DECLARACIÓN EN RECONOCIMIENTO A LEONIDAS ARANGO ESCOBAR
Desde que un grupo de ilustres caficultores, como Fernando Londoño y Londoño, Fabio Trujillo Agudelo y Octavio Mejía Marulanda, desde APROCAFÉ, promovieron una actitud crítica frente a las políticas cafeteras y demandaron que ellas se concentraran principalmente al servicio de los productores, Leonidas Arango Escobar estuvo con ellos.
En la década de los años noventas, como compañero entrañable de Fabio Trujillo, participó en la fundación de UNIDAD CAFETERA y también en todas las tareas que impidieron que centenares de miles de familias campesinas y caficultoras desaparecieran de la producción nacional del cultivo. Don Leo contribuyó en las gestas que obtuvieron la condonación de las deudas en 1995, en las faenas que arrancaron de las autoridades el auxilio indispensable para combatir la devastadora plaga de la broca y en las constantes labores por mantener un precio interno rentable y remunerativo.
Por todas estas razones, unidas a sus invaluables condiciones humanas, la Asamblea Nacional de Unidad Cafetera, reunida en Pereira el 12 de diciembre de 2005, deplora el fallecimiento reciente de Don Leonidas Arango Escobar, les transmite a sus familiares y amigos cercanos su sentida voz de condolencia, guarda un minuto de silencio en su memoria y coloca su vida como ejemplo de consecuencia en la defensa de los intereses auténticos de los cafeteros de Colombia.
Leída y aprobada en Asamblea Nacional realizada en Pereira el 12 de diciembre de 2005.
DECLARACIÓN SOBRE LA POLÍTICA CAFETERA DEL GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE
Luego de algo más de tres años de políticas cafeteras del gobierno del presidente Álvaro Uribe, originadas en el Comité Nacional de la Federación de Cafeteros, continúa la situación de penuria y estrechez de la gran mayoría de las familias productoras, el deterioro social acosa a las principales regiones donde se cultiva el café como surtidor principal de ingreso y sigue la pérdida de participación de Colombia en las exportaciones y la producción mundiales. Para casi todos los productores se ha convertido en una actividad de supervivencia, en la cual los consumos para sus hogares y las culturas agrícolas para mantener sus cultivos se han reducido paulatinamente hasta límites mínimos.
Tal estado de cosas obedece a lo erróneo de las políticas oficiales. Empezando por la concesión tolerada a Estados Unidos, a fin de facilitar su reingreso a la Organización Internacional de Café, de permitirle a él y a los demás países compradores la adquisición de embarques de café con granos defectuosos, lo cual estaba prohibido por resoluciones anteriores de esa misma Organización. Eso dejó todavía más libres las manos a las empresas multinacionales para procesar cafés de mínima calidad en detrimento de los de mayores atributos como el colombiano. No sólo es censurable la conducta cómplice del gobierno al respecto sino que es incomprensible que reclame -como un triunfo de “su diplomacia”- el regreso de la superpotencia norteamericana en dichas condiciones.
A lo anterior debe añadirse el arreglo del gobierno con la alta burocracia de la Federación en la transformación de las instituciones en instrumento para su beneficio privado. Los inventarios, ahora en los más bajos niveles históricos, ya no se utilizan para controlar la oferta, y la decisión de no sostener el precio a los productores descarga en ellos todas las evoluciones negativas del mercado internacional, bien cuando cae la cotización o bien cuando se reciben menos pesos por cada dólar. De igual forma, el usufructo de alhajas del patrimonio del Fondo Nacional del Café, como la marca Juan Valdez por parte de la empresa privada PROCAFECOL o de los productos de la Fábrica de Café Liofilizado, a manos de la firma BUENDÍA LLC en Estados Unidos, también de propiedad privada de la Federación, y los altos costos que significa para los cafeteros el mantenimiento de esa burocracia, son , entre otros, hechos muy negativos que llegan a poner en duda la vigencia de la propia institucionalidad al ser falseados los propósitos iniciales para los que fueron creadas.
