Contexto nacional e internacional
El gobierno de Álvaro Uribe ha correspondido dócilmente a todos los lineamientos económicos, políticos y militares de su homólogo de Estados Unidos, no solamente en Colombia, sino que se convirtió en el más abyecto agente del imperialismo en esta parte del continente.
Para los colombianos el asunto es doblemente calamitoso. Se trata de enfrentar la embestida más feroz del imperialismo sobre los pueblos y naciones del mundo, para arrebatarles sus recursos naturales estratégicos, apoderarse de sus mercados, esclavizar a sus trabajadores y borrar cualquier sombra de soberanía; y a la vez oponernos a que el principal agente en la región pueda prolongar su periodo presidencial en una jugada de corte dictatorial, para la cual ha violentado la reglas de juego existentes y viene acomodando toda la superestructura del Estado.
La situación de atraso y pobreza a la que ha sido conducida la nación en estos tres lustros de apertura económica y privatizaciones, será multiplicada por el golpe de gracia a nuestra soberanía que significa la firma del TLC o el ALCA. No queda aspecto de la vida nacional que no sea afectado por este acuerdo de sometimiento total al imperialismo gringo, que entierra cualquier posibilidad de desarrollo económico y de bienestar para nuestro pueblo. Mientras tanto se fortalece la producción norteamericana y se llenan los bolsillos de la oligarquía intermediaria y neoliberal.
El acentuamiento de la dominación económica, política y militar de Estados Unidos tiene por supuesto un alto componente de intervención militar. So pretexto de perseguir el tráfico de drogas y combatir el terrorismo en el mundo, Estados Unidos mantiene varios centenares de efectivos y mercenarios que operan en nuestro territorio, asesoran las fuerzas de seguridad e intervienen en los asuntos internos de la nación. Esta intervención sirve de marco al más aberrante recorte de la democracia burguesa. En la aplicación de esos planes antinarcóticos y contrainsurgentes se violan los más elementales derechos de los individuos y las comunidades. Con la llamada política de seguridad democrática y la imposición del Estado comunitario se implementan toda clase de arbitrariedades contra la población con el propósito de apagar su resistencia al imperialismo y a las formas autoritarias del gobierno.
La carrera por la reelección ha conducido afanosamente a adelantar negociaciones con las autodefensas, que hasta los parlamentarios uribistas las califican de peligrosa para la democracia, por contemplar impunidad y ausencia de reparación a las víctimas y no garantizar el desmonte de unas organizaciones armadas de derecha que públicamente se han comprometido con la reelección de Uribe.
El aniquilamiento del movimiento sindical y el arrasamiento de los derechos laborales
No existe neoliberalismo sin mano de obra barata, y esta no se puede abaratar sin aniquilar el movimiento sindical o, en su defecto, convertirlo en colaboracionista. Desde la promulgación de la Ley 50 de 1990 y la Constitución de 1991, el ordenamiento jurídico del país se ha estado adecuado para implementar este modelo. Medidas como las reformas laborales, de seguridad social y pensional, tributarias, de educación, de servicios públicos, la reestructuración del Estado, las privatizaciones, entre otras, apuntan a rebajar la calidad de vida de la población por la vía de abaratar la mano de obra y eliminar las obligaciones sociales del Estado.
El objetivo de la globalización neoliberal es acabar la relación laboral y para ello recurre al raponazo burdo o a medidas intermedias y soterradas que conduzcan a lo mismo, como las cooperativas de trabajo, el contrato sindical, la compra de acciones o democratización de las empresas, la subcontratación, los talleres satélites, las famiempresas, entre otras. Todas estas formas implican la desaparición no solo del contrato individual de trabajo sino también de la negociación colectiva, para imponer en su reemplazo el trabajo a destajo o por tareas y el contrato de servicios. Las cifras son reveladoras. De una población económicamente activa de 18 millones, 11 millones son informales. De los 7 millones de empleos formales, solamente 3.9 tienen contrato de trabajo a término indefinido y de ellos, solamente 63 mil pudieron acceder a la negociación colectiva en el 2004. La población sindicalizada no alcanza el millón de personas. Adicionalmente las cifras de pobreza del país completan el desolador panorama que deja la aplicación del modelo en materia de niveles de vida: 23 millones de pobres y 6 millones de indigentes.
