Oscar Gutiérrez Reyes, Manizales, septiembre 4 de 2008
Aplicando de manera anticipada las políticas acordadas con los Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio -TLC-, aun sujeto a ratificación del Congreso Norteamericano, el gobierno de Colombia, a través de los Ministerios de Protección Social y de Agricultura, acaba de expedir la Resolución 4287 del 21 de noviembre de 2007 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de las aves de corral destinadas para el consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desprese, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación”, y la Resolución Número 000957 del 2 de abril de 2008 del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- “Por la cual se norman las medidas de Bioseguridad en las granjas avícolas comerciales y granjas avícolas de autoconsumo en el Territorio Nacional”.
Ambas resoluciones propenden la eliminación de miles de productores y comercializadores que hoy integran la cadena avícola popular: pequeños y medianos productores campesinos de huevo, pollo y gallinas, comercializadores y almacenes que, a lo largo y ancho del país, comercian tanto los pollitos como el cuido, la droga veterinaria y los elementos necesarios para la cría y beneficio de los productos de la cadena avícola popular.
Una lectura de las normas y un análisis de las condiciones en que hoy produce la avicultura popular deja ver con claridad que las resoluciones, en lugar de propiciar el mejoramiento en los sistemas de producción y comercialización de las aves y el huevo, lo que pretende es la eliminación de la producción campesina por efecto de que las normas son de tal tenor que su aplicación es imposible para quienes hoy abastecen en un 30%, el mercado nacional de estos preciados alimentos.
También es claro que las normas están destinadas al fortalecimiento de los monopolios que producen y comercializan el huevo y el pollo, pues las resoluciones no diferencian entre el pequeño y el gran productor, desconociendo las realidades económicas en las que miles de productores de pollo campesino desarrollan su labor.
La resolución 0957 del ICA, prohíbe el transporte de aves muertas, lo que significa que la labor de beneficio del pollo, que hoy se realiza en las fincas, no se pueda realizar. Los campesinos tendrían que vender o transportar sus pollos, una vez engordados, a las plantas de beneficio. Esto sería matar la actividad de los pequeños productores que logran sus pocas utilidades tanto del engorde como del beneficio de los animales.
Alguien podría pensar que para conservar esa parte del negocio -el beneficio del pollo- deberían cumplir con las medidas contenidas en la resolución 4287 del Invima. Pero, el cumplimiento de las normas es prácticamente imposible para pequeños y medianos productores, e incluso para algunos grandes, por las condiciones que esa resolución exige. En primer lugar, la localización de la planta –que debe estar acorde con los usos del suelo-, además de los accesos, el diseño y la construcción exigida para poder beneficiar los pollos, los sistemas de drenajes y demás instalaciones sanitarias –incluida agua potable y garantía de electricidad para el proceso de frío-. También establecer la obligatoriedad de uso de sistemas de ventilación, control integrado de plagas, manejo de residuos líquidos y sólidos, -exigentes operaciones sanitarias- capacitación especial para el personal manipulador del proceso productivo y muchos requisitos más, imposibles de cumplir por parte de los campesinos. Pero, y para completar el cuadro, se les exige el transporte del pollo, una vez beneficiado, en carros refrigerados. Y para los comercializadores, las exigencias son parecidas. La norma del ICA llega a tal absurdo que se prohíbe la crianza o tenencia de más de una especie. Si va a engordar pollos solo puede engordar pollos. Si va a tener gallinas ponedoras, solo puede tener gallinas ponedoras. No puede tener además, ni loros, ni pájaros, ni gallos de pelea, ni ninguna otra especie de aves.
Ante estas políticas contra el agro nacional, miles de productores se están organizando para exigir la derogatoria de las resoluciones, con la comprensión de que éstas no sólo aspiran a beneficiar a los grandes monopolios nacionales, sino que buscan crear un mercado para los llamados “cuartos traseros del pollo” que aspiran a vender los monopolios que producen y comercializan el pollo en los Estados Unidos, tal y como está acordado en el TLC.
El mercado que quieren los monopolios norteamericanos es el que hoy atienden nuestros campesinos y demás productores nacionales. Parece que la toma del mercado, empezará por arruinar a los productores de huevo, pollo y gallinas campesinas. La aplicación a rajatabla de las normas sanitarias contempladas en el TLC y en las resoluciones del INVIMA y el ICA son el comienzo. Es un deber de todos los demócratas y patriotas defender el huevo, pollo y gallinas de los campesinos.
Comité por la defensa del huevo, el pollo y las gallinas campesinas de Caldas