Luego de más de un año largo durante el cual el Ministerio de la Protección Social habló de que se encontraba “casi listo” el decreto reglamentario de la negociación colectiva para los empleados públicos, el gobierno, invocando el Convenio 151 de OIT que estipula esa negociación especial, acaba de expedir el decreto 535 de 2009, para reglamentar el derecho de petición relativo a los memoriales de solicitudes respetuosas de que trata el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo. Típica maniobra uribista.
Hay una diferencia abismal entre lo establecido en el decreto presidencial y la negociación colectiva de los empleados públicos. Es de la esencia de esta negociación el reconocimiento de “partes”, el carácter “bilateral” del procedimiento, que las reivindicaciones laborales de los sindicatos originan “conflictos colectivos”, los cuales deben solucionarse por el procedimiento de la “negociación colectiva” o, en su defecto, por conciliación, mediación o arbitramento, pero nunca mediante la decisión “unilateral”, propia del derecho de petición y del Estado autoritario, que impone las condiciones del empleo público, mediante la ley y el reglamento.
En ninguna parte del decreto 535 de 2009 se habla de negociación, del reconocimiento de partes, de conflicto colectivo, ni siquiera de la posibilidad de lograr acuerdos colectivos, de lo que se habla es de concertar y de que cumplido el término de concertación –que no implica la existencia de acuerdo alguno- la administración unilateralmente resolverá las peticiones respetuosas planteadas.
Así, concertar las condiciones del empleo público, para efectos del decreto, es tratar con los sindicatos las peticiones respetuosas que ellos presenten, pero resolverlas unilateralmente. En otras palabras, lo que establece ese decreto es un escenario para conversar o tertuliar con la administración sin ninguna transcendencia jurídica, por cuanto unilateralmente la administración resolverá las peticiones respetuosas formuladas.
Y es que el artículo 416 del CST, como casi todas las disposiciones de su parte colectiva, data de agosto de 1950, cuando lo más avanzado en el mundo eran los espacios de reunión con la administración (Francia, Bélgica, EEUU, etc.), en los que informaba su funcionamiento, políticas y proyecciones, limitándose la participación sindical a oír y la administración a escuchar las quejas o peticiones del sindicato, generalmente de carácter individual.
En cambio la negociación colectiva para los empleados públicos es una institución del año de 1978, consagrada en virtud del Convenio 151 de OIT, como superación del derecho de petición y del concepto de Estado autoritario.
Lo que correspondía y sigue siendo la aspiración de las organizaciones sindicales, es reglamentar, mediante decreto, la ley 411 de 1997, aprobatoria del Convenio 151 de OIT, que establece la negociación colectiva como procedimiento para determinar las condiciones del empleo público.
Dicha aspiración era bien conocida por el gobierno nacional, por lo que la explicación de la expedición del decreto no debe buscarse en la decisión de cumplir el Convenio 151 -que es obligatorio para el estado colombiano-, sino en la nueva campaña diplomática adelantada por esos días para la aprobación del TLC con EEUU, y para cuyo propósito a Uribe le conviene aparentar ser respetuoso de los derechos humanos y en especial del derecho de asociación sindical, inherente al de negociación colectiva.
Y como lo reglado no es la negociación colectiva de los empleados públicos, sino el derecho de petición, consagrado en una norma de mitad del siglo pasado para los memoriales de solicitudes respetuosas, el decreto 535 de 2009 no representa ningún avance y sólo es una maniobra más del gobierno de Uribe.
No obstante, llama la atención que se excluyan el tema de las plantas de personal como un asunto de concertación, con el argumento que las mismas exceden el campo laboral. Ningún tema está tan ligado al campo laboral como la necesidad de ampliar las plantas de personal, la mayoría congeladas desde hace más de 29 y 30 años, y por cuya cuenta han proliferado formas deslaborizadas de vinculación, como contratos de prestación de servicios (OPS), cooperativas de trabajo asociado, empresas “unipersonales”, entre otras.
Se calcula que más del 25% de las personas que desempeñan funciones propias del empleo público, están vinculadas mediante OPS y cooperativas de trabajo asociado. Es decir, que existen más de 300 mil personas a las quienes el Estado colombiano les evade el pago de sus prestaciones sociales: primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, cotizaciones en salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación, al no reconocerlos como lo que son en la realidad, verdaderos empleados públicos. Luego, lo que hay allí es un gran tema laboral de negociación colectiva, que, de concretarse, permitirá darle fin a la sistemática violación de los derechos humanos a este importante número de colombianos.
Las organizaciones sindicales deben insistir en que el Convenio 151 de OIT está vigente y es de obligatorio cumplimiento para el estado colombiano. Organizar a sus afiliados en torno a este tema de la negociación colectiva de los empleados públicos y ponerlos al día de este nuevo incumplimiento del gobierno al tratado. Presentar las reclamaciones pertinentes ante la Comisión de Libertad Sindical de OIT (proceso jurídico) y las quejas ante el Consejo de Administración de OIT (proceso político), a fin de que forzar al estado colombiano a que honre su palabra y cumpla el tratado.
Es de esperarse que dada la difícil situación por la que atraviesan los trabajadores del Estado, aunada a la agudización de la crisis económica mundial, más pronto que tarde -aun sin reglamentación de la negociación colectiva- las organizaciones sindicales del sector busquen por la vía de la movilización la recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios, drásticamente disminuida durante Uribe I y Uribe II; el reconocimiento de empleados de los trabajadores tercerizados, mediante la ampliación de las plantas de personal, y demás reivindicaciones laborales y sindicales más sentidas.
Nota: Escrito para la Escuela de Formación Sindical y Política Raúl Eduardo Mahecha, el 11 de marzo de 2009, por Ramón Antonio Paba Roso, abogado litigante, especialista en derecho contencioso administrativa y función pública, asesor sindical.