En términos de la principal variable del ingreso cafetero, el gobierno ha manipulado el mecanismo de fijación del precio interno, con la intención, como ya se dijo, de trasladar siempre a los productores los factores negativos que lo afectan. Esa injusticia cobra mayor gravedad si se sabe que en 2003, 2004 y 2005, los caficultores colombianos han entregado en forma de Contribución Cafetera, sin tener en cuenta la porción que se destina para el pago de los pasivos del Fondo Nacional del Café, más de cien mil millones de pesos por año que, como reza la Ley correspondiente, deberían “aplicarse al ingreso del productor”. Es inexplicable que no se hubiera procedido así, ello acarrearía que al menos la última cosecha mayor, con cotizaciones internacionales favorables, hubiera sido adquirida a precios equivalentes en términos reales al valor histórico de $490. 000 por carga. No satisfacen las explicaciones de la Federación de Cafeteros acerca de los usos dados a dicha Contribución, en renglones como asistencia técnica, servicios al caficultor u obras públicas. Hasta las “aventuras del Profesor Yarumo” se financian con ella.
Para atender tan grave crisis, se ha presentado como “varita mágica” la “especialización en especiales”, una iniciativa que no consigue mayores valores sino para menos del 10% de los caficultores y en la cual se discrimina inclusive a las organizaciones que no se prestan de manera incondicional al manejo privatizador y ventajoso que en él quiere imponer la Federación de Cafeteros. Mientras Brasil y Vietnam aumentan su intervención en el mercado masivo mundial, Colombia cede terreno en él a cambio de rebuscar nichos exclusivos de demanda, que no son, hoy por hoy, ni el 8% de la caficultura mundial. La estrategia oficial, pese a que se presenta a nombre de “los cafeteros” es, en esencia, la que se acomoda a las ambiciones del grupo burocrático que se está apropiando, sin escrúpulo ni recato, de las instituciones y que ha abandonado como prioridad la atención a las carencias de la inmensa mayoría de los productores.
En resumen, no solamente no se han corregido los males heredados de administraciones anteriores sino que se han creado algunos más; en particular, la privatización descarada de los usufructos del patrimonio público del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. La crisis no se ha conjurado, el café no ha podido retomar el rumbo como fuente segura de empleo, ahorro y progreso social y, en torno a negocios particulares, el gobierno y las autoridades cafeteras, en una provechosa conjunción de intereses políticos y económicos, han orquestado una campaña propagandística con el fin de aparentar ante la opinión una realidad virtual muy contraria a la que de verdad viven los hogares cafeteros de Colombia que son el 35% de los hogares rurales del país.
UNIDAD CAFETERA persistirá en su labor de denuncia de todas estas arbitrariedades, abre a nivel nacional el debate y la discusión en torno a ellas y, al ratificar sus puntos programáticos, reitera su decisión de movilizar a los campesinos y a los productores de café del país cuando sea necesario para resistirlas y echarlas atrás.
Leída y aprobada en Asamblea Nacional realizada en Pereira el 12 de diciembre de 2005
DECLARACIÓN SOBRE LAS IMPORTACIONES DE CAFÉ HACIA COLOMBIA
En una noticia sin precedentes, el país registró que uno de cada tres tintos que los colombianos consumirán en 2005 será hecho con café venido de Perú, Ecuador y Vietnam. Nunca se había producido un hecho como éste en la historia de nuestra nación en más de 100 años.
