Reitero en el análisis del sistema de salud, porque es el más sensible ejemplo de las infaustas consecuencias que han traído para el pueblo las políticas de privatización de sus derechos fundamentales. Que a los pacientes les sigan “bailando el indio” para una cita médica, las recetas estén “prefabricadas”, que no haya presupuesto para especialistas, procedimientos quirúrgicos o exámenes clínicos, y los muertos los siga poniendo el pueblo, quien a su vez aporta los recursos, son hechos que producirían hasta un levantamiento en cualquier otro país.
Los colombianos sufrimos el resultado de un sistema perverso que dejó en manos de los intermediarios financieros los dineros de la salud, al cual aporta el presupuesto General de la Nación en esta vigencia $11.8 billones y el restante lo ponen trabajadores y pensionados a través de descuentos directos de sus salarios. Los linces del capital han caído sobre este “botín” hasta el punto que en columna del pasado 24 de enero sostuve, refiriéndome a estadísticas del Centro de Estudio del Trabajo, Cedetrabajo, que “durante la vigencia de la Ley 100, las EPS han crecido 176 veces en su patrimonio, estimado en 2009 en $767 billones con una utilidad neta de $495 billones”, es decir, el 64,5% o sea que por cada peso han ganado 64 pesos con cincuenta centavos.
Recientemente el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo informó que “el ministro de la Protección Social pidió investigar las cuentas de Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca por una sobrefacturación que llega a los $825 mil millones” y señaló: “que el ministerio hubiera llevado el caso ante la Contraloría y las Superintendencias de Salud y de Industria y Comercio prueba la gravedad de lo ocurrido. Y no es para menos, porque el estudio de la Universidad Nacional muestra que en 2009 estas tres EPS gastaron, en promedio, $171 mil más en medicamentos por afiliado que el resto de las EPS”.
Pero además, Robledo hace otra denuncia sobre un mecanismo con el cual todas las EPS pueden capturar los recursos y convertirlos en dineros para su patrimonio: “el 11 de enero de 2010, la Superintendencia Nacional de Salud le ordenó a la EPS Saludcoop devolver al sistema de salud $318 mil millones que había invertido en activos fijos y otros gastos, entre los que se destacan remodelación de clínicas y adquisición de software. Y le prohibió pagar $300 mil millones de sus pasivos financieros con los aportes que hacen los colombianos al sistema. La orden se fundamentó en las normas y en abundante jurisprudencia que le prohíben a las EPS usar los recursos públicos del sistema de salud para incrementar su patrimonio privado. La Superintendencia confirmó su decisión en dos oportunidades, la última de ellas el 5 de agosto de 2010. Pero con el nuevo gobierno, el pasado 2 de febrero, el Supersalud, Conrado Adolfo Gómez, revocó las órdenes.”
Aquí el problema no es qué tipo de EPS realiza la operación, sino que son todas las EPS las que lo podrían hacer, por lo cual estas entidades privadas terminarían acrecentando sus recursos, vía patrimonio, con los presupuestos de la salud de los colombianos. Es necesaria una revisión contable a las EPS sobre el patrimonio inicial con que se crearon y el que registran actualmente con lo cual se demuestra con su incremento patrimonial con cuantos recursos de la salud se han quedado, convertidos en fuente de su exorbitante crecimiento, mientras la población sigue muriendo, víctima del negocio y mercantilización de este derecho fundamental.
Robledo intenta desde el Senado hacer un debate sobre el manejo de los recursos y el nefasto sistema de salud, sostenido en el marco jurídico de la ley 100 de 1993, pero en forma inaudita las mayorías del Senado, conformadas por la Unidad Nacional, han venido impidiendo la citación al Ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, lo que prueba la posición de tolerancia con la intermediación financiera y el modelo económico neoliberal.