Al desmontar la función social del Estado, la política social del neoliberalismo adopta la modalidad denominada “subsidio a la demanda”. Como consecuencia de ello paulatinamente se han ido desmantelando, transformando o liquidando, aquellas entidades estatales que otrora ofrecieron servicios significativamente subsidiados a la población como garantía para que los ciudadanos ejercieran sus derechos sociales, o bien para fomentar el desarrollo de sectores importantes de la economía nacional mediante la subvención de asistencia técnica o financiera. Ejemplo de ello fueron la Red Pública Hospitalaria y las Instituciones Públicas de Educación, en un caso y en el otro, el Instituto Colombiano Agropecuario y la Caja de Crédito Agrario.
El otorgamiento de subsidios directos, específicos y temporales a los ciudadanos afectados por situaciones de exclusión, léase “los más pobres de los pobres”, pretende resolver de manera más eficaz la asignación de los recursos que el Estado destina a paliar las inicuas desigualdades que genera el modelo económico y a economizar recursos públicos, al focalizar la acción en los más necesitados, logrando así combinar la política social con el recorte del gasto. Los precios de los servicios los determina el mercado y son prestados preferiblemente por empresas privadas o por estatales privatizadas. Han sido el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional los encargados de promover la imposición de esta concepción desde la década anterior.
Los programas de asignación de dichos “subsidios” se constituyen en la política social del gobierno de turno, con importante rédito en materia electoral para el ejecutivo y sus conmilitones quienes intermedian en la selección de los beneficiarios de entre los elegibles, pues los recursos situados no son suficientes para atender la creciente demanda en un país en el cual la quiebra de la producción rural y urbana, con sus correspondientes resultados de ruina y desempleo, están al orden del día y la constante deslaboralización de las relaciones de trabajo, con el concomitante desmedro permanente en las condiciones de remuneración de los asalariados, empuja a importantes sectores hacia la pobreza y la indigencia. Lo último, justificado con la pretendida búsqueda de “competitividad” en el contexto de la globalización.
Con acierto, Alejandro Gaviria, en su columna de El Espectador del pasado 9 de enero, describe el sainete de los consejos comunitarios que recorren a lo largo y ancho la geografía nacional, acompañados por las cámaras de la televisión institucional, en los que el mesías-candidato-presidente y su corte palaciega entregan esas migajas a los favorecidos, que entusiasmados vitorean al benefactor y piden su reelección en medio del regocijo. Son pieza fundamental en su estrategia publicitaria y propagandística para mantener los inciertos índices de popularidad, o recuperarlos cuando caen en las encuestas que los medios de comunicación promueven y publicitan permanentemente. Ante la ausencia de políticas de desarrollo económico y social la “repartición de almojábanas” se convierte en un atractivo señuelo para pescar incautos y en un rentable negocio electoral.
El desparpajo de Uribe Vélez, que no se para en pelos para poner al servicio de la venta de su imagen mesiánica azares de fortuna o de desgracia, raya con el cinismo y la indolencia y ofenden a la inteligencia y la razón. ¿O cómo podemos calificar el espectáculo de la rueda de prensa organizada a la salida de la visita que hizo en la clínica al técnico Luis Fernando Montoya, victima de una desgracia en la que la carencia de medidas efectivas de seguridad ciudadana, que debe ser una de las garantías que el Estado le otorgue a los habitantes, lleva su cuota de responsabilidad en lo acontecido?
Adobado con su típico “bendito sea mi Dios”, exaltó la responsabilidad de la EPS, proclamó como de máxima excelencia científica al equipo médico encargado de su atención y termino por invocar la oración nacional para pedir el “milagro” que requiere la recuperación total de la salud del técnico en desgracia, prometiendo que el gobierno haría todo lo que fuere necesario para lograr este cometido, no sin antes afirmar que se usarían todos los recursos de que dispone la ciencia para la atención de estos casos. Paso seguido, se difundió profusamente la realización de un “trasplante de células madre”, en la médula espinal de Montoya, con el fin de lograr la regeneración de los tejidos nerviosos comprometidos en la lesión. Por fortuna, la comunidad científica nacional especializada salió a precisar los alcances -que son ningunos- de la caricaturezca intervención llevada a cabo por los galenos paisas y de esa manera desvanecer las falsas ilusiones que crearon en la conmovida población las notas de prensa.
¿Que vendrá después de las almojábanas y los milagros?
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