Además de quedar establecido que los problemas de la caficultura colombiana se reflejan también en que su producción no puede abastecer el mercado externo y el interno, dentro de las pesquisas adelantadas en torno a los hechos que han rodeado tan insólito acontecimiento, se ha encontrado que la Federación Nacional de Cafeteros convino con estas importaciones a sabiendas de los riesgos sanitarios que pueden ocasionar, que admitió el engaño que se ha cometido contra los consumidores, tanto en términos de la calidad como del precio del café procesado con orígenes más baratos y menos suaves, y, lo peor, que sacrificó posibilidades de los productores de vender a altos precios granos nacionales en aras de favorecer a algunas de las empresas tostadoras más poderosas de Colombia quienes están involucradas en estas compras externas.
Aunque figuran de manera directa como importadores algunas personas naturales, se conoce de las conexiones de ellas con compañías que venden café para el mercado interno. El acuerdo que la Federación y las empresas tostadoras nacionales hicieron más de 20 días después de conocerse estas denuncias, aparecidas en El Tiempo y que ya habían sido nombradas en el periódico Unión Cafetera, no solamente es una pantomima sino que en la práctica es una aceptación de la presencia de café extranjero para el consumo nacional.
La Asamblea Nacional de UNIDAD CAFETERA exige que cesen por completo y de manera inmediata las importaciones de café hacia Colombia y así mismo condena la actitud cómplice del gobierno y de la Federación de Cafeteros con ellas. Exige de las autoridades competentes la sanción a quienes de manera deliberada han infringido las normas sanitarias y comerciales del país y advierte sobre la estafa que se está cometiendo e invoca a los consumidores a estimular la compra de aquellos cafés que garanticen que son hechos totalmente con producto colombiano.
Leída y aprobada en Asamblea Nacional realizada en Pereira el 12 de diciembre de 2005
DECLARACIÓN SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS. (TLC)
Desde el 18 de mayo de 2004, Colombia inició un proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Dicha negociación está comprendida dentro de la estrategia de expansión imperial norteamericana a nivel mundial y, en particular, en el Continente donde ha insistido en la creación de “una zona franca desde Alaska hasta la Tierra del Fuego”.
La ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA SALVACIÓN AGROPECUARIA, organización de la cual UNIDAD CAFETERA es filial, indicó desde ese primer momento que, de acuerdo con las experiencias en países como México, en esos tratados se causa la destrucción de muchas áreas económicas y sociales y de manera muy grave la del sector agropecuario. Luego de 19 meses de negociaciones y a las puertas de su finalización, no hay ninguna duda que en el caso de los países andinos, incluida Colombia, la historia se repetirá sin apelación. El proceso ha consistido en cómo Colombia va entregando una a una las posibilidades de protección de su economía y de su agricultura mientras Estados Unidos se queda con todas las ventajas que le permitirán inundar a estos países con sus géneros vendidos, mientras se quiebra a los productores locales, a precios por debajo del costo de producción. Las ventajas que en el capítulo de Agricultura, uno de los 23 que se están negociando, se le han otorgado ya a Estados Unidos, de las cuales disfrutará desde que comience el TLC, valen más de 600 millones de dólares mientras las que se han concedido a Colombia no llegan a valer más de un millón.
Lo que ha sucedido en Agricultura se repite y, en algunos casos con mayores pérdidas para el país, en todas las demás mesas negociación. Las inversiones, las mercancías, incluidos las usadas, las de calidades inferiores y hasta los residuos y desechos, gozarán de privilegios mayores que las nacionales. Es, como se ha dicho en múltiples oportunidades, la recolonización del país. Dentro de los abusos del TLC, está el requerimiento de Estados Unidos de ingresar a Colombia con artículos procesados con materia prima de otros países. En el capítulo de Normas de Origen, Colombia ya ha accedido a esa solicitud y trata de lograr una excepción con relación al café; además de que ya se permitió la importación de café verde sin impuestos aduaneros después de 10 años de vigencia del TLC.
