Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, diciembre 24 de 2002
No hay en los anales de la historia social de Colombia una agresión mayor al trabajo asalariado como la producida con la aprobación en el Congreso, por iniciativa del gobierno de Uribe Vélez, de las reformas, tributaria, laboral, de pensiones y de reestructuración del Estado. Su impacto será mayor que el de las leyes 50 y 100 en el primer Revolcón, donde Uribe ya había sentado antecedentes contra obreros y empleados. El principio en el cual se fundamenta, “el mercado laboral demanda más trabajo en tanto el salario sea menor” ni Adam Smith lo respalda. Con frecuencia, como en el libro X de “Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones”, recomendaba recibir con prevenciones las propuestas de los capitalistas por sólo consultar su “egoísmo”. Keynes refutó los postulados clásicos de mercado como explicación para el funcionamiento de las relaciones entre oferta y demanda de empleo. “El nivel de ocupación se crea a nivel de máxima ganancia”, prescribió.
Pero, además, la evidencia de los últimos años contradice las falacias de Juan Luis Londoño. Mientras el costo laboral por unidad producida en el total de la industria colombiana, entre 1.991 y 2000, bajó un 30%, (véase “Colombia Compite”, febrero 2001), el empleo industrial cayó un 20%. Y con la Ley 50, mientras en 1993 el desempleo era del 8%, ocho años más tarde es el doble. Además el fenómeno no es nacional, la CEPAL acaba de anunciar que en América Latina se presenta el más alto índice en muchos años. De tal modo que el aumento de la “empleabilidad” (sic), una palabreja inventada con la nueva reforma, no se conseguirá con la fórmula uribista de rebaja general de salarios. El neoliberalismo es el factor común del quebranto.
Pero no sólo se reducen las remuneraciones. Con la reforma tributaria se entra al bolsillo de los consumidores a través del IVA por más de 1.5 billones de pesos además de las cargas impuestas al sector agropecuario -en insumos y en actividades propias- que no recuperará. El alza del salario mínimo en 6% mientras el impuesto a los bienes de primera necesidad es del 7% no tiene justificación. Detrás del atropello, que propicia el despido de trabajadores antiguos y su reemplazo por aprendices por menos de la mitad del costo o una insólita jornada diurna hasta las diez de la noche u horarios según la conveniencia patronal, está, en el fondo, la decisión de ingresar al “modelo Importador”. Así puede llamarse al ATPA y al ALCA, un sistema donde los países pobres competirán entre sí por ensamblar o maquilar más barato las materias primas importadas para producir mercancías Made in USA a las que, “con generosidad”, se les dará arancel cero. Nada les interesa la demanda interna.
Y se sabe que la reforma fiscal, la de reestructuración del Estado, por la que se despedirán 40.000 funcionarios, y la de pensiones son exigidas por el FMI para extender el financiamiento del Estado por la vía única del endeudamiento. “Los mercados”, como llaman los neoliberales a “los especuladores”, se tranquilizarán porque el país les garantizará que habrá margen para pagar. Los más de 120 billones de pesos que ya se adeudan crecerán a costa de honrarlos con desigualdades sin precedentes. El aumento de edad, de cotización, de semanas cotizadas y el recorte del monto de la pensión y el traslado de parte de la nómina oficial al régimen de Ley 100 son dádivas a los fondos privados de pensiones, unos de nuestros principales acreedores. ¡Increíble!. El Acuerdo anterior con el FMI no se cumplió. La deuda total supera con creces el estimado del 43% del PIB y el déficit del gobierno fue, al final, el doble de lo previsto, el 4% del PIB, es la olla rota y raspada de marras, cuyo hueco primero es el servicio de la deuda. Y, aunque las fórmulas empleadas fracasaron, ello no es obstáculo para volverlas a aplicar con más rigor, es la lógica neoliberal. Lo que falte, como la congelación de salarios, pensiones y otras arandelas, correrá por cuenta del Referendo “contra la politiquería y la corrupción” donde el FMI metió la mano.
En las festividades de los pueblos de la región antioqueña es usual el desfile de comparsas donde está incluida “La familia Castañeda”, un núcleo muy numeroso alegórico a lo usual en estas tierras. No habrá en las miles de “familias Castañedas” de Colombia miembro alguno que no se afectará por el neoliberalismo a ultranza de Uribe. No faltará el abuelo con la pensión congelada o embolatada, ni la tía despedida del INCORA, de una Contraloría o de una Personería, ni el hermano mayor cuyo sueldo bajará al disminuir los recargos nocturnos y festivos, ni la hermana dependiente de comercio que laborará hasta las diez de la noche como de día, ni la otra que jamás coincidirá con las reuniones familiares porque su horario lo establece el patrón y la madre se verá incapaz de surtir en el mercado las mismas viandas de antes con menos dinero y con el costo adicional del IVA a la canasta. El gran consuelo es que el más joven, el aprendiz, entrará a trabajar a una maquila de confecciones, va a reemplazar a su padre que salió despedido de la misma aprovechando la rebaja en la tabla de despidos de los veteranos. ¿Quién se encarga de descomponer las familias en Colombia? He ahí el aguinaldo de Uribe y su séquito.