Ante la aprobación del proyecto de ley 120 por absoluta unanimidad en el Senado de la República y por absoluta mayoría y a pupitrazo limpio, por parte de la Cámara, en la madrugada del 14 de noviembre, la Junta Nacional de FECODE reunida en ese día para hacer el respectivo balance, fue el escenario en el cual se decantaron radicalmente dos posiciones en torno al mencionado proyecto. De una parte, los que consideran, contra toda la realidad de su articulado y contenido, que “No obstante…el proyecto inicial presentado por el gobierno, fue objeto de importantes modificaciones favorables, que no se pueden desconocer, que desvirtuaron en algunos casos y atenuaron en otros, la avalancha neoliberal que pretendía imponerse”. Que “El intercambio permanente con los ponentes … fue de mucha importancia para consolidar los avances señalados”; y que “Si bien unas modificaciones en el proceso de los ascensos en el escalafón, éste se preservó, se liberó del requisito del concurso, reconociendo su permanencia y financiación. También debe reconocerse que se frenó el paso a la privatización laboral de los docentes”; para rematar, en un arrebato de candidez o cinismo que “… y debemos prepararnos para luchar y concertar un verdadero estatuto de profesionalización que dignifique la profesión docente de cara al país” olvidando interesadamente con qué clase de gobierno y con cuál política nos estamos enfrentando; y los que consideramos que el proyecto de ley 120, fue aprobado conteniendo en esencia toda la política del gobierno y del FMI, posición que resumimos en la declaración adjunta. Las dos posiciones fueron sometidas a consideración de la Junta Nacional y la votación final arrojó un resultado de 35 votos por la primera posición y 31 votos por la nuestra, en virtud de los cual, la dejamos como constancia para el inevitable debate que se viene en el próximo año en torno a las graves implicaciones para la educación pública y los derechos de los maestros contenidos en esta ley.
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DECLARACIÓN (CONSTANCIA)
ANTE LA JUNTA NACIONAL DE FECODE EN TORNO
A LA APROBACIÓN POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DEL PROYECTO DE LEY 120
Bogotá, diciembre 14 de 2001
El día 5 de diciembre fue aprobado en primer debate en las sesiones conjuntas de las Comisiones Terceras de Senado y Cámara el proyecto de ley 120 presentado por el gobierno como reglamentario del Acto Legislativo 01 de 2001. En dichas comisiones el proyecto fue aprobado por unanimidad, con lo cual, quedó allanado el camino para que el tránsito en las sesiones plenarias de Cámara y Senado transcurriera sin traumatismos mayores. En efecto, en la madrugada del 14 de diciembre, la plenaria del Senado aprobó el proyecto por absoluta unanimidad y la de la Cámara, después de un largo receso donde supuestamente estaban conciliando posiciones, terminó aprobando a ciegas, por orden del gobierno y a pupitrazo limpio, lo que había aprobado el Senado. El contenido de todos los artículos del proyecto es responsabilidad del gobierno y del Congreso; y por tanto, a pesar de todo lo que se ha especulado y difundido con malévolo interés por parte de algunos parlamentarios y del propio gobierno, no compromete a la Federación Colombiana de Educadores, en primer lugar, porque no fue producto de un proceso de negociación con FECODE, y en segundo lugar, porque en su contenido, se refleja la decisión del Fondo Monetario, el Banco Mundial y el gobierno de Pastrana de arrasar con la educación pública y con los derechos laborales de los maestros.
Desde el 9 de octubre elaboramos el documento “Criterios de FECODE en relación con la reglamentación del Acto Legislativo” dirigido a las comisiones de ponentes, planteamos nuestra posición en relación con 1) el tema de la de unidad de materia en la ley; 2) el problema de las competencias de cada uno de los entes territoriales; 3) situación de financiación de la educación; 4) la incorporación a las plantas de personal de todos los docentes y administrativos; 5) nuestra oposición cerrada a la plantelización y a la privatización de la educación y, 6) nuestro rechazo al otorgamiento de facultades extraordinarias al gobierno de Pastrana. En posteriores documentos, desarrollamos estas ideas, llegando a producir proyectos de articulado con exhaustiva sustentación sobre cada uno de los temas, que, a pesar de ello, no fueron tenidos en cuenta, ni por los ponentes, ni por el gobierno.
A pesar de nuestras solicitudes e insistencias, la ley fue aprobada a gusto y medida de la alianza gobierno pastranista-congreso, que agenciando las políticas del FMI, lograron por fin, materializar en ella su objetivo de privatización de la educación, desmonte de la educación pública y arrasamiento de los derechos laborales de los maestros, expuesta desde el Plan de Desarrollo, derrotado como resultado de la demanda y demás acciones del magisterio y, hoy, impuesta finalmente con el Acto Legislativo 01 de 2001.