Los caficultores no solamente sufriremos con el TLC como consecuencia de las jugarretas norteamericanas en el sector agrícola y comercial, amparadas por los negociadores colombianos y el gobierno de Álvaro Uribe, sino que otros temas donde Estados Unidos ha impuesto su voluntad y ambición nos lesionan enormemente. En Propiedad Intelectual, donde se otorgará el monopolio por 25 y 30 años sobre medicamentos, semillas, insumos y droga veterinaria a las multinacionales dueñas de las patentes; en Servicios, donde el derecho al agua, a las comunicaciones, a la energía y al saneamiento básico se pierde en beneficio de las empresas privadas que solamente los prestarán a quienes puedan comprarlos, e igualmente sucederá con la educación y la salud. Contrario a lo que muchos proclaman, los cafeteros seremos perdedores en el TLC, junto con casi todos los 44 millones de colombianos, exceptuando a la ínfima minoría que está asociada a los intereses estadounidenses que se beneficiará de las desgracias colectivas.
Así como muchas organizaciones sociales, las comunidades indígenas del Cauca, los productores de arroz del interior del país y los de bienes agropecuarios y cereales de clima frío, lo hicieron en consultas ciudadanas, los 500 delegados presentes, representantes elegidos democráticamente entre los afiliados a UNIÓN CAFETERA, en 120 municipios de Colombia, en Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle, Cauca, Huila, Tolima y Nariño decimos NO al TLC con Estados Unidos y solicitamos en nombre de nuestros representados al gobierno que se levante de inmediato de la mesa de negociaciones.
No es posible detener la hecatombe que se avecina con el TLC con las “limosnas temporales” que el presidente Uribe ofreció a los delegados al LXV Congreso Cafetero. Cualquier colombiano con el más mínimo sentido común sabe que se trata de paliar con engaños los efectos políticos que firmar el TLC puede significarle al presidente Uribe. La misma Sociedad de Agricultores de Colombia ya los desechó.
Por tanto, la Asamblea Nacional de UNIDAD CAFETERA llama a todos los caficultores de Colombia a participar en 2006 en las tareas de resistencia contra la firma, aprobación y ratificación del TLC con Estados Unidos, a oponerse hasta el último momento a que se cristalice este daño histórico contra la nación colombiana; en otras palabras, a luchar denodadamente contra el TLC, así “caigan rayos y centellas”.
Leída y aprobada en Asamblea Nacional realizada en Pereira el 12 de diciembre de 2005
DECLARACIÓN SOBRE LA PRÓRROGA DEL PERIODO DE GRACIA A LAS DEUDAS DE 85.000 CAFICULTOIRES REFINANCIADAS EN EL PRAN
En el marco del LXV Congreso Cafetero, el Gobierno Nacional anunció que para el caso de préstamos de los caficultores adscritos al PRAN, se prorrogará el periodo de gracia de tres a cinco años, lo que les implicaría al mayor número de ellos que los abonos a capital no se iniciarán en 2006 sino en 2008.
Ese aviso oficial, surgido por el temor de la rebeldía cafetera a no cumplir con la honra de las deudas debido a la incapacidad financiera de los deudores, evidencia un reconocimiento en que la tan publicitada política cafetera no ha redundado en el ahorro suficiente para que los deudores tengan el dinero disponible para cumplir oportunamente con sus amortizaciones a los créditos refinanciados. Es, de hecho, una confesión de boca de la ineficacia de esas políticas oficiales.
Sin embargo, si bien para los caficultores entrampados en la deuda puede ser un alivio temporal, hay que observar que esa medida conlleva un encarecimiento adicional de los pagarés y no existe ninguna perspectiva seria que asegure que en 2008 sí se podrá cumplir con la cancelación oportuna de las cuotas de las acreencias aumentadas.
En consecuencia, UNIDAD CAFETERA reclama, por las razones ya expuestas, la CONDONACIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS CRÉDITOS DE LOS CAFICULTORES, partiendo de la propia exposición de motivos del gobierno al decretar la prórroga por dos años más del periodo de gracia. No existe impedimento legal, como ya se hizo en 1995, ni impedimento de tipo económico para tratar como es debido un problema que cada vez se vuelve más insoluble. Sería una forma mínima de compensación por tanta afectación recibida en muchos años de una crisis que no ha cesado en sus terribles secuelas.