Los factores de violencia agravan mucho más la situación. Solamente de la CUT han sido asesinados cerca de 300 dirigentes y activistas sindicales en los últimos tres años, asunto que por sí solo ilustra la ausencia de garantías democráticas y libertades sindicales. Hay regiones del país donde el reinado del terror ha proscrito cualquier expresión organizada de los trabajadores.
Ante semejantes tropelías de los gobiernos, los patronos y los grupos de extrema derecha, las medidas de la OIT contra el gobierno colombiano han sido inocuas, por decir, lo menos.
La unidad y la resistencia son el único camino
A la ofensiva neoliberal, los trabajadores colombianos han respondido con grandes manifestaciones de lucha y resistencia, e impulsado nuevas formas de aglutinamiento de los movimientos sociales y populares, como el Comando Nacional Unitario, la Gran Coalición Democrática, las organizaciones de usuarios de los servicios públicos, el Comité de Lucha Contra el ALCA y TLC –Recalca–, en fin, lo que sigue prevaleciendo es el espíritu de lucha y de defensa de la nación ante la agresión imperialista. Tal comportamiento se ha logrado en franca controversia contra posiciones de vacilación e inconsecuencia que eluden la confrontación y se dejan entrampar por la invitación a lo propositivo y concertado. De esas posturas resultó el pacto social, las cooperativas de trabajo asociado, el contrato sindical, la conversión de las deudas laborales en acciones de las empresas, entre otras. El tiempo se ha encargado de mostrar que esas propuestas conducen inevitablemente al abaratamiento de la mano de obra y a la pérdida del carácter reivindicativo de los sindicatos, que es su condición connatural.
Por fortuna, las sublevaciones contra tan oprobiosas condiciones de explotación empiezan a brotar. Los corteros de caña, los palmicultores, los portuarios, las madres comunitarias, han realizado huelgas, paros, bloqueos, marchas, contra tales formas de contratación. Ese es el camino que ha de seguir el movimiento sindical para recobrar los derechos conculcados por el modelo neoliberal.
Vientos de unidad
La experiencia acumulada en más de una década de lucha contra el modelo y la derrota propinada el año pasado al referendo uribista, han estimulado la búsqueda de unidad de los oprimidos, inicialmente para defender sus derechos más elementales y luego en el afán de concretar una propuesta de largo aliento que permita recobrar la soberanía y la democracia conculcadas. Nos referimos al CNU, la GCD y Alternativa Democrática –esta última con la candidatura de Carlos Gaviria Díaz a la Presidencia, como la más confiable carta de oposición a la reelección uribista y al continuismo.
La concreción de pronunciamientos y movilizaciones de distintos sectores sociales y productivos contra el TLC y el ALCA, la unánime condena a la ley 100 en la salud y la proyección de un gran movimiento por su derogatoria, así como el rechazo cada vez mayor a la ley 142 en los servicios públicos domiciliarios, propician un clima inigualable de unidad contra el imperialismo, sus políticas y sus agentes en Colombia.
El actual desarrollo de la lucha por la soberanía y la democracia, nos reclama los más grandes esfuerzos por la unidad de los trabajadores y la población. Nuestra corriente sindical se empeñará en cristalizar tan anhelado objetivo, en el entendido de que la unidad del movimiento sindical es prerrequisito para librar con éxito las batallas que demandan la independencia del país y la emancipación de nuestra clase. Reclamamos de las demás opiniones y corrientes del movimiento sindical colombiano un ambiente democrático para debatir y dirimir las contradicciones que se presentan frente a su conducción.
Es el espíritu que anima este evento del movimiento sindical y cuyo plan de trabajo se halla enrutado a coordinar nuestras fuerzas en todo el país y a fortalecer esta propuesta sindical y política. Esperamos así contribuir de manera más efectiva a la lucha por impedir la firma del TLC, derrotar la reelección, recobrar los derechos de asociación y contratación, lograr una salida política negociada al conflicto interno, propiciar acuerdos humanitarios, presionar una real ley de verdad, justicia y reparación y contener la imposición del Estado comunitario y la seguridad democrática que conducen aceleradamente el país hacia el fascismo.
Miguel A. Caro, Gloria I. Ramírez, Alfonso Velásquez, Domingo Tovar, Tarsicio Rivera, Orlando Ospina, Álvaro Morales, Diógenes Orjuela, Gustavo Triana.