Bien se ha dicho que el referendo que se votará el próximo sábado 25 de octubre tiene preguntas carnada y preguntas anzuelo. Ya se sabe de fuente oficial, como lo es Planeación Nacional, que el gobierno piensa hacerse a un ahorro fiscal superior a los 20 billones de pesos del año 2003 al 2010 como producto de la congelación de salarios y pensiones del sector estatal, de la abolición de los regímenes especiales y de la eliminación de las contralorías territoriales; con los cuales apuntalaría el pago de la deuda pública para beneplácito del F.M.I.
Ahora, es bueno esclarecer el engaño que se le quiere hacer a los colombianos en el sentido de que con el referendo se aumentarían sustancialmente las partidas para la cobertura de la educación pública a través de dos vías: con los recursos que dejaría el cierre de la contralorías y con nuevas partidas de las regalías mineras; cuando el gobierno viene recortando las partidas para educación y salud públicas con el acto legislativo 01 de 2001 y la ley 715 de 2001.Veamos cuál es la realidad.
Al cerrarse las 67 contralorías municipales, distritales y departamentales quedarían sin sustento más de siete mil familias, el control fiscal se centralizaría en la Contraloría General dotándola de superpoderes peligrosos, más los recursos nuevos que requeriría; o, lo que es peor, se pasaría el control del Tesoro Público al sector privado. Este último seguramente lo ejercería una multinacional extranjera, al estilo de Artur Anderson, firma norteamericana famosa por haber tapado el mayor desfalco en la historia de Estados Unidos hace dos años, el de la Enron, que timó a cantidad de ahorradores de ese país por más de cien mil millones de dólares. Además, la Auditoría Nacional de la República, entidad oficial, hace poco informó que el costo de auditaje por hora, que en las contralorías actuales es de cerca de treinta mil pesos, pasaría a $102.857 que es lo que cobra una empresa privada grande, es decir, el triple.
En cuanto a las regalías se deben analizar tres elementos. En primer lugar la última ley de regalías recortó éstas del nivel del 20% de la producción de los yacimientos a un rango que comienza en el 8%, es decir el zarpazo a favor de las multinacionales es de más del 50%. Habrá menos dineros de regalías! En segundo lugar las regalías que se pretenden utilizar en educación, se vienen empleando ya en proyectos de minería, infraestructura, en medio ambiente y en energía para zonas no interconectadas, que en adelante se tendrían que hacer con recursos propios o se privatizarían. En tercer lugar, en el programa “revolución educativa” del gobierno de Uribe Vélez, se estipula que la ampliación de cobertura educativa con cargo a las regalías se haría contratando con los colegios privados. La conclusión es obvia: más privatización de la educación oficial.
Por lo tanto la posición más consecuente en defensa de la soberanía, el trabajo y la producción nacionales y de la educación y la salud públicas es con la abstención activa contra el referendo fiscalista y autoritario de Uribe y el F.M.I.
Santa Marta, DTCH, octubre 15 de 2003