En efecto, esta ley viola flagrantemente principios elementales de la constitución nacional como el de la unidad de materia, al pretender desarrollar toda una contrarreforma educativa bajo el pretexto de una ley de competencias y recursos; disminuye los recursos para la educación en más de 180.000 millones de pesos en relación con los valores estipulados para el sector educativo en el Acto legislativo Nro. 01 de 2001 y entroniza un esquema organizativo en virtud del cual, la Nación asume para sí las funciones claves de dirección y control de toda la política educativa, descargando en los quebrados entes territoriales la responsabilidad por la expansión de la cobertura escolar y los procesos de calidad de la educación, contraviniendo abiertamente el principio de la concurrencia, en virtud del cual, la Nación debería contribuir al financiamiento de las crecientes necesidades del sector educativo.
Como si esto fuera poco, asegura para la Nación unas facultades discrecionales de intervención desmedida en los asuntos de las entidades territoriales a las cuales, en un momento dado, les puede nombrar una administración temporal ad-hoc para todo lo relacionado con la educación; cambia la obligatoriedad de la Nación de la financiación de la oferta educativa por la de subsidio a la demanda y el pago por capitación lo cual conduce inevitablemente a la privatización de la educación y a que se les aumenten los costos educativos a los padres de familia y establece una municipalización a ultranza de la educación, como mecanismo de escape para las obligaciones financieras de la Nación en materia educativa y para desvertebrar por completo el sistema educativo nacional.
Fuera de lo anterior, le da vía libre a los procesos de privatización de la educación, al permitir que este servicio se pueda contratar con entidades privadas y no estatales, en desmedro de la obligación de la Nación de mantener, financiar e incrementar un sistema público de educación; redefine el carácter y las funciones de la instituciones educativas y el papel de los rectores, con el fin de avanzar en la conversión de los colegios en Empresas del Estado con autonomía financiera, administrativa y laboral.
En materia laboral, es donde la ley muestra su mejor trofeo: establece un régimen de traslados discrecionales para los docentes que rompe con los más mínimos principios de la estabilidad laboral; eleva a norma legal la congelación de la nómina y con ella la imposibilidad de atender adecuadamente las necesidades de cobertura educativa en el país; eriza de tal cantidad de requisitos y limitaciones al escalafón nacional de los docentes que lo hace prácticamente imposible y congela los ascensos, en un compendio siniestro para el magisterio, de toda la política de racionalización y flexibilización laboral que el gobierno pastranista ha venido aplicando.
En lo atinente a las plantas de personal, ni siquiera cumple con el mandato del Acto Legislativo de incorporar a todos los docentes, directivos docentes y administrativos que se encontraban vinculados a 1° de noviembre de 2000, pues deja por fuera a todos aquellos que se encontraban vinculados por otras formas de contratación diferentes a las de las OPS, las cuales a su vez, son reglamentadas y delimitadas, en un claro intento de recortar las plantas de personal que se entregan a las entidades territoriales. Para remate, la ley, arrasa por completo con los derechos laborales y la estabilidad de supervisores y directores de núcleo, a los cuales les establece disposiciones para una irremediable agonía laboral y para una supresión paulatina de sus cargos y su régimen laboral docente.
Además, la ley en muchos de sus artículos, de manera subrepticia, otorga facultades extraordinarias al gobierno, casi todas ellas a manera de un cheque en blanco contra los maestros, las cuales remata con el artículo 111, en el cual, entre otras, otorga facultades para que en seis meses se expida un nuevo estatuto docente que arrasando con el actual, le cambie el régimen laboral a los maestros que se vinculen a partir de la vigencia de esta ley, incluyendo a todos los que sean ubicados en los próximos dos años en las plantas provisionales de personal.
El acto legislativo 01 de 2001 y la ley recién aprobada que lo reglamenta, hacen parte de toda la ofensiva del imperialismo norteamericano y el neoliberalismo contra la nación, el pueblo y los trabajadores y complementan todo el recorte de las plantas de personal ordenado por la ley 617; las intervenciones a los quebrados entes territoriales a favor del capital financiero que estableció la ley 550; y el endurecimiento de la legislación laboral y del régimen disciplinario aprobado en la última reforma a la ley 200 de 1995.
Las anteriores razones son las que nos llevan a convocar al magisterio colombiano y a la comunidad educativa a condenar una vez más al gobierno de Pastrana, a desplegar desde ya la más decidida y prolongada resistencia contra la implementación de esta ley y a conquistar una reforma democrática de la educación pública, gratuita y obligatoria, sustentada en una adecuada financiación de la educación por parte del estado y que impida su privatización y salvaguarde los derechos laborales de los maestros colombianos; a la vez que nos aprestamos para enfrentar la batalla por la defensa del Régimen Pensional Especial en el primer semestre del próximo año.
PARTIDO COMUNISTA-MAESTROS UNITARIOS: Gloria Ramírez.
TRIBUNA MAGISTERIAL: Raúl Arroyave, Álvaro Morales, Alberto Villalobos.
DIGNIDAD EDUCATIVA: Amanda Rincón
COLECTIVO -GUILLERMO MARIN-: Tarsicio Rivera
-NUEVA OPCIÓN-: Tarsicio Mora
RENOVACIÓN MAGISTERIAL: Henry Sarabia