El grave deterioro de la salud de los colombianos no para, como lo indican las informaciones de prensa todos los días. Lo mismo que las denuncias sobre desfalcos y corrupción tampoco cesan. Un grupo de reacción que conformó la Contraloría General de la Nación para hacerle seguimiento a miles de millones de pesos destinados al régimen subsidiado de salud reportó hallazgos fiscales por más de un billón de pesos de un total de 1.5 billones que se giraron en 2010. El mayor hueco se presentó en la Región Caribe con más de 553 mil millones de pesos que quedaron donde no debían, según informan los medios de comunicación de Barranquilla.
Los mayores faltantes se presentaron en municipios del Atlántico, en Soledad, 192 mil millones de pesos, y en Barranquilla, 111 mil millones de pesos, cuando estaba al mando el alcalde Alex Char, hoy flamante consejero presidencial para las regiones. El ente de control detectó en auditorías a algunas EPS que éstas utilizaron parte de los dineros para prestarlos a terceros. Lo que sigue es profundizar la investigación por parte de la Contraloría General y trasladar los hallazgos disciplinarios a la Procuraduría General y los penales a la Fiscalía de la Nación.
Contrasta esta condenable situación con el tratamiento que se le da a los hospitales públicos de la Costa, que en el caso del hospital Cari de Alta Complejidad de Barranquilla las EPS le adeudan a la fecha más de 43.000 millones de pesos, según denuncia formulada por su gerente Ramón Quintero. Otro tanto sucede con hospitales de segundo nivel que fueron intervenidos por la Superintendencia de Salud por la situación que les ha ocasionado la funesta ley 100 de 1993, como el Hospital La Candelaria de El Banco, Magdalena, y de Puerto Colombia, Atlántico, a cuyas plantas de personal de médicos, enfermeras y administrativos les adeudan más de medio año de salarios y prestaciones sociales. A pesar de que el gobierno creó el Fondo de Salvamento para las instituciones de salud intervenidas por la Superintendencia, aun la ministra de Salud, Beatriz Londoño, no firma la respectiva resolución para destinar 5.294 millones de pesos para el hospital de El Banco y 2.809 millones de pesos para el de Puerto Colombia con el fin de pagar los rubros atrasados
Además de lo anterior los más de tres mil usuarios de la Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico, entre ellos profesores, trabajadores y jubilados, sufren lo indecible por la pésima atención médica y de falta de medicamentos, lo cual los ha llevado a jornadas de movilización y plantones.
Sigue creciendo la audiencia en el país, desde la Corte Constitucional hasta los gremios médicos, asociaciones de investigación científica, sindicatos de trabajadores, pensionados, parlamentarios de oposición y usuarios en general exigiendo la abolición de la ley 100 y sus leyes modificatorias para darle paso a un nuevo sistema sin intermediarios y sin aseguramientos que le brinde el servicio de salud universal a todos los colombianos sin distingos y le respete los derechos a los trabajadores de la salud; para lo cual se hace necesario una movilización nacional sin precedentes que imponga la única salida correcta.
Gran Coalición Democrática, Polo Democrático Alternativo, Centrales Obreras, CUT, UTRAL-CGT, CTC, ADEA, ADEBA, UNEB, Mesa Amplia Local Estudiantil, Asociaciones de Pensionados, Comité de Comerciantes Estacionarios, Comité de Base de la Salud, Confluencia de Mujeres, Unión Sindical de Directivos Docentes (USDE)