Leída y aprobada en Asamblea Nacional realizada en Pereira el 12 de diciembre de 2005
DECLARACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LAS TIENDAS JUAN VALDEZ
A partir de noviembre de 2002, antes que el LXII Congreso Cafetero y el Comité Nacional de Cafeteros lo aprobaran, la firma privada PROCAFECOL inició, sin pagar contraprestación alguna, la explotación de la marca JUAN VALDEZ de propiedad del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ para su proyecto particular denominado TIENDAS JUAN VALDEZ.
Este despropósito le ha valido a los altos directivos de la Federación y al ministro de Hacienda, entre otros, el inicio de un proceso por cuenta de la Procuraduría General de la Nación. No obstante, la Federación de Cafeteros mantiene registrada a su nombre la marca JUAN VALDEZ y la Superintendencia de Industria y Comercio certificó que no existe ante esa entidad ningún contrato de usufructo de ésta ni de ninguna otra marca de propiedad del Fondo Nacional del Café, contraviniendo inclusive normas de la Comunidad Andina de Naciones que exigen dicho procedimiento.
Para vender como benéfico ese proyecto privado, el gerente de la Federación, Gabriel Silva, lo presenta como la tabla de salvación para los cafeteros de Colombia. Hasta la fecha, luego de tres años y de haberse instalado más de dos decenas de esas cafeterías, la compra de café a los productores colombianos apenas supera los 6.000 sacos, de un total de más de 33 millones que se han tenido que colocar en los mercados en ese periodo. Una cifra irrisoria para una cantidad de tan descomunal tamaño. Es claro que mediante el establecimiento de esas tiendas no se le da salida a la industria del café de Colombia y que los réditos que llegare a reportar serán para los dueños de PROCAFECOL, a través del tráfico de la marca y la venta de franquicias. Vale destacar que en la Junta Directiva de esa compañía se encuentra el jefe de debate de la reelección y ex consejero presidencial, José Roberto Arango.
Precisamente para cubrir las apariencias se lanza con bombos y platillos la venta de acciones de PROCAFECOL a los caficultores. Al respecto, cabe preguntar: ¿Si son de ellos por qué deben vendérselas otra vez?, es claro que se trata de una cortina de humo para justificar luego la colocación de acciones en bolsas de valores de Colombia y el exterior; donde aparecerán los verdaderos dueños de esta ilegítima iniciativa que se pretende lavar poniendo como mampara a candorosos caficultores que así se prestarán para el entresijo. Mientras más caficultores se vuelvan accionistas, menos utilidades obtendrá cada uno de su “inversión” y, mientras menos lo sean, más privado será el proyecto.
Las Tiendas Juan Valdez son otro invento de la cúpula burocrática que se ha apoderado de las instituciones para intentar su propio salvamento, explotando el patrimonio público del Fondo Nacional del Café, así sea en detrimento de los varios centenares de miles de familias pobres productoras de Colombia. Lo mismo está haciendo con distintos proyectos como el de bebidas gaseosas, la comercialización del café de la fábrica de Liofilizado en Chinchiná y de las “almohadillas” y demás iniciativas para servicios empresariales de café en Estados Unidos donde está asociada con empresas privadas norteamericanas.
UNIDAD CAFETERA objeta de manera total los procedimientos abusivos como se ha adelantado el proyecto de las Tiendas Juan Valdez y los demás con los cuales se están beneficiando grupos privados de los activos construidos con el esfuerzo de varias generaciones de caficultores. Por consiguiente, demanda que todas esas iniciativas se coloquen exclusivamente en cabeza del FONDO NACIONAL DEL CAF__, como única manera de derramar las eventuales utilidades derivadas de ellas para todos los productores sin excepción, sin innecesarias divisiones, y de acrecentar adecuadamente el patrimonio público.
