Ante la inminencia del debate electoral que se avecina, en el que se designarán viejos y tal vez nuevos parlamentarios, nuestra organización debe asumir responsablemente el análisis de la situación y al tiempo cumplir las claras orientaciones de la Primera Convención Nacional para orientar la actitud política de los contadores públicos para tal evento.
Los contadores públicos hemos depositado nuestra confianza en el parlamento como instrumento democrático para reivindicar nuestros derechos, entre otros uno que puede sonar paradójico, el derecho al trabajo en nuestro propio país, porque los lugares han sido monopolizados por grandes firmas multinacionales de auditoría, hoy altamente cuestionadas por sus prácticas corruptas, derivadas de la falta de independencia a nivel mundial, como es conocido en los casos de Enron, Tycon, ITT, Global Crossing, Grupo Banesto en España, sector de la construcción en Alemania, e incluso en Colombia por sus acciones en el Forec, la Empresa de Teléfonos de Bogotá, el Banco Industrial Colombiano, el Banco del Pacífico, y posteriormente por la quiebra de la banca estatal, todo ello por la improcedencia de las técnicas de auditoría como mecanismo de control organizacional. Precisamente eso es lo que actualmente se cuestiona, la eficacia, o mejor la ineficacia, del modelo de auditoría.
En el mundo se avanza a la institucionalización de sistemas integrales de control, así en la Unión Europea se establece la auditoría de sello verde, mientras el desprestigio de la auditoría se crece tan profundamente que se le maquilla como Auditoría Comprensiva o Integral, o se le rebautiza con la denominación Servicio de Seguridad Razonable, pero la ineficacia real del modelo no le permite salir de la crisis. Ese modelo degenerativo, como lo llamaría Imre Lakatos, es el reivindicado por las multinacionales en Colombia, un modelo decadente, obsoleto e inútil, fracasado en el mundo pero por su estandarización, permisivo de ejercicio profesional de bajo costo y elevada concentración de mercado. Cuando se hace referencia a bajo costo debe entenderse para las multinacionales no para sus clientes que pagan elevados precios reales.
En Colombia sabiamente nuestro legislador ha establecido un modelo de fiscalización integral, conocido como Revisoría Fiscal, vigente desde la década de 1930 y hoy modelo de reformas en otros países, sólo censurado en su propio lugar de origen. El gobierno hizo un gran esfuerzo para contemporizar el modelo y durante cuatro años con el auspicio de la Superintendencia de Sociedades realizó un proceso democrático para redactar un proyecto, desconocido por el gobierno Pastrana, haciendo necesario que los gremios profesionales lo impulsaran por el mecanismo de iniciativa parlamentaria, en cuyo trámite actuaron diligentemente parlamentarios como Oscar Darío Pérez, Gabriel Zapata, Jaime Dussán, Elmer Arenas y Omar Yépez, permitiendo su trámite en dos debates de la Cámara de Representantes y uno más en el Senado de la República. Cuando solo faltaba el debate final apareció la oposición de las multinacionales, con tráfico de influencias abordaron a algunos parlamentarios apátridas que acogieron la posición de estas firmas expresada de manera directa o a través de los gremios de la producción, que desde luego agencian sus intereses, logrando que se confiara a una comisión accidental la suerte final del proyecto. De esta comisión accidental formaron parte Elmer Arenas, Jaime Dussán, Omar Yépez y Gabriel Zapata, quienes se abstuvieron de suscribir el documento final que si lo fue por los apátridas testaferros de las multinacionales, Rodrigo Rivera Salazar, Carlos Arturo Angel, Manuel Guillermo Infante, Luis Fernando Londoño Capurro, Juan Martín Caicedo Ferrer y Enrique Gómez Hurtado. Contadores públicos, estudiantes de Contaduría Pública no olviden estos nombres, son los enemigos de la profesión y los intereses nacionales, su voto no debe contribuir a su continuidad, porque ésta se opone a los colombianos, está comprometida con los monopolios.
Quienes suscribieron el documento de la comisión accidental consideran violatorio de la constitución política el derecho al trabajo de los contadores colombianos y recomendaron que la revisoría fiscal fuera ejercida por otras profesiones, manifestaron inconveniente que se recordaran las funciones de los revisores fiscales, violadas permanentemente por un ejercicio negligente de las multinacionales de auditoría, dado que en el proyecto no hay ninguna función nueva e intentaron desprestigiar el proyecto calificándolo de obstáculo para la inversión y costoso para las empresas. Debe recordarse que la cobertura de la revisoría fiscal legal, es ejercida por las multinacionales por medio de múltiples contratos de auditorías especializadas, lo cual hace más costoso el control y que las verdaderas barreras a la confianza de los inversionistas se determinan por la ineficacia de los modelos de auditoría que reivindican las mismas firmas, como se ratifica en el debate mundial contra ellas, que no es desarrollado por extremistas, lo es por la Comisión de Valores y Cambio, el Congreso de los Estados Unidos y los inversionistas estafados por la laxitud de las mejores prácticas de auditoría que carentes de independencia llegan hasta la violación de la ley.
Todos los integrantes de la profesión contable deben reflexionar su voto, recordar que Rodrigo Rivera Salazar, Carlos Arturo Angel, Manuel Guillermo Infante, Luis Fernando Londoño Capurro, Juan Martín Caicedo Ferrer y Enrique Gómez Hurtado son y serán enemigos de la profesión y de los intereses de los colombianos.
Yo ya lo he hecho, he reflexionado y analizado las propuestas de los distintos candidatos y encontré una que se identifica con los intereses nacionales, con nuestras formas de pensar y nuestros principios orientadores. Por ello respaldaré las listas de UNIDAD CÍVICA Y AGRARIA, que para el Senado de la República encabeza el arquitecto JORGE ROBLEDO CASTILLO. Invito a todos los miembros de la profesión a realizar este análisis y decidir su voto por quienes piensen como nosotros y compartan nuestros ideales de soberanía y lucha para no ser desplazados en nuestro propio país.
RAFAEL FRANCO RUIZ
Presidente
Febrero de 2002