Aurelio Suárez Montoya, febrero 24 de 2003.
Los senadores Hugo Serrano, Alba Esther Ramírez y Jorge Enrique Robledo denunciaron una negociación atentatoria contra el patrimonio público por parte del gobierno colombiano a favor de la compañía norteamericana Chevron-Texaco. Consiste en prorrogar hasta 2016 el actual contrato, que vence en diciembre de 2004, de la explotación de gas natural de los yacimientos de Chuchupa en la Guajira.
Las inversiones nacionales para el diseño, fabricación, transporte e instalación de lo que se denomina Plataforma B; esto es, para el equipo que opera la explotación del yacimiento, valen 336,9 millones de dólares y ECOPETROL tiene un compromiso adquirido, que corre desde 1996, con la Chevron para el pago de esta suma hasta 2016; es decir, ya abonó una parte de la obligación. Con lo suscrito hasta ahora, Colombia recibe la mitad del producido y la firma asociada la otra mitad.
A partir de 2004, al expirar lo pactado, el país recibiría el 100% de los ingresos, con una porción de ellos cancelaría el saldo pendiente y lo demás iría a robustecer las debilitadas finanzas de la Nación. La operación más rentable, desde finales de 2004, está garantizada dado que los estudios de demanda demuestran que existe un potencial mayor para satisfacer, incluyendo la posible exportación del combustible. Esa expansión implicaría la apertura de tres pozos más, que vale 40 millones de dólares, y en el año 2007 una ampliación estimada en otros 100 millones. Todo esto reportaría, entre 2005 y 2016, entradas por 900 millones de dólares con una rentabilidad, calculada en esa misma divisa, del 18%. ¡Un potosí! En cuentas largas, prorrogar el contrato significa meterle al bolsillo a Chevron-Texaco no menos de 350 millones de dólares más, a los que no tiene derecho en el marco del actual contrato, y que deja de percibir el país. ¿Será que Chevron quiere la prórroga para perder plata?
Esta historia no es nueva ni tampoco los protagonistas. El ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, fue el viceministro coordinador de la negociación que ferió a Carbocol en el gobierno de Pastrana. Los debates en el Senado al respecto lo dejaron en evidencia y la Contraloría General, en la revista Economía Colombiana de abril de 2001, titulado, “Carbocol: en los ochentas negocio de los acreedores, hoy de los compradores”, cuestionó: “¿Evaluó la Nación la posibilidad de mantener el proyecto hasta que se terminara el contrato de asociación con INTERCOR y de entrar a administrar el 100% del mismo?”. Cabe hoy igual pregunta al ministro Mejía. La diferencia es que en Carbocol se favoreció a Exxon-Mobil y ahora a Chevron –Texaco, pero la constante en ambos casos y en ambos gobiernos es la sumisión y el entreguismo que se vuelven una adicción; la misma que prima desde cuando Roberto de Mares, en 1919, timó al país para favorecer a los Rockefeller, luego de obtener para sí prórrogas ilegales a la concesión en Barancabermeja, seguimos igual.
Y no puede mencionarse hoy en el planeta el tema energético sin referirse a su principal contradicción presente: la crisis norteamericana, catalogada por Bush como “la más grande desde 1970”. Una crisis que motiva la guerra contra Irak y la proyectada toma, a toda fuerza, de sus instalaciones petrolíferas, unas de las más importantes del mundo, en Basora. Estados Unidos gasta 135.000 millones de dólares al año importando combustibles, para 2022 tendrá que conseguir afuera dos de cada tres barriles de su consumo y hasta su industria siderúrgica “sufre” por los altos costos del gas para sus hornos. El de Chuchupa es uno de los más baratos del mundo, su explotación apenas cuesta 14 centavos de dólar por millar de pié cúbico, lo cual constituye una garantía adicional. Los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) serán más del 80% de la provisión de la energía mundial para 2020.
El Imperio no controla la ansiedad desesperada por atender sus problemas de fuentes de energía. No en vano el Estado Mayor gubernamental, incluyendo a Bush, viene de ese sector. La consejera de seguridad, Condolezza Rice, era miembro del directorio de Chevron-Texaco, una de las compañías emblema del conglomerado CityGroup. Las falencias energéticas las trata de solucionar o bien con gobiernos dóciles como el de Uribe y Mejía o, de lo contrario, con la anexión como en Irak o con la agresión como en Barrancabermeja donde se encarceló a diez trabajadores y se hirió a quince que protestaban precisamente contra la aberración contractual en Chuchupa, luego que el Ejército se tomara las instalaciones de la refinería. Es la “seguridad democrática” al servicio de Mr. Bush, Condolezza, Cheney y demás filibusteros contemporáneos del oro negro, desde Basora hasta Chuchupa.
Febrero 24 de 2003.