Leída y aprobada en Asamblea Nacional realizada en Pereira el 12 de diciembre de 2005
DECLARACIÓN SOBRE EL APOYO A LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES
La red de cooperativas de caficultores ha garantizado la compra de la cosecha por varias décadas a los productores de Colombia. Durante muchos años, antes que César Gaviria y Rudolf Hommes cambiaran el mecanismo para establecer el precio interno del café y que los gobiernos subsiguientes han perfeccionado, fue el pilar para el mantenimiento de un precio interno de sustentación.
Como consecuencia de la implantación de los dogmas neoliberales, se decidió que las cooperativas deben intervenir en el comercio con recursos propios y, en los últimos años, el acceso a los recursos del Fondo Nacional del Café se ha endurecido en menoscabo de sus reales capacidades de compra de las cosechas. Una situación agravante también resulta tanto el fomento de ventas directas de grupos de productores, los pocos que pueden, en los mercados de futuros como de la imposición desde 2003 del pago de impuestos de renta a las cooperativas y, en ciertos casos exorbitantes, cobros de industria y comercio.
El resultado de la aplicación de esos criterios, amén de otros claramente discriminatorios, es la disminución en cinco años a casi la mitad del número de cooperativas y de un descenso sustancial en el de los puntos de compra. Paralelo con ello cobra más importancia la red privada de compradores de café, sobre todo la vinculada estrechamente con los grandes grupos internacionales, que ya exporta las tres cuartas partes de todas las ventas de Colombia al exterior. Esto expone nuestro grano a las maniobras que esos consorcios ejecutan a escala global, incluidas las lucrativas reexportaciones, hasta de grano verde.
UNIDAD CAFETERA reclama del gobierno atención especial al mantenimiento y apoyo a la red de cooperativas de caficultores para garantizar su permanencia en el comercio interno del café y, en ese sentido, tomar las medidas que las hagan viables en un mercado tan incierto como éste. Si se continúa deteriorando la red cooperativa, los empobrecidos caficultores de Colombia quedarán inermes ante las grandes comercializadoras y empresas procesadoras multinacionales, que quedarían acá como “Pedro por su casa”, con una posición dominante absoluta. La experiencia de otros países donde dicho dominio se consolidó es suficiente para obrar en la dirección que indica esta resolución.
Leída y aprobada en Asamblea Nacional realizada en Pereira el 12 de diciembre de 2005
DECLARACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE TIERRAS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA
Fuera de los salvajes estragos propiciados a nuestras tribus aborígenes en las épocas de la Conquista y la Colonia españolas, desde mediados del siglo XIX, las comunidades indígenas de Colombia fueron casi completamente despojadas de sus territorios. En la región del Cauca, con las medidas relacionadas con la disolución de resguardos, se fraguó el desarraigo de quienes de manera natural tenían el derecho a la propiedad sobre ellos. Pasaron cien años de lucha, entre las que cabe mencionar la de Quintín Lame, para que el Estado colombiano, mediante normas y sentencias constitucionales, resarciera con la devolución de las tierras originarias a las comunidades indígenas, unas tierras ricas en diversidad y agua pero que además deben garantizarles su progreso económico en la medida en que se les otorguen posesiones aptas para el desarrollo de la producción agrícola y pecuaria.
En 1999, mediante el decreto 982, el Gobierno Nacional reconoció la heredad de los pueblos guambianos y nasas sobre una serie de predios y decidió adquirirlos para entregarlos a sus demandantes. Transcurridos seis años, está acción no se ha cumplido a pesar de que los indígenas han recurrido a todas las vías legales para que se realice. Por tanto, desde septiembre de 2005, han procedido a la recuperación física por lo cual sólo han recibido la represión, la muerte y la agresión de varios de sus miembros y las evasivas y los condicionamientos ilegales del gobierno actual.
