorado por Inverlik en 20 millones de dólares, dado que es una obra que costaría hacerla aproximadamente 25 millones de dólares y que aumentaría la ventas de energía de Miel I en cerca de 18 millones de dólares anuales.
Privatizar el trasvase del río Guarinó es especialmente sensible por otra razón. Si ese trasvase se realiza en condiciones antitécnicas, puede dejar sin agua al acueducto de La Dorada y a su zona circunvecina y eliminar el caudal ecológico del afluente, todo lo cual tendría unas consecuencias sociales y ecológicas catastróficas. Y es obvio que si ese proyecto se le vende al sector privado, el Ministerio del Medio Ambiente sería sometido a fuertes presiones para otorgar la licencia ambiental a contrapelo con las necesidades de abastecimiento de agua de las gentes que se surten del Guarinó.
Tercero:
La privatización de Isagen, finalmente, lesiona el interés colectivo porque atenta contra la soberanía nacional de varias maneras. Viola el artículo 9 de la Constitución Política de Colombia que señala que “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan (o se debieran fundamentar, porque ello no se da por sólo enunciarlo) en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos”. Y viola también el Artículo 2 de la Carta, que señala como un fin del Estado “defender la independencia nacional”.
Es obvio que acabar de entregarle el control del sector eléctrico colombiano al capital extranjero significa que se le concede a éste el poder de dejar el país a oscuras, el día en que no se satisfaga cualquiera de sus peticiones, tanto en lo que a energía eléctrica como a otros sectores respecta, pues es sabido que esas transnacionales hacer parte de imperios y conglomerados que actúan en el mundo de las finanzas, el comercio, la industria y la agricultura, con la consecuente amenaza para la soberanía nacional. Y aquí hay que remitirse nuevamente a lo ocurrido con las empresas privadas de la energía chilena.
De otra parte, es de público conocimiento que el proceso de privatización de las empresas públicas colombianas tiene origen en el “Consenso de Washington” y en los diferentes acuerdos que los gobiernos colombianos han firmado con el Fondo Monetario Internacional, FMI, acuerdos en los que los países que controlan ese organismo, y especialmente Estados Unidos, imponen a voluntad lo que mejor le convenga a los intereses de sus monopolistas. Y que las “recomendaciones” del FMI no son tales sino imposiciones ha sido reconocido por esa institución. Citando a Jacques de Larosiere, el director gerente del FMI en ese momento, el diario El Tiempo del 25 de septiembre de 1984, en su primera página, tituló. “Dice su director: planes del FMI no son una opción sino una obligación”.
Las ventas a menosprecio de los bienes públicos que caracterizan al proceso de privatización del país tienen origen en decisiones tomadas violando la soberanía nacional de Colombia y, además, atentando contra su vigencia. Como la apertura económica tenía que conducir al desmantelamiento del agro y de la industria nacional, al aumento del déficit comercial, a la ruina y a la caída de las rentabilidades de los empresarios, al aumento del desempleo y a las bajas de los salarios, a la disminución del recaudo tributario y, por todo ello, al déficit fiscal, la “solución” neoliberal apuntó en dos direcciones: aumentar la deuda externa e interna de la Nación y vender ––o comerse, mejor–– la riqueza acumulada en los bienes públicos luego de un siglo de esfuerzos de todos los colombianos. Pero como los magnates del capital financiero transnacional saben que el país está arruinado -pues no en vano lo arruinaron ellos con sus imposiciones- exigen que cada nuevo crédito se contrate con mayores tasas de interés que los anteriores y con más condicionamientos contra la nación entrampada, incluidos los de acabar de vender lo que queda de las empresas estatales y que esas ventas se hagan a precios que les aseguren a los inversionistas tasas de ganancia de auténtica especulación, del orden de tres y más veces que las que lograrían en sus países de origen. Las privatizaciones tienen otro encanto no menos importante para los intereses extranjeros: garantizan que se pague cumplidamente la deuda externa de la Nación. El vicepresidente del Royal Bank of Canadá explicó la función del FMI en los siguientes términos:
“Existe ciertamente la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional actúe a la par como acreedor y como factor disciplinario, y eso es lo que a nosotros nos gusta. El FMI, tal vez como ninguna otra institución, puede imponer condiciones sobre los préstamos, y eso asegura que los países deudores se amarren el cinturón” (Citado por Roddick, Jacqueline, El negocio de la deuda externa, p. 81, El Ancora Editores, Bogotá, 1990).
Además, en el Plan Colombia, la carta de intención que el gobierno de Andrés Pastrana Arango tuvo que dirigirle al gobierno de Estados Unidos para que este prometiera desentrabar la “ayuda” norteamericana, se dice que “las compañías públicas y bancos serán privatizados para aumentar productividad y finanzas de ayuda el ajuste. ISA e Isagen, dos compañías eléctricas públicas nacionales, y los distribuidores de 14 electricidades regionales más pequeñas ya están en el mercado”. (Es evidente que estamos ante una pésima traducción del inglés al español).
Señores magistrados: como Ustedes deben saber, para que la soberanía nacional se viole o se pierda no se necesita que legalmente se sustituya la bandera nacional por la de las barras y las estrellas, nuestro himno por el estadounidense y el ejército colombiano por los marines de ocupación. Ver las cosas así significaría suponer que la soberanía nacional sólo se esgrime contra el colonialismo descarado y no contra el sutil neocolonialismo de la dominación económica y solapada, que pueden no ver los que carecen de información y que se esfuerza por ocultar el puñado de criollos que se beneficia de ella. Y la Carta de 1991, en su artículo 365, reconoce que en los asuntos relativos a los servicios públicos pueden presentarse problemas de soberanía nacional, aún cuando no se den en condiciones de brutal sojuzgación colonial. Allí se señala que, “por razones de soberanía”, el país puede “reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos”.
PETICIONES:
Que se me acepte como coadyuvante en la acción popular instaurada por Sintraisagen contra las personas responsables de los actos, hechos, omisiones, operaciones y vías de hecho conducentes a la venta de Isagen S.A. ESP.
Que se decrete la Suspención Preventiva de todo el proceso de venta de Isagen S.A. ESP, hasta cuando se resuelva de fondo la Acción Popular. Desastroso sería que la Acción Popular instaurada por Sintraisagen se ganara luego de que se hubiera enajenado la empresa.
Que se me permita exponer estas razones en las audiencias respectivas.
PRUEBAS:
El Usuario Nº 2, de noviembre de 1999, periódico de las Ligas de Usuarios de Servicios Públicos.
“Por mala oferta Caldas no venderá La Miel. Frustrado negocio CHEC-Isagen”, La Patria, 10 de noviembre de 1999, pags. 1 y 8 A.
Las aportadas por Sintraisagen en la Acción Popular Nº 025
OFICIOS Y EXHORTOS
A la Central Hidroléctrica de Caldas, CHEC. Actas de la Junta Directiva de la CHEC en las cuales se ha tratado la venta de las acciones de CHEC en Hidromiel y Miel I.
Al Ministerio de Hacienda. Acuerdos, monitorías y demás compromisos firmados por el gobierno nacional en sus relaciones con el FMI y el Banco Mundial entre 1985 y esta fecha.
A la Presidencia de la República. “Plan Colombia. Plan para la paz, prosperidad y fortalecimiento del Estado”. Carta de intención ante el gobierno norteamericano.
DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES
Mi dirección es Carrera 19 Nº 2-39, Barrio La Francia, Manizales.
Atentamente.
Jorge Enrique Robledo Castillo
C.C. Nº 14.204.889 de Ibagué.