Recientes estudios del INCODER reafirman que, si bien las comunidades indígenas caucanas poseen 542.000 hectáreas, el 70% de ellas son páramos, bosques, o laderas erosionadas, lo cual quiere decir que para cerca de 70.000 familias las tierras aptas para la producción no superan las dos hectáreas para cada una. Vale resaltar que un gran número de ellas están dedicadas al cultivo de café. UNIDAD CAFETRA se solidariza en la justa lucha por la recuperación de tierras, que libran las comunidades indígenas del Cauca para mejorar sus precarias condiciones de producción y para fortalecer su proyecto de autonomía NASA, y reivindica sus reclamos al gobierno nacional para el cumplimiento de los pactos acordados sin vacilaciones ni triquiñuelas.
Leída y aprobada en Asamblea Nacional realizada en Pereira el 12 de diciembre de 2005
AURELIO SUÁREZ MONTOYA
Presidente
JORGE GÓMEZ GALLEGO
Secretario
UNIDAD CAFETERA NACIONAL
Presidencia. Pereira, Calle 22 No. 11- 28. Telefax (096) 3344987
CARTA AL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
Pereira, diciembre 12 de 2005
Doctor
Antonio Hernández Gamarra
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
Bogotá
Señor Contralor:
Quinientos delegados de 120 municipios de Colombia, pertenecientes a UNIDAD CAFETERA y a la Unión Cafetera Colombiana reunidos en Asamblea Nacional, en la ciudad de Pereira hemos conocido en el día de hoy los hallazgos que el Informe Especial de Auditoría que la entidad a su cargo adelantó para el año 2004 al FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.
Deseamos manifestarle que existen asuntos realmente espinosos en ese Informe que desdicen del manejo que la Federación Nacional de Cafeteros le está dando a la administración de los recursos y bienes públicos que están bajo su cuidado para preservarlos e incrementarlos. No es cosa de menor cuantía lo acaecido con los dineros públicos invertidos en ACES y que según reza textualmente su Informe “se utilizaron para salvar a una empresa privada”. Es igualmente insólito que no se tenga certeza del monto real de los inventarios de café verde que son casi una tercera parte del patrimonio del FONDO y que, acorde con las importaciones de café hacia Colombia, parecen ser mucho menores de lo que se cree. Este punto debe ser esclarecido cuanto antes ya que la Federación emite títulos valores para conseguir capital de trabajo fundados en el aforo de ese patrimonio.
También, como algo que se ha vuelto costumbre, la Contraloría se ve precisada a hacer glosas sobre el modo como la Federación ha permitido de manera licenciosa usufructuar la marca JUAN VALDEZ, a una empresa privada de la que es socia. Esa marca no se ha registrado a nombre del FONDO, sigue a nombre de la Federación, ni tiene un avalúo de público conocimiento ya que, de acuerdo con su Informe, la Federación se empecina en no difundirlo, fundamentada en que el estudio correspondiente para tal fin fue pagado con sus recursos particulares. Tampoco se ha registrado contrato alguno de uso de ella ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Estos sucesos nos llevan a cuestionar el fenecimiento de la cuenta extendido por la Contraloría a la administración del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ por parte de la Federación Nacional de Cafeteros y, a la vez, solicitarle la constitución de una veeduría ciudadana que pueda conocer, vigilar y seguir el desarrollo de estos hechos ya que de su evolución depende que no se extinga esta propiedad pública que según los conceptos de parafiscalidad deben aplicarse al ingreso del caficultor y es realmente lo único con que cuentan medio millón de familias rurales para no quedar en la inopia.
Cordial saludo,
AURELIO SUÁREZ MONTOYA
Presidente Unión Cafetera Colombiana.
Personería Jurídica xxxx del ministerio de